Drones, armas y financiamiento estratégico: la ofensiva del Comando Vermelho que provocó una de las mayores masacres en Río de Janeiro

La Operación Contención en Río de Janeiro no será recordada únicamente por su saldo letal. Su rasgo más inquietante fue otro: una facción criminal, Comando Vermelho, empleó drones adaptados para lanzar explosivos sobre unidades policiales, que inició una fase inédita del crimen organizado en Brasil. No se trató solo de fuego cruzado, hubo planificación, reconocimiento aéreo y ataques dirigidos desde el cielo sobre posiciones policiales.

Las favelas del Complexo da Penha y del Alemão, epicentro del operativo, fueron testigos de esta nueva escalada criminal. Según fuentes del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) y videos difundidos en redes sociales, se trataban de drones de modelos civiles modificados, equipados con cámaras y mecanismos artesanales para soltar explosivos. 

Las autoridades describieron municiones improvisadas de alto poder letal, arrojadas con precisión sobre tejados y accesos utilizados por fuerzas de seguridad. La policía brasileña no utiliza hoy equipos equivalentes, ni cuenta con contramedidas electrónicas sistemáticas para neutralizarlos.

La elección de estas plataformas no sorprende: son fáciles de adquirir, relativamente económicas, silenciosas y maniobrables para sobrevolar los callejones de las favelas de Río de Janeiro.

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Ucrania, un modelo de guerra para el crimen organizado

Aunque el empleo de drones explosivos en la Operación Contención marcó un hito, las señales de esta evolución tecnológica comenzaron antes. Grabaciones de vídeo y conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, ya habían revelado que facciones criminales en Río experimentaban con dispositivos rudimentarios inspirados en tácticas difundidas desde la guerra en Ucrania.

El periodista de investigación Valmir Salaro, especializado en crimen organizado, calificó el uso de estos aparatos como un hito alarmante en la violencia urbana de Brasil: “Solo habíamos visto este tipo de arma, drones controlados remotamente por criminales, en la guerra entre Ucrania y Rusia”, señaló en una entrevista televisiva. 

Según Salaro, la agresión fue inmediata: “Los criminales eligieron desde el aire dónde lanzar las bombas, usando cámaras acopladas. Es aterrador, nunca habíamos visto nada igual”. Para él, el episodio evidencia un salto táctico: “Es una guerra urbana, una batalla con potencial de extenderse por el país”.

Asimismo el antropólogo y excapitán del BOPE Paulo Storani, coincide con Salario y afirma que no se trató de un salto espontáneo, sino de un aprendizaje criminal globalizado: “Este modelo fue copiado de lo que ocurre en el conflicto entre Rusia y Ucrania”.

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Antecedentes, llamadas y pruebas 

Mensajes interceptados por la Policía Civil revelaron que en julio de 2024 un líder de otra organización criminal, Terceiro Comando Puro, negociaba drones lanzagranadas y celebraba pruebas exitosas en ataques contra miembros del Comando Vermelho: “Lancé cuatro bombas, tres explotaron. Logramos impactar a dos.”, decía uno de los textos atribuidos al capo Álvaro Malaquias Rosa, alias Peixão, citado en un reportaje de O Globo. 

El antropólogo y excapitán del BOPE Paulo Storani explica que en esa primera fase, los drones comerciales eran capaces de cargar poco más de 400 gramos y adaptados con vasos plásticos y mecanismos caseros para soltar granadas por percusión, iguales a los sistemas improvisados observados al inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia. 

Para Storani, las facciones han demostrado capacidad de aprendizaje acelerado y buscan escalar la tecnología. “La situación es muy compleja y va en aumento. La gente aún no tiene dimensión de la gravedad”, advirtió. De consolidarse un paso hacia drones kamikaze FPV (vista en primera persona) o sistemas de interferencia de señales, las operaciones policiales en favelas requerirían contramedidas de guerra electrónica similares a las empleadas en teatros bélicos modernos.

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Tecnología criminal y armas de nueva generación

La sofisticación del arsenal del CV es uno de los factores que más preocupan a las autoridades. En agosto, la Policía Federal desmanteló una fábrica clandestina en Rio das Pedras, donde se ensamblaban fusiles con impresoras 3D industriales capaces de trabajar con metal. Según el consultor Bruno Langeani, del Instituto Sou da Paz, se trata de “equipos de última generación, con capacidad para producir en serie piezas completas de armas de guerra”.

Esta innovación se combina con un acceso cada vez más amplio a armas legales, facilitado por las políticas de flexibilización del gobierno de Jair Bolsonaro entre 2018 y 2022. Miles de civiles registrados como coleccionistas, tiradores o cazadores (CTC) sirvieron de puente para que el crimen organizado adquiriera armas nuevas y municiones. El 50% de las armas incautadas en el sureste brasileño provienen de desvíos de ese sistema.

A este panorama se sumó la tecnologización del conflicto: drones tácticos, cámaras de vigilancia y comunicación cifrada. El CV aprendió a fusionar lo artesanal y lo militar, ensambló sus propias armas y adaptó tecnología civil para fines bélicos. Los explosivos lanzados desde drones en la Operación Contención son el resultado de esa evolución.

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Financiamiento y logística de guerra

La base de ese poder tecnológico está en el dinero. Una hoja de cálculo hallada en el teléfono del traficante Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, alias Da Roça, reveló que el CV gastó más de R$ 5 millones en un solo mes en armas y municiones. Entre las compras destacaban 44.000 cartuchos de calibres 7,62 y 5,56, además de 14 fusiles, uno de ellos calibre 50, capaces de perforar blindajes y derribar helicópteros.

Los registros muestran pagos por más de R$ 1.6 millones a un proveedor identificado como Eduardo Bazzana, tirador deportivo y propietario de un club de tiro en São Paulo, detenido por vender armamento directamente al CV. Los fiscales del Grupo de Acción Especial contra el Crimen Organizado (GAECO) sostienen que “Eduardo Bazzana recibía dinero por la venta directa de armas a narcotraficantes de la cúpula del Comando Vermelho”.

Da Roça, considerado uno de los principales recaudadores del llamado “fondo de guerra” del CV, utilizaba testaferros para transferir pagos a proveedores legales y gestionar la importación de armas a gran escala. Este sistema revela una logística casi empresarial: proveedores, distribuidores y “clientes” repartidos en las favelas, operando bajo una contabilidad precisa.

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Comunicación interna y control social

El poder del CV no solo se mide por su arsenal, sino por su capacidad de control y coordinación. Investigaciones recientes revelaron que los líderes de la facción, entre ellos Edgar Alves de Andrade (Doca), gestionan la disciplina interna y la seguridad de los territorios mediante grupos de mensajería cifrada. En estos chats se deciden castigos, operativos, rotación de personal armado y horarios de vigilancia de los puntos de droga.

Uno de sus lugartenientes, Juan Breno Ramos, alias BMW, es señalado como responsable de ejecutar las sanciones impuestas a residentes o miembros que infrinjan las normas. Las torturas, documentadas por la policía, incluyen sumergir a mujeres en cubos de hielo y arrastrar a supuestos delatores por las calles de la favela, como ocurrió con Aldenir Martins do Monte Junior, desaparecido tras ser torturado y exhibido por videollamada ante otros miembros del grupo.

Estos mensajes, según la investigación, también se usan para organizar la seguridad del propio Doca, quien decide por chat quién lo escoltará cada día. Con 269 antecedentes penales y 26 órdenes de arresto pendientes, Doca sigue prófugo, símbolo de un sistema criminal que combina brutalidad, jerarquía y tecnología para mantener el control territorial.