La Ley SAVE, la nueva estrategia republicana para no perder las elecciones bajo la excusa de combatir el "fraude"

Mientras en Perú el 'fraude' suele ser un arma para desconocer los resultados democráticos de las elecciones, en Estados Unidos se convirtió en la principal justificación para reescribir la Ley del Derecho al Voto, uno de los mayores logros del movimiento por los derechos civiles.

Aunque la legislación tiene como objetivo impedir que las personas no ciudadanas voten, esta medida parece más bien un recurso que el oficialismo pretende implementar ante la amenaza de una posible pérdida de poder en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Según reportó CBS News, tanto el presidente Donald Trump como los legisladores conservadores ejercen presión sobre el líder de la mayoría del Senado, John Thune, para que utilice la obstrucción parlamentaria. Sin embargo, este ya advirtió que la argucia legal "es mucho más complicada y arriesgada".

¿Qué propone la Ley SAVE?

La Ley SAVE, que significa Secure American Voting Enforcement (Aplicación de Votación Segura en América), exige a los votantes proporcionar pruebas de ciudadanía.

Esto puede incluir un documento de identidad que cumpla con la Ley REAL ID e indique que su titular es ciudadano: un pasaporte, una tarjeta de identificación militar o un registro de servicio militar que acredite esa condición.

También se aceptaría un documento oficial con fotografía que acredite esa condición, así como otros emitidos por el gobierno, siempre que estén acompañados de un certificado de nacimiento, un documento similar o un certificado de naturalización.

Esta exigencia generó preocupación, pues, según el Brennan Center for Justice, más de 21 millones de estadounidenses no tienen documentos que prueben su ciudadanía, y 2,6 millones carecen de identificación con fotografía.

Además, el proyecto exige que los estados tomen medidas para garantizar los registros, incluso mediante el establecimiento de un programa para identificar a las personas no ciudadanas con datos del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social, agencias estatales u otras fuentes.

Sin embargo, la alerta se intensifica en el caso de las comunidades más vulnerables, y las personas que cambiaron su nombre —como las mujeres que adoptan el apellido de su pareja tras el matrimonio— podrían enfrentar barreras para cumplir los requisitos de la ley.

Pese a estas posibles consecuencias, una encuesta del Pew Research Center realizada el año pasado reveló que el 83% de los encuestados apoyaba exigir que todos los votantes presentaran identificación con fotografía, incluido el 71% de los votantes demócratas o con tendencia demócrata y el 95% de los votantes republicanos o con tendencia republicana.

Peligro de discriminación

Expertos en derechos civiles advierten que la Ley SAVE podría afectar a las comunidades afroamericanas, latinas y de bajos recursos, que ya enfrentan dificultades para acceder al sistema electoral. Según el Center for Democracy and Civic Engagement, esto podría excluir a una gran parte de estas comunidades del proceso electoral.

Este fenómeno también puede analizarse desde el ámbito estratégico electoral. El Pew Research Center identificó en 2024 que el 40% de los votantes demócratas, la fuerza política opuesta a la republicana, se identifica como hispano, afroamericano, asiático o de otro origen. Además, estos votantes son más propensos a no estar afiliados a ninguna religión, en comparación con los votantes de Trump.

Como antecedente clave, el último 21 de marzo, el Senado bloqueó un intento respaldado por Trump para incluir enmiendas que prohibían la participación de atletas transgénero. Aunque la medida fracasó, este episodio dejó clara la intención de vincular la reforma electoral con temas de identidad de género.

En el oficialismo también preocupa la figura del presidente estadounidense, quien se convierte en una fuerza negativa para la campaña electoral de mitad de mandato debido a las decisiones de su gobierno. Ante esto, Reuters reveló que funcionarios conservadores del partido se reunieron para reajustar la estrategia y tomar distancia del mandatario.

Según la última encuesta de NPR/PBS News/Marist, el índice de desaprobación aumentó al 59%, mientras que su índice de aprobación cayó al 37%. El sondeo se realizó entre 1.322 personas adultas estadounidenses del 27 al 30 de abril, con un margen de error de 3,1 puntos.

¿Qué necesita para ser legislada?

Cabe recordar que, en los últimos años, los republicanos en el Congreso intentaron en varias ocasiones que la Ley SAVE fuera aprobada en ambas cámaras, pero hasta ahora no han tenido éxito en el Senado.

Aunque la Cámara de Representantes aprobó versiones anteriores de la legislación en dos ocasiones, la más reciente en febrero de 2026 (con 218 a 213 a favor), no avanzó en la otra instancia. Esto se debe a que, en el Senado, para aprobar la mayoría de las leyes se requieren 60 votos debido al sistema de filibusterismo. Actualmente, el Partido Republicano solo cuenta con 53 escaños, lo que debilita su poder.

El debate también se inscribe en el contexto de una lucha más amplia sobre los derechos de voto en Estados Unidos, que desde hace décadas es motivo de intensos debates políticos.

La Ley del Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act of 1965) es uno de los pilares del movimiento por los derechos civiles. Fue firmada por el presidente Lyndon B. Johnson y diseñada para eliminar barreras discriminatorias que impedían que las minorías, especialmente los afroamericanos, ejercieran su derecho al voto.

Consagrada en las Enmiendas XIV y XV de la Constitución, la ley prohibió herramientas de supresión como pruebas de alfabetización o impuestos al voto, y creó mecanismos robustos para vigilar y corregir prácticas discriminatorias en la inscripción y el sufragio de la ciudadanía.

Una de las secciones clave de la Ley del Derecho al Voto fue la Sección 5, que requería que ciertos estados y jurisdicciones con antecedentes de discriminación electoral obtuvieran aprobación federal previa (preclearance) antes de realizar cambios en sus leyes electorales. Esto se realizaba a través de una fórmula establecida en la Sección 4(b).

Sin embargo, la Corte Suprema continúa reduciendo las protecciones de la ley. En el caso Shelby County v. Holder (2013), el Tribunal Supremo falló que la fórmula de la Sección 4(b) era inconstitucional porque se basaba en datos obsoletos que ya no reflejaban las condiciones actuales de discriminación en el país.

En Louisiana v. Callais (2026), por ejemplo, la Corte reinterpretó la Sección 2 de la ley, elevó los requisitos para probar discriminación y restringió las herramientas para la representación equitativa.