EE. UU. indica que petrolero intervenido servía para “financiar al régimen”, mientras Venezuela denuncia “acto de piratería”

Estados Unidos justificó la intervención de la Guardia Costera en el petrolero Centuries, abordado el sábado en aguas cercanas a Venezuela, al afirmar que la operación fue legal y dirigida a frenar el flujo de recursos hacia al régimen de Nicolás Maduro. La Casa Blanca sostuvo que la medida se inscribe en su política de vigilancia marítima para impedir esquemas de evasión de sanciones, en particular el comercio de crudo venezolano sujeto a penalizaciones internacionales.

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó en la red social X que el buque transportaba petróleo de PDVSA y operaba bajo “falsa bandera” como parte de la llamada “flota en la sombra” utilizada —según EE. UU.— para traficar crudo sancionado. Sus declaraciones respondieron a reportes de The New York Times y The Washington Post, que cuestionaron la legalidad del operativo y señalaron que la nave pertenecería a una empresa con sede en China que transporta petróleo venezolano hacia refinerías chinas.

Desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó la versión estadounidense y denunció el “robo y secuestro” del segundo petrolero frente a sus costas. En un comunicado difundido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, se acusó a efectivos militares de EE. UU. de actuar en aguas internacionales y de incurrir en la “desaparición forzada” de la tripulación.

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El ‘Centuries’ navegó bajo bandera panameña

El abordaje del petrolero Centuries por parte de Estados Unidos se sustentó en mecanismos distintos a los utilizados en operativos previos, según revelaron The New York Times y The Washington Post. A diferencia del Skipper —intervenido el 10 de diciembre y registrado en la lista de sanciones de la OFAC—, el Centuries navega bajo bandera panameña y no figuraba formalmente como embarcación sancionada.

Fuentes oficiales citadas por The Washington Post indicaron que las fuerzas estadounidenses actuaron bajo el denominado “derecho de visita”, una figura del derecho marítimo internacional que habilita a buques de guerra a inspeccionar naves sospechosas de actividades ilegales, incluso sin una orden judicial previa. Este marco legal contrasta con el caso del Skipper, que —según las autoridades— utilizaba una falsa bandera de Guyana y fue inspeccionado con una orden de registro ya emitida.

Sin embargo, de acuerdo con funcionarios estadounidenses consultados por Reuters, la intervención al Centuries forma parte de la política de presión internacional. Además, Washington sostiene que estas acciones buscan desalentar el traslado de cargamentos irregulares y reforzar la seguridad en rutas marítimas estratégicas del Caribe y el Atlántico.

Un “grave acto de piratería”

Por su parte, el régimen de Venezuela, mediante el comunicado difundido por Rodríguez, acusó a Washington de interceptar una nave privada que transportaba crudo venezolano y de incurrir en la “desaparición forzada” de su tripulación.

El pronunciamiento calificó la acción como un “grave acto de piratería” y sostuvo que vulnera la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y principios básicos del derecho internacional. En ese marco, el régimen anunció que activará acciones diplomáticas y legales, incluida una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros foros multilaterales.

Cuba denuncia "terrorismo marítimo"

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó la incautación de un segundo buque petrolero por parte de Estados Unidos en aguas internacionales del mar Caribe, al calificarla como un “nuevo acto de piratería y terrorismo marítimo”. El pronunciamiento se produce en medio del aumento de las tensiones regionales por las recientes operaciones navales estadounidenses vinculadas al comercio de crudo venezolano.

A través de su cuenta en X, Rodríguez sostuvo que la acción “reitera el irrespeto y la violación del Derecho Internacional, el Derecho Marítimo y la libertad de navegación y comercio”, y alertó a la comunidad internacional sobre lo que describió como una “provocación” contra Venezuela. Según el jefe de la diplomacia cubana, la medida busca profundizar la presión sobre Caracas y apropiarse de sus recursos naturales.