Estados Unidos busca desmantelar la Corte Penal Internacional y pide a sus aliados abandonar el organismo
La campaña de Washington pretende frenar las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra atribuidos a fuerzas estadounidenses en Afganistán y a autoridades israelíes en Gaza.
La República en GoogleEl secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, lanzó una campaña diplomática para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal con sede en La Haya que procesa a individuos acusados de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. En un video publicado en X y un artículo de opinión en The Wall Street Journal, Rubio acusó a la institución de "librar una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional". El Departamento de Estado confirmó que la campaña buscará "deshabilitar de manera sistemática" la capacidad del organismo para operar o apuntar contra militares y funcionarios estadounidenses.
La ofensiva representa una escalada significativa frente a las tensiones previas entre la administración de Donald Trump y la CPI, creada en 2002. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, el tratado que instituyó el tribunal, al igual que Israel y Rusia.
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Washington presiona a aliados para abandonar la CPI
El plan del Departamento de Estado contempla que diplomáticos y embajadores estadounidenses contacten a sus contrapartes en todo el mundo para instarlas a retirarse del organismo y suspender cualquier aporte financiero al tribunal. La presión se dirige en especial a naciones que "colaboran con las fuerzas del orden estadounidenses, albergan presencia militar de Estados Unidos o se benefician del paraguas de seguridad de Washington", según indicó el funcionario.
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Las herramientas que evalúa la administración incluyen prohibiciones de viaje, revocación de visados y un aumento de las sanciones contra el personal de la CPI y las organizaciones que colaboran con ella. En su artículo en el Wall Street Journal, Rubio llegó más lejos al afirmar que el tribunal está "respaldado y dirigido por una poderosa red de organizaciones no gubernamentales de izquierda, globalistas arrogantes y gobiernos hostiles del Tercer Mundo unidos por su enemistad hacia Estados Unidos". Rubio prometió "desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo si es necesario".
Sanciones apuntan a jueces y funcionarios del tribunal
La administración Trump ya había impuesto durante 2025 sanciones a nueve miembros del personal de la corte, entre ellos el fiscal jefe Karim Khan, sus dos adjuntos y seis jueces, como respuesta a las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y por el gobierno israelí en Gaza. Esas medidas prohíben el ingreso de los sancionados a EE. UU. y bloquean cualquier transacción financiera o inmobiliaria bajo jurisdicción norteamericana.
El régimen de castigos se extendió también a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, y a tres organizaciones palestinas de derechos humanos que participaron en la recolección de pruebas. La CPI emitió en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y contra el presidente ruso Vladimir Putin, decisiones que agudizaron las fricciones con Washington.
UE, Japón y la ONU respaldan a la Corte Penal
La respuesta internacional no tardó. El portavoz comunitario de Exteriores de la Unión Europea, Anouar el Anouni, fue contundente: "Nuestra postura sigue siendo inalterable y muy clara: mantenemos nuestro firme apoyo a la Corte Penal Internacional y a los principios consagrados en el Estatuto de Roma". La Comisión Europea subrayó además que "los ataques o amenazas contra la Corte, sus funcionarios electos, su personal o quienes colaboran con ella son sencillamente inaceptables".
Japón también reafirmó su postura. El portavoz gubernamental Minoru Kihara señaló que el archipiélago "concede gran importancia a la erradicación y prevención de delitos graves, así como a la defensa del Estado de derecho", y dijo seguir "con preocupación" el anuncio estadounidense. Desde la ONU, el portavoz Stéphane Dujarric afirmó que la CPI "sigue siendo una pieza clave en el sistema de justicia internacional" y que "contribuye a que se rindan cuentas por los delitos más graves".
El choque se agrava por casos de Israel y Afganistán
Tres expertos legales internacionales rechazaron la interpretación de Rubio sobre las atribuciones del tribunal. Kenneth Roth, exdirector ejecutivo de Human Rights Watch, fue directo: "La CPI no reclama jurisdicción sobre la conducta en Estados Unidos. Rubio disfraza su búsqueda de impunidad para los crímenes de guerra estadounidenses con la etiqueta de soberanía nacional, lo cual ignora el derecho autónomo de otras naciones a invocar a la CPI por delitos perpetrados en su jurisdicción territorial". Roth añadió que "Trump quiere poder cometer crímenes de guerra en el territorio de países que han aceptado la jurisdicción del tribunal; de eso se trata".
Por su parte, Raed Jarrar, director de incidencia política de Dawn, alertó sobre el impacto global de la campaña: "El ataque de Rubio no solo pone de manifiesto la hipocresía estadounidense, sino que socava el acceso a la justicia en todo el mundo, desde Ucrania hasta Sudán. No es la CPI lo que Rubio está desmantelando, sino el orden internacional basado en normas que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial". Un exalto funcionario estadounidense especializado en sanciones, que habló bajo condición de anonimato, advirtió además que la campaña podría tener un alcance preventivo, orientado a frenar posibles investigaciones de la CPI sobre Venezuela u otros países.
