Fuerza Popular alista más exoneraciones tributarias en el Congreso con millonario impacto fiscal

La reciente aprobación de la ley que otorga beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras impulsada por el fujimorismo, ha sido la partida inicial de la gestión de José Jerí al frente del Congreso. No importaron las advertencias del Consejo Fiscal o del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre su impacto en las finanzas públicas. El Estado peruano dejará de recaudar cerca de S/1.880 millones anuales y S/20.000 millones entre 2026 y 2035, recursos que podrían destinarse a salud, educación o seguridad ciudadana.

Normas de este tipo marcan la pauta que seguirá el Parlamento en su última etapa unicameral. Precisamente, un informe del Ministerio de Economía (MEF) remitido al despacho de la congresista Ruth Luque proyecta que, durante el 2025 se recibirán más de 300 proyectos de ley relacionados con temas tributarios. De ese total, el 90% proviene del Poder Legislativo. Pero, eso no es todo. Desde julio del 2021 hasta el 1 de julio de este año, el costo fiscal de 144 propuestas normativas, ascendería a S/406.462 millones, lo que equivale a 35,2% del PBI previsto para el 2025.

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Los responsables políticos de golpear la recaudación tributaria son en su mayoría quienes conforman la nueva Mesa Directiva del Parlamento: Acción Popular, Perú Libre, Somos Perú y Fuerza Popular. Las iniciativas del partido de la lampa concentran el costo fiscal más alto con S/188.371 millones, es decir 46,3% del total. Le siguen PL con 62.438 millones (15%), SP con 41.304 millones (10%) y la bancada naranja con 37.953 millones (9%), que además ostenta la mayor cantidad de proyectos presentados (25).

“La agenda del Congreso ha sido orientada por las exoneraciones tributarias, favoreciendo a las grandes empresas como ha ocurrido hace poco con la nueva ley agraria. El informe del MEF muestra que al interior del Congreso no hay claridad de dónde sale el dinero y cómo se generan mayores recursos hacia el futuro. Preocupa que 25 de estas normas ya publicadas representan un costo de más de S/26 millones”, indicó a este medio Ruth Luque.

Además de las normas ya promulgadas en El Peruano, existen otras 34 con dictamen que podrían generar que el Estado deje de recaudar más de S/152 millones. Respecto a las tres que están con autógrafa, el costo asciende a S/9.984 millones, mientras que las siete iniciativas en comisión, equivalen a S/211.223 millones.

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Exoneraciones tributarias en el Congreso

En el último periodo legislativo, Fuerza Popular recuperará la presidencia de la Comisión de Economía que estará a cargo del congresista Víctor Flores. Este medio le solicitó una entrevista a su equipo de prensa, pero fue denegada por razones de su ocupada “agenda”. No obstante, le declaró al canal del Congreso que su grupo de trabajo “técnico” actuará con responsabilidad para bajar el gasto fiscal.

De acuerdo con el exministro de Economía, Pedro Francke, el respaldo de Flores y su bancada a la denominada Ley Chlimper 2.0 desmienten su interés por “mejorar las cuentas fiscales”. En su opinión, la proximidad de las elecciones generales anima a muchos de estos grupos políticos a respaldar leyes demagógicas sin considerar el costo que tienen para el erario público.

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Para muestra un botón: el planteamiento de Somos Perú que busca reducir la tasa del IGV de 18% a 8% en favor de las peluquerías y salones de belleza implicaría un perjuicio fiscal de S/17 millones, mientras que la propuesta de Fuerza Popular para exonerar este impuesto al consumo de carne de cuy equivaldría a S/91 millones.

Ambas iniciativas deberán ser revisadas por la Comisión de Economía, aunque la primera de ellas ya fue observada por el Ejecutivo. El propio presidente del Congreso tiene un proyecto de “Nueva Ley de Industrias” con más beneficios para el sector empresarial, cuyo costo asciende a S/32.010 millones.

“Hay una serie de exoneraciones que terminan siendo medidas negativas porque buscan dar beneficios a un sector determinado que ya tiene un régimen especial. Por ejemplo, los hoteles y restaurantes. Esa norma era en favor de las grandes empresas y lo que genera es un sistema distorsionado en términos tributarios. Pero, son temas que los congresistas mueven, pensando que van a favorecer a algunos sectores que les van a dar contribuciones para su campaña. Tratan de hacer un canje de exoneraciones por financiamiento electoral.”, agregó Francke.

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Zonas Especiales y Presupuesto Público

Otro de los temas que está pendiente de resolución en el Congreso es el dictamen de insistencia de la ley que establece la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) con una tasa del Impuesto a la Renta de 0% durante los cinco primeros años, así como la exoneración del IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Para el exministro de Economía, Luis Castilla, este tipo de normas introducen incentivos perniciosos.

“Se parte de la premisa de crear competitividad en base a beneficios tributarios. Pero, el atractivo de zonas como Chancay y otras, son los ahorros en materia logística. No soy de los que cree que, porque se les da una zona preferencial, esto va a atraer más inversión. Creo que va a aumentar el incumplimiento tributario por falta de sustancia económica”, argumentó.

En lugar de seguir acumulando exoneraciones tributarias, enfatizó la importancia de priorizar inversiones en conectividad y asegurar que los mercados estén conectados con el puerto. Además de esta iniciativa, Castilla se refirió a la Ley de Presupuesto Público que el Congreso deberá aprobar en noviembre de este año. A su juicio, continuarán las concesiones con el clientelismo y el MEF seguirá permisivo con los excesos del Legislativo.

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Con esta opinión coincide Pedro Francke, quien advierte la posibilidad de que los congresistas “entreguen una serie de ventajas” a los municipios y gobiernos regionales que son aliados al régimen. Recuerda también que el desprolijo manejo de la política fiscal puede llevar a un tercer incumplimiento de la meta fijada por el MEF en 2,2% del PBI.

“En su mensaje a la Nación, la presidenta ya dijo que no iba a cumplir la ley, pese a que el ministro de Economía trató de enmendarle la plana. De cara al próximo gobierno, el tema del equilibrio fiscal va a ser uno de los problemas heredados que se tendrá que enfrentar desde el inicio”, acotó.

Mientras tanto, la Comisión de Economía ya alista el inicio de sus actividades ordinarias para la próxima semana, en medio de presiones para aprobar un octavo retiro de las AFP, así como más beneficios tributarios con tinte populista.

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Retiro AFP 2025 en agenda, pero sin fuerza

La Comisión de Economía no logró aprobar en la anterior legislatura el octavo retiro de las AFP, ya que el expresidente de dicho grupo de trabajo, Ilich López, condicionó su avance a la publicación del reglamento de reforma de pensiones. Para el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, cada vez son más las bancadas que se suman a esta iniciativa, aunque reconoce que quien dirigírá la comisión tiene una posición contraria.

“Vamos a hacer presión con varias bancadas. En este Congreso, hemos sacado adelante dos retiros y vamos por el tercero. El hecho de que muchos emprendedores retiraron su monto anteriormente fue una forma de dinamizar la economía”, anotó.

Según datos de la SBS, los siete retiros de los fondos de pensiones han representado una salida de S/115.197 millones. Para la congresista Ruth Luque, este tipo de medidas se justificaban en la pandemia, pero insistir en otra liberación de las AFP merece una evaluación de sus implicancias. No obstante, deja en claro que la reforma previsional asegura la subsistencia de un modelo que es injusto e ineficaz. En su lugar, se debe avanzar hacia un sistema más solidario.