OECE advirtió problemas en compras públicas por más de S/5.520 millones antes de su reorganización
Entre enero y junio de 2026, el organismo emitió 65 informes en los que identificó posibles motivos para anular procesos de contratación estatal. El Gobierno reconoció que la entidad tenía dificultades para cumplir sus funciones y dispuso su reorganización.

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) advirtió posibles motivos para anular procesos de compra del Estado valorizados en más de S/5.520 millones entre enero y junio de 2026. La entidad identificó estos problemas en 65 informes de supervisión, según el balance que publicó en julio. Meses después, su propia Presidencia Ejecutiva comunicó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que el organismo tenía limitaciones para supervisar las contrataciones públicas y cumplir otras funciones, situación que dio paso a su reorganización.
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El balance del organismo también da cuenta de la participación ciudadana en el seguimiento de las contrataciones estatales. Durante las dos primeras iniciativas de su Programa de Vigilancia Ciudadana 2026, se monitorearon 1.096 procesos de compra de 532 entidades públicas distribuidas en las 25 regiones del país. El valor de estas contrataciones superó los S/4.312 millones.
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OECE supervisó 1.109 procesos de compra por más de S/12.081 millones
Entre enero y junio, el organismo realizó supervisiones de oficio a 1.109 procedimientos de selección, cuyo valor superó los S/12.081 millones. Estas intervenciones se desarrollaron como parte de las acciones programadas y no programadas de la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica, de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica (PASAT) 2026.
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El trabajo de fiscalización también comprendió la revisión de 78.601 contratos u órdenes de compra y servicio, valorizados en más de S/898 millones. A diferencia de los procedimientos de selección, estas revisiones abarcaron contrataciones que ya se encontraban en la etapa de ejecución o que se habían formalizado mediante órdenes.
Por otro lado, el OECE atendió 1.406 solicitudes de supervisión presentadas por proveedores y otros participantes del sistema. Los pedidos comprendieron 1.183 procedimientos de selección o contratos menores, cuyo valor conjunto superó los S/7.255 millones.
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Reorganización del OECE tendrá un plazo máximo de 90 días
El Decreto Supremo 256-2026-EF, publicado el 15 de noviembre, establece que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del organismo estará a cargo de elaborar un diagnóstico sobre su situación administrativa, organizacional y presupuestal. El documento deberá identificar los aspectos que requieren cambios y será presentado a la Alta Dirección de la entidad en un plazo máximo de 45 días calendario.
A partir de esa evaluación, el OECE deberá formular un plan de trabajo que incluya un cronograma para implementar las medidas de reforma y mejora. Este documento tendrá que estar listo dentro del plazo total de 90 días calendario establecido para la reorganización y será remitido posteriormente al despacho ministerial del MEF, a través de la Presidencia Ejecutiva del organismo.
La evaluación comprende la asistencia técnica y orientación a las entidades públicas, la certificación de los responsables de las áreas de contratación y la administración de los registros a cargo del OECE. También incluye la supervisión del cumplimiento de la normativa de contrataciones y el ejercicio de su potestad sancionadora.
Las dificultades del organismo también alcanzaban al Tribunal de Contrataciones Públicas. En su Informe de Transferencia de Gestión, elaborado en marzo de 2026, el OECE reconoció que esta instancia mantenía expedientes pendientes debido al aumento de las infracciones administrativas y las causales de impedimento. El documento también advirtió que aún no se habían implementado tres salas adicionales, aprobadas en 2025, cuya puesta en funcionamiento era considerada necesaria para atender los procedimientos sancionadores y recursos de apelación.
En el mismo informe, el organismo advirtió que su presupuesto era insuficiente para implementar las nuevas funciones establecidas por la Ley General de Contrataciones Públicas. También identificó problemas en su infraestructura tecnológica y retrasos en un proyecto de inversión destinado a modernizar sus herramientas digitales.
La norma dispone que las medidas que resulten del diagnóstico y del plan de trabajo se implementen progresivamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la legislación vigente. El proceso será financiado con el presupuesto institucional del OECE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

















































