La erosión del Estado y el auge de las economías ilegales en América Latina

En el Aula Magna PUCP 2025, el politólogo Juan Pablo Luna, PhD en Ciencia Política por la University of North Carolina at Chapel Hill y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, analizó las raíces y consecuencias del avance de las economías ilegales en América Latina. 

Su ponencia, titulada “Economías ilegales en América Latina: ¿cómo pensar sus implicancias para el Estado, la democracia y el desarrollo?”, planteó que la expansión del crimen organizado y las redes ilícitas está íntimamente ligada a un proceso más amplio de erosión estatal.

Luna explicó que la erosión del Estado debe entenderse como un fenómeno “relacional”: el Estado se debilita o fortalece en función de su capacidad para interactuar con otras esferas sociales —la economía, la política o la cultura— y de las percepciones ciudadanas sobre su legitimidad. Según dijo, este proceso ocurre “desde arriba”, por efectos de la globalización y la pérdida de soberanía, pero también “desde abajo”, por una creciente desconexión entre el Estado y los ciudadanos.

“Los problemas que tiene hoy la democracia tienen que ver con este proceso de erosión del Estado-nación”, advirtió Luna ante académicos y estudiantes.

El especialista sostuvo que esta erosión genera condiciones ideales para el avance de las economías ilegales y para la aparición de liderazgos populistas que prometen “recortar el Estado”. 

Subrayó que esos políticos llegan al poder tras un largo proceso de debilitamiento institucional que deja a las personas sin expectativas de que el Estado pueda mejorar su vida cotidiana.

Casos de erosión estatal en la región

Para ilustrar el fenómeno, Luna presentó ejemplos de distintos países:

• Chile: entre 2010 y 2022 se incrementaron las tomas de terrenos, especialmente desde el estallido social y la pandemia. “Las nuevas tomas son criminales”, explicó, refiriéndose a grupos organizados que urbanizan y venden lotes sin pasar por el Estado.
  
• Uruguay: mencionó la existencia de barrios bajo control de redes criminales, con altos niveles de deserción escolar (60%) y un aumento de la trata sexual de adolescentes. “Incluso el Estado más fuerte de la región no ha podido reincorporar a estos jóvenes”, señaló.
  
• Argentina: destacó investigaciones que muestran que jóvenes precarizados, como repartidores de delivery, votaron masivamente por Javier Milei, expresando su desencanto con el Estado.
  
• Brasil: advirtió sobre el surgimiento de milicias narco-pentecostales, grupos que mezclan tráfico, servicios urbanos y discurso religioso conservador, capturando la infraestructura de políticas sociales.
  
• Perú: observó contenidos en redes sobre minería ilegal, narcotráfico y falsificación de billetes, donde cientos de usuarios pedían trabajo. “Hay una demanda laboral real hacia estas economías paralelas”, comentó.

La trampa del desarrollo y el atractivo de lo ilegal

Luna argumentó que América Latina enfrenta una nueva “trampa de desarrollo”: las economías crecen, pero cada vez incorporan más actividades ilegales. Esa expansión, dijo, erosiona la institucionalidad, debilita la regulación estatal y frena el crecimiento sostenible.

Según explicó, dos factores son decisivos: el empuje de los mercados ilegales, que ofrecen ingresos y horizontes de consumo aspiracional, y el shock tecnológico, que facilita delitos digitales y precariza el empleo formal. “Los mercados ilegales proveen recursos y sueños de futuro que las economías legales no están logrando ofrecer”, advirtió.

También enfatizó el papel de las redes sociales y plataformas digitales, donde proliferan estafas, criptodelitos y economías informales. Esto, sostuvo, amplía la brecha entre un Estado sin “dientes” y actores ilegales que sí logran captar confianza y lealtades.

Repensar la democracia y el Estado en América Latina

En la parte final de su intervención, Luna afirmó que las recetas tradicionales —como pedir “partidos políticos institucionalizados y programáticos”— ya no bastan. Propuso “reinventar el ideal democrático” para un contexto donde la sociedad se ha fragmentado y el Estado ha perdido legitimidad.

Planteó la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible que dispute a las economías ilegales la legitimidad de los sueños de progreso y que logre sincronizar los tiempos sociales con la acción política. “Necesitamos una democracia con dientes, con un Estado que recupere capacidad y legitimidad”, señaló.

Luna concluyó destacando el rol de los espacios académicos en este debate: “Perú y sus universidades han sido una plataforma privilegiada para pensar y ojalá ayudar a resolver problemas que ya no son del país ni de la próxima elección, sino mucho más generales”.