Este país de Sudamérica mueve sus fichas para competir con Chile y Perú por la inversión minera con un ambicioso plan fiscal
La nueva legislación promete certidumbre tributaria a consorcios internacionales y prioriza recursos estratégicos como el litio y tierras raras.
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Un país de Sudamérica con vasta riqueza geológica impulsa una reforma legal que busca captar capitales externos para su industria extractiva, motivada por el auge global en las cotizaciones de los metales y el declive de sus reservas de gas. El plan propone garantizar invariabilidad impositiva por 20 años, además de disminuir gravámenes fiscales con el fin de acelerar el inicio de yacimientos inéditos, según confirmó el ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca.
Esta ofensiva económica surge cuando la explotación de recursos naturales consolida su dominio en las finanzas estatales, al superar los indicadores de naciones como Perú y Chile en términos de crecimiento porcentual reciente. La autoridad del ramo subrayó que, bajo su gestión, 'el 55% de las exportaciones provenía del sector minero', cifra que escaló hasta un contundente '78,8% proviene de la minería' durante el primer bimestre del ciclo actual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de enero del 2026, el vigor en las transacciones internacionales de concentrados permitió alcanzar un saldo comercial positivo de US$377 millones.
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¿Qué nación sudamericana desafía el dominio minero de Chile y Perú con un audaz incentivo fiscal?
Bolivia busca una posición estratégica frente a los gigantes extractivos de la región mediante una renovación integral de su estructura normativa. El Gobierno de Rodrigo Paz impulsa la sustitución de la Ley de Minería y Metalurgia de 2014, bajo la premisa de Calderón de la Barca de que dicha legislación “no ha traído ningún nuevo emprendimiento”. Esta reforma legal pretende subsanar las deficiencias previas para atraer capitales que dinamicen el sector nacional.
La pieza central del proyecto establece un régimen de certidumbre tributaria con una vigencia de dos décadas para los consorcios internacionales. Entre las medidas destacan la supresión del gravamen extra del 12,5% sobre beneficios excepcionales, aunque permanecen el impuesto del 25% y las tasas regionales del 5% por explotación de recursos.
El Ministerio de Minería, con respaldo del Banco Mundial, trabaja para agilizar los procesos administrativos y garantizar la protección jurídica de los contratos vigentes. La meta es destrabar trámites burocráticos y exponer la riqueza geológica local ante el mercado global para evitar el estancamiento.
¿Qué transformaciones enfrentará el sector minero boliviano este año?
La industria extractiva operará bajo una estructura de especialización definida por sectores clave. Según aclaró la autoridad ministerial, Calderón, el Estado centralizará sus esfuerzos en el estaño, mientras que el gremio cooperativista mantendrá el enfoque en el oro; paralelamente, la inversión privada, junto con otros actores, procesará plomo, plata y zinc. El plan gubernamental prioriza actualmente recursos estratégicos como litio o tierras raras, con el yacimiento cruceño Cerro Manomó como punto de interés fundamental para el desarrollo tecnológico futuro.
Pese a que los gastos de operación alcanzan el 70% de las ganancias brutas —repartidos entre haberes, electricidad, suministros y logística—, el Ejecutivo ratifica la relevancia financiera de este rubro. Bajo la premisa de que “Bolivia fue, es y será minera”, las autoridades defienden el retorno de dicha labor a un papel protagónico dentro de la macroeconomía local.
La próxima Cumbre de Minería, programada entre el 18 y 20 de mayo, establecerá la base estructural para una renovación legal que llegará al Legislativo en julio. Este encuentro congregará a todos los eslabones de la cadena productiva con el objetivo de debatir normativas ambientales, regímenes impositivos y nuevas inversiones. La hoja de ruta oficial contempla, además, una fiscalización estatal rigurosa, la desburocratización de procesos administrativos y el combate frontal contra las extracciones ilícitas en territorio nacional.
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