Fujimori propone rastrillaje de las FF.AA y la PNP en zonas fronterizas en medio de norma que blinda a los uniformados
Adicionalmente, precisó que planean “compartir información de inteligencia en Sudamérica y se implementarán juzgados de flagrancia en todo el país, donde el ratio de sentencia llega al 85-90%”.
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Keiko Fujimori anunció, durante una entrevista a un medio colombiano, que una de las medidas para combatir la inseguridad ciudadana durante su Gobierno será que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) realicen rastrillaje en zonas fronterizas. Esto, aun cuando el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que blinda a los uniformados, lo que evita que sean investigados por la justicia ordinaria.
Además, adelantó que realizarán modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.
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Tanto el rastrillaje como la modificación en el Código Penal son tan solo dos de las propuestas que Fujimori mencionó durante la referida entrevista. Adicionalmente, precisó que planean “compartir información de inteligencia en Sudamérica y se implementarán juzgados de flagrancia en todo el país, donde el ratio de sentencia llega al 85-90%”.
Blindaje a la PNP y FF. AA.
De aplicarse, el rastrillaje articulado entre las FF. AA. y la Policía se ejecutará, en caso de que sea promulgada, con el blindaje de la norma que ordena que el cuerpo policial y militar sea investigado en sus respectivos fueros, dejando de lado la justicia ordinaria.
En conversación con La República, el abogado Carlos Rivera, integrante del Instituto de Defensa Legal (IDL), alertó sobre el impacto del proyecto de ley: “La redacción de la modificatoria señala que el delito de función comprende toda conducta ilícita por acción u omisión. En realidad, se les está otorgando una amplitud que excede los límites establecidos para tipificar un hecho delictivo como delito de función. El objetivo es abarcar la mayor cantidad posible de hechos delictivos que, técnicamente, hoy no son considerados delitos de función, pero que a partir de esta norma podrían recibir esa denominación”.
Por otro lado, respecto a las posibles modificaciones al Código Procesal Penal, la última que se hizo fue mediante el Decreto Legislativo 1735 y el Decreto Legislativo 1708, que amplían los plazos de detención (hasta 15 días en crimen organizado) y autorizan el levantamiento del secreto de las comunicaciones en delitos de extorsión en menos de 24 horas.
Referencias de Trump, Bukele y Noboa
Sumado a ello, tomando como referencia los gobiernos de Donald Trump, Nayib Bukele y Daniel Noboa, Fujimori sumó algunas propuestas más.
Una de ellas es ser parte del Escudo de las Américas, una alianza regional de seguridad impulsada por el gobierno de Trump, orientada a combatir el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración irregular.
A su vez, añadió que se permitirá el apoyo de EE. UU. “hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan”.
Tomando como ejemplo a Bukele, comunicó que proyectan la construcción de “al menos cuatro cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avezados y peligrosos”. Para esto, convocarán a licitaciones internacionales. “En El Salvador se construyeron en ocho meses, acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido. Es algo en lo que vamos a pedir colaboración para que los países con mayor experiencia puedan ayudarnos”, dijo.
No basta con ‘bukelizar’ la seguridad, sino contextualizar las estrategias
Al respecto, el internacionalista y docente de la PUCP Ramiro Escobar coincide en que Fujimori deberá evaluar si las estrategias de Noboa han tenido resultados, pues la criminalidad sigue "disparada" en Ecuador.
"La política de mano dura, de militarizar las cárceles o, de alguna manera, ‘bukelizar’ las políticas contra la criminalidad en Ecuador y en cualquier otro país no resultaría factible en Perú por una razón fundamental y es que cada país tiene una situación distinta", manifestó a La República.
Mencionó que en el caso de El Salvador se trata de un país pequeño que, principalmente, se enfrenta a Las Maras. En cambio, en Ecuador y en Perú la criminalidad tiene varias expresiones: el narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, por lo que "trasplantar" una experiencia como la de Bukele al Perú o al Ecuador sería un "desacierto, una falta de información y entendimiento".
Lo que sí tendría sentido, sostuvo, sería establecer una cooperación fronteriza con Ecuador porque, en algunos casos, ambos países tienen la presencia de las mismas redes criminales.























