Gobierno de Kast expulsa en avión a 40 migrantes irregulares con destino a Bolivia, Ecuador y Colombia
A pesar de las críticas políticas, la administración destaca esta acción como un compromiso con el control migratorio, en un país que enfrenta 330.000 inmigrantes irregulares.
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El gobierno de José Antonio Kast ejecutó este jueves su primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares, como parte de su estrategia de “mano dura” contra la inmigración ilegal. Desde la base de la Fuerza Aérea de Chile en Pudahuel, despegó un Boeing 737 con cuarenta extranjeros a bordo, quienes fueron deportados hacia Bolivia, Ecuador y Colombia. El vuelo, que forma parte de un operativo más amplio, incluye a diecinueve colombianos, doce bolivianos y nueve ecuatorianos, según detalló el medio Meganoticias.
La administración especificó que veinticinco migrantes fueron expulsados por razones administrativas y quince por motivos judiciales, lo que subraya la aplicación rigurosa de las políticas migratorias del líder de derecha. Un artículo de El Periodista aseguró que la aeronave hizo una escala en Iquique, donde se sumaron más personas para ser deportadas, ampliando el alcance de la operación.
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“Tenemos un compromiso que vamos a cumplir: intensificar y tener a la brevedad más vuelos para poder cumplir con el plan del ordenamiento migratorio. También va a haber salidas en buses”, anunció, sin dar detalles sobre la frecuencia, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
Antecedentes de la medida
Según precisa Independent, esta es una herramienta que ya fue utilizada por los gobiernos de Gabriel Boric y Sebastián Piñera. Cabe indicar que los ciudadanos venezolanos, que constituyen la mayoría de la población extranjera en Chile, no han sido incluidos en estos despegues, principalmente debido a que las relaciones diplomáticas con Venezuela están congeladas.
Pese a la complicación diplomática, Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, indicó que desde la llegada de Kast al poder en diciembre, 2.180 venezolanos han salido voluntariamente de la nación.
Se precisa que Santiago enfrenta la realidad de tener alrededor de 330.000 inmigrantes en situación irregular en un territorio con 18 millones de habitantes, donde la población extranjera ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, pasando del 0,8% en 1992 al 8,8% en 2024.
Controversia política al respecto
La expulsión desató un debate político en Chile, con fuertes reacciones tanto del oficialismo como de la oposición. Mientras el Ejecutivo la presenta como un paso importante para cumplir sus promesas de campaña, los opositores critican la norma, señalando que se trata de un gesto simbólico sin una ejecución significativa.
El diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) señaló que el exilio no es mérito exclusivo de la actual autoridad, ya que “viene coordinada desde el gobierno anterior”. Para él, es insuficiente y comparó el hecho con otros proyectos del Estado, como el plan de “zanjas”, calificando ambos como una “burla”.
No obstante, por su parte, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, valoró el paso, asegurando que la administración pasó “del diagnóstico a la acción”. Según Bruna, la medida refleja un avance tangible en la ejecución de políticas de control migratorio, algo que ha sido un eje central en la agenda de Kast.
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