¿Qué está pasando en Bolivia?: Las claves para entender las protestas y bloqueos de la llamada “insurrección popular”
Bolivia acumula más de dos semanas de bloqueos y protestas que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz. La escasez de combustible, alimentos y medicamentos aumenta la presión sobre un país golpeado por la inflación y la falta de dólares.
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Bolivia atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más profundas en décadas. La Paz, sede del Ejecutivo y el Legislativo, lleva más de 16 días con sus principales accesos paralizados por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los bloqueos han dejado cuatro muertos, al menos 57 detenidos y una ciudad sin abastecimiento normal de alimentos, medicamentos ni combustible. El mandatario colombiano Gustavo Petro describió la situación como una "insurrección popular", calificativo que el Gobierno boliviano rechazó.
El conflicto se agrava día a día. Una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales que partió de Oruro hace seis días llegó este lunes al centro de la capital administrativa, mientras otras dos columnas —de juntas vecinales de El Alto y de campesinos— también avanzan hacia la ciudad. El Palacio de Gobierno, en la plaza Murillo, permanece custodiado por policías y militares con vehículos antidisturbios. “Pueden marchar de manera pacífica, pero tomaremos acciones si cometen delitos", advirtió el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes.
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Manifestantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una protesta que exige la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz
Por qué estalló la crisis: economía rota, leyes polémicas y promesas rotas
El detonante inmediato fue un paquete de 10 leyes presentado por el Gobierno, que incluye la privatización de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y servicios básicos, además de cambios constitucionales que eliminarían el Estado plurinacional. Morales denunció que estas medidas responden a condicionamientos del FMI, con el que el Ejecutivo negocia financiamiento pese a haber prometido en campaña no recurrir al organismo. "El fondo ha condicionado: primero, acabar con las subvenciones. Segundo, devaluación del tipo de cambio. Y tercero, privatizar todas las empresas públicas", enumeró el exmandatario.
El contexto económico agrava la situación. Bolivia enfrenta su peor crisis en cuatro décadas, con una grave escasez de dólares y una inflación interanual del 14% en abril. Entre las primeras medidas de Paz estuvo la eliminación de subsidios a los combustibles, lo que elevó el costo de vida. Las organizaciones empresariales calculan pérdidas superiores a US$50 millones diarios por las paralizaciones, con unos 5.000 vehículos varados en las carreteras del país.
Agentes antidisturbios retiran piedras de una carretera bloqueada por manifestantes rurales en Lipari, departamento de La Paz
¿Quiénes protestan y qué exigen?
La movilización reúne a sectores muy distintos. A inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas salieron a las calles con reclamos como el aumento salarial, la no privatización de empresas y la dimisión del presidente.
La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, lidera parte de las marchas. "Salgamos a las calles a protestar porque lastimosamente el gobierno central no va a entender de otra manera", aseguró Mario Argollo, máximo representante del organismo, a la agencia AFP.
Aunque Paz logró acuerdos parciales con obreros de El Alto y maestros urbanos, la COB y los cocaleros aliados del exjefe de Estado rechazaron cualquier negociación que no incluya la renuncia presidencial.
Mario Argollo, líder de la mayor organización sindical de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB)
Ante esta situación, la Fiscalía de Bolivia confirmó una orden de aprehensión contra Argollo, acusado de instigación pública a delinquir y terrorismo. La ejecución de la orden quedó en manos de la Policía Boliviana, mientras el Ministerio Público continuará las investigaciones para determinar responsabilidades.
El papel de Evo Morales en las movilizaciones
El expresidente alienta las protestas desde su feudo en el Trópico de Cochabamba, donde evade, a partir del 2024, una orden de detención por el presunto abuso de una menor en 2016. Desde allí describió la actual situación de Bolivia como "totalmente paralizada" y fijó tres condiciones para una salida: que Paz no modifique la Constitución sin referendo, que no privatice servicios básicos ni recursos naturales y que cumpla sus compromisos de austeridad. "Engañó con las promesas y el pueblo se levantó", afirmó en una entrevista con la radio argentina AM 530.
Morales también denunció un despliegue para capturarlo o atentar contra su vida, con presencia de efectivos del Comando Sur de Estados Unidos y operaciones de la DEA. "Pueden darse esa situación, pero es más sobre todo privarnos de libertad y, si no, acabar con nuestra vida", dijo. Sus seguidores tomaron el aeropuerto de Chimoré, en el Chapare, como medida de resguardo. El vocero presidencial José Luis Gálvez alertó por grupos armados entre los manifestantes y mostró un video con presuntos integrantes de los Ponchos Rojos, movimiento indígena boliviano formado por campesinos aimaras y obreros, portando armas en el altiplano.
Las protestas están lideradas por sectores como la Central Obrera Boliviana y siguen un paquete de leyes que incluye la privatización de recursos naturales
Ante este panorama, ocho países de América Latina expresaron su preocupación por la situación. En una declaración conjunta, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú rechazaron acciones que, según señalaron, busquen desestabilizar el orden democrático o alterar la institucionalidad del país.
Los gobiernos firmantes también respaldaron al presidente y pidieron a los actores políticos y sociales priorizar el diálogo, el respeto institucional y la preservación de la paz social ante la crisis que atraviesa el país.
Sin comida, combustible ni medicinas
Con casi todas las rutas de acceso cortadas, los mercados de La Paz registraron un incremento de precios en alimentos perecederos durante la última semana. Asimismo, los hospitales enfrentan problemas de suministro y el combustible escasea. Para paliar la situación, el gobierno desplegó un puente aéreo desde el 10 de mayo y recibió el apoyo de un avión militar Hércules prestado por Argentina. El sábado, una operación de más de 12 horas con 3.500 efectivos intentó abrir un corredor humanitario. Algunos cargamentos lograron ingresar, pero al retirarse las fuerzas del orden, los manifestantes retomaron sus posiciones. “El objetivo central de este operativo era tener estos insumos de manera inmediata en nuestra ciudad. Estamos más que satisfechos”, dijo Gálvez, aunque la situación de desabastecimiento continúa.
En este sentido, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, alertó que los bloqueos ya provocaron pérdidas superiores a US$50 millones en toda la cadena productiva. Según explicó, el sector lleva más de 20 días sin exportar ni trasladar productos al mercado interno, lo que agrava el riesgo de desabastecimiento y profundiza la crisis económica. "El país necesita divisas y eso solo será posible con carreteras libres", sostuvo durante la Asamblea de la Cruceñidad en Santa Cruz de la Sierra.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, pidió al Ejecutivo aplicar medidas constitucionales para levantar los bloqueos e investigar a los supuestos promotores y financiadores de las protestas. Barriga aseguró que las movilizaciones afectan la imagen internacional del país y podrían constituir delitos como sedición o terrorismo, según su interpretación.
Denuncia por vuelos argentinos
El diputado boliviano Rolando Pacheco denunció que dos vuelos de aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, presentados oficialmente como transporte de ayuda humanitaria, habrían ingresado gas lacrimógeno a Bolivia para reprimir movilizaciones. Según el legislador, militares bolivianos le entregaron información sobre el presunto traslado de material represivo y aseguró que el ingreso de aeronaves militares extranjeras requería autorización de la Asamblea Plurinacional.
Pacheco informó que presentó un pedido de informe al Ministerio de Defensa boliviano y adelantó acciones judiciales para investigar el caso. Además, vinculó la denuncia con antecedentes de 2019, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se enviaron municiones a Bolivia tras la salida de Evo Morales del poder. Hasta el momento, autoridades argentinas no respondieron públicamente sobre las acusaciones.
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