Con cámaras ocultas e infiltrados detectan a policías corruptos

“Si un Policía traiciona a la institución y cruza la línea, deja de ser policía y se convierte en un delincuente más y hay que tratarlo como tal”, dice con firmeza el inspector general de la Policía Nacional, el teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti.

La misión, indica, es detectar y perseguir a los uniformados que utilizan su cargo para dañar a la sociedad (las llamadas 'manzanas podridas'). A su juicio, la clave para que la ciudadanía recupere la confianza en la Policía Nacional es la transparencia radical, la depuración activa de malos elementos y el fortalecimiento de la ética institucional.

El teniente general Augusto Ríos confirmó a La República que, en lo que va del año, se han formulado 595 notas de contrainteligencia. Estas acciones fueron ejecutadas por la Inspectoría General y han permitido identificar y sancionar drásticamente a 530 efectivos que hicieron un uso inadecuado de las redes sociales.

Las notas de contrainteligencia buscan frenar la exposición de la imagen institucional en plataformas digitales, afirma el oficial. La Inspectoría General de la PNP aplica esta medida como parte de un 'control activo' para detectar infracciones disciplinarias y actos de corrupción, evitando que se presenten denuncias formales por parte de la ciudadanía.

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Uno de estos casos fue el de los 9 policías capturados en Vitarte. “Desarrollamos acciones de contrainteligencia, detectamos conducta disfuncional, por parte de un oficial y 8 efectivos de la comisaria de Vitarte que hacían operaciones policiales prohibidas”, explica.

“Con el apoyo de drones y cámaras registramos las actitudes criminales de estos malos policías, y como nosotros estamos preocupados por limpiar la casa, actuamos. Aquí la Policía Nacional deslinda con cualquier acto de corrupción y cualquier posible delito y con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) iniciamos los respectivos expedientes”, precisa.

El caso más reciente lo protagonizó el alférez PNP Diego García Cueto, señalado como presunto líder, así como los suboficiales Vidal Guardamino, Johanny Vera, Jorge Meneses, Víctor Romero, Lishner Huamán, Giovani Cruz, Fredy Flores y Carlos López.

También está comprendido el comisario de Vitarte, el comandante José Velásquez.

Se les ha iniciado un proceso por infracción muy grave luego de una investigación que podría derivar en el pase al retiro de los implicados. Este miércoles, los 9 policías cumplen una orden de 12 meses de prisión preventiva por exigir coimas a choferes en la Carretera Central para no imponerles papeletas de tránsito.

Los operativos en todo el país

Hasta 2025 había expedientes dispersos, hojas de cálculo, retraso y mucho trabajo manual. Recién este año la Inspectoría General ha modernizado el procedimiento administrativo disciplinario con expedientes 100% digitalizados, trazabilidad completa, alertas automáticas y control en tiempo real.

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“El mensaje es claro para quienes usan el uniforme para delinquir, traicionan a la institución, a sus compañeros y al país. No habrá protección, no habrá privilegios, no habrá impunidad parece ser la consigna”, señala el inspector general de la PNP.

“La Policía no defiende a corruptos, los investiga, los captura y los pone ante la justicia”, afirma la autoridad.

Este año, la PNP ha desplegado inspecciones, operativos y acciones de control en diferentes lugares del país.

“Una institución fuerte no es la que oculta sus problemas, sino la que las enfrenta con decisión. Así como actuamos contra quienes manchan el uniforme también reconocemos a policías que cumplen su deber con honor, disciplina y vocación”, añade el alto oficial.

Hace una semana, el Poder Judicial dispuso nueve meses de prisión preventiva para cuatro policías involucrados en un presunto acto de concusión en Lima. El juzgado consideró que existían graves y fundados elementos de convicción respecto a la actuación de los agentes, quienes, según la investigación, intervinieron arbitrariamente a un conductor el 23 de junio de 2026. Le exigieron un pago de S/50 para no iniciar acciones policiales en su contra.

La víctima hizo la transferencia del dinero requerido a una cuenta vinculada con un presunto nexo financiero de la organización, lo que motivó la denuncia formal.

El año pasado, 4.188 policías fueron sancionados por faltas y delitos, incluidos 570 por corrupción.

Además, a 594 efectivos se les aplicaron medidas preventivas —como separación temporal del cargo— y otros 27 fueron apartados definitivamente de la institución.

Actualmente, la Inspectoría General tiene 22.000 procesos de investigación contra malos policías. En agosto del año pasado, nueve efectivos, entre ellos el exjefe del Escuadrón Verde, coronel Walter Palomino, fueron detenidos por presuntamente integrar una red criminal que operaba dentro de la institución policial. Según la investigación fiscal, el grupo denominado 'Los Incorregibles de San Juan de Miraflores' sembraba drogas, armas y simulaba operativos para extorsionar a personas inocentes.

Para mantener la disciplina, la iniciativa de la Inspectoría General se suma a otras acciones de control, como la búsqueda constante de señales de inconducta funcional y corrupción en todos los grados.

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Y se aplica en todos los campos la tolerancia cero al llamado 'espíritu de cuerpo', que no debe confundirse con la complicidad, para procesar a quienes vulneran la ética policial.

Sanciones son drásticas e inmediatas

La política de 'tolerancia cero' contra los policías corruptos ha sido endurecida radicalmente este año por el Alto Mando de la PNP y el propio ministerio, con la aplicación de controles disciplinarios estrictos, sanciones drásticas a oficiales y suboficiales implicados en actos de corrupción y el pase al retiro para renovar la institución.

El ministro del Interior, José Zapata, ha explicado que, ante los últimos casos de corrupción, el comando de la PNP ordenó que los generales refuercen el control disciplinario sobre los subordinados, con sanciones inmediatas para no tolerar conductas que afecten el honor institucional.

La medida se enmarca en la reorganización institucional del sector, orientada a separar a los malos elementos y fortalecer la confianza de la ciudadanía.