Congreso promueve aumentos salariales por más de S/21.000 millones

El Congreso de la República y su despilfarro continúa pese a las advertencias del Consejo Fiscal y el Decreto de Urgencia. Tan solo en el último mes, el Congreso ha recibido 16 iniciativas legislativas orientadas a elevar los sueldos o aprobar nuevas escalas remunerativas para trabajadores del sector público. 

En paralelo, el Consejo Fiscal advirtió que 229 leyes aprobadas hasta el 18 de octubre, durante el período 2021-2026, tienen efectos fiscales adversos por más de S/35.000 millones para el país. A ello se suman 352 iniciativas legislativas aún pendientes de debate; de estas, siete dictámenes podrían incrementar el gasto público en aproximadamente S/21.000 millones, principalmente a través de mejoras remunerativas y del aumento de las pensiones en el sector público.

“El segundo mejor escenario sería que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie nuevamente, a raíz de una nueva demanda”, había señalado Alonso Segura, para La República, cuando se le preguntó por vías para corregir la situación.

PUEDES VER: Aumento de sueldo en altos funcionarios: en el TC ganarán S/42 mil, mientras que los embajadores S/20 mil

Incremento de sueldo en el sector público

Son los magistrados del TC quienes desde diciembre recibirán incrementos salariales de hasta S/10.000. Todo esto ocurre mientras no existe aún un pronunciamiento oficial y el Ejecutivo intenta contener el gasto con un Decreto de Urgencia… no tan urgente.

Y es que la paradoja se acentuó cuando el 5 de noviembre se conoció que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) buscaban elevar su remuneración mensual de S/35.000 a S/42.000, bajo el argumento de que deberían percibir lo mismo que los jueces supremos del Poder Judicial.

El tema llegó al Congreso cuando el parlamentario Américo Gonza, de Perú Libre, presentó el Proyecto de Ley 12954/2025-CR, que proponía homologar los sueldos de los miembros de la JNJ con los de los jueces supremos. Aunque el texto aseguraba que la medida “no demandará recursos adicionales al Tesoro Público”, incluía disposiciones que exoneraban a la JNJ de los topes y restricciones presupuestales vigentes en la Ley de Presupuesto 2025. 

La polémica derivó en que, el 10 de noviembre, mediante el Oficio N.º 507-2025-2026/CR, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, solicitara retirar el proyecto de ley del trámite parlamentario. 

Cabe señalar que La República identificó con nombre y apellido las diez leyes con mayor costo fiscal señaladas por el Consejo Fiscal.

A través de una investigación inversa —que partió de las leyes aprobadas hacia los proyectos que les dieron origen—, se rastreó la autoría principal, los coautores y la filiación partidaria de cada iniciativa. El resultado atribuye dichas leyes a Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos Perú.

PUEDES VER: Magistrados de la JNJ buscan aumentarse el sueldo a S/42.000 con apoyo de Perú Libre

Consejo Fiscal identifica iniciativas del Congreso costosas

Del total de 27 dictámenes, el Consejo Fiscal identificó 7 iniciativas particularmente costosas, cuyo impacto conjunto bordea los S/21.000 millones anuales, según estimaciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre ellas destacan:

• PL 03864/2022-CR, que equipara la pensión de los docentes jubilados con la remuneración íntegra mensual (S/5.670 millones).
  
• PL 07292/2023-CR, que dispone la homologación progresiva de los trabajadores CAS con otros regímenes laborales (S/4.024 millones).
  
• PL 02020/2021-CR, que crea la Remuneración Íntegra Mensual del Docente Universitario (S/1.917 millones).
  
• PL 02093/2021-PJ, que actualiza la escala remunerativa del personal del Poder Judicial (S/190 millones).
  
• PL 11884/2024-CR, que aprueba una nueva escala salarial para los trabajadores de la SUNARP (S/124 millones).
  
• PL 09552/2024-CR, que incrementa en 55% la bonificación por guardias hospitalarias (S/44 millones).
  
• PL 07197/2023-CR, que establece una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la SUNAFIL (S/42 millones).

Estas siete propuestas, consideradas las más costosas, se concentran principalmente en los sectores de educación, salud, justicia y administración pública, y podrían comprometer el cumplimiento de las metas fiscales establecidas por el Gobierno.

A los siete proyectos más onerosos se suman otros 20 dictámenes con impacto no cuantificado, pero que también modifican escalas salariales o crean nuevas categorías remunerativas en instituciones como el ANA, INPE, COFOPRI, FAP, SENASA, INIA, SUNAT y el Ministerio de la Mujer.

De acuerdo con el registro actualizado al 18 de octubre de 2025, los proyectos con montos estimados suman más de S/12.000 millones, aunque el impacto real podría ser mayor si se aprueban las restantes iniciativas que aún carecen de evaluación del MEF.

En consecuencia, el Consejo Fiscal subraya que la mayoría de estos dictámenes incrementan el gasto corriente de manera permanente, generando rigideces presupuestales y presiones de homologación salarial entre entidades.

¿Qué dice el Decreto de Urgencia?

El Decreto de Urgencia N.º 008-2025, emitido el 6 de noviembre, establece medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, prohíbe nuevas transferencias financieras fuera del plazo de siete días y limita gastos en consultorías, publicidad, eventos y contrataciones CAS, con el objetivo de cumplir la meta fiscal de 2,2% del PBI para este año.

La norma, vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, busca asegurar el cumplimiento de la regla fiscal y preservar la sostenibilidad de las cuentas públicas.