Crisis alimentaria: “catastrófico” y “apocalíptico”

Informe

No es amarillismo. La última edición de The Economist trae en su portada el título La catástrofe alimentaria que se avecina. Días antes, el gobernador del Banco de Inglaterra había advertido sobre aumentos “apocalípticos” de los precios de los alimentos a nivel mundial por la guerra en Ucrania, y reconoció que están “indefensos” ante ello. Añadió que esos incrementos podrían impactar de forma desastrosa en los pobres de todo el mundo. Según una encuesta de Ipsos, el 27% de británicos ya se ha visto obligado a saltarse algunas de las comidas y un 65% ha evitado encender la calefacción todo lo posible en los últimos meses.

Si eso está pasando en el primer mundo, ¿cuán “catastrófico” y “apocalíptico” puede ser para el Perú?

El problema global

Durante la última semana, desde el G-7 se advirtió que la guerra en Ucrania está aumentando el riesgo de una crisis mundial de hambre, en parte debido a que tanto dicho país como Rusia representan aproximadamente un tercio de las exportaciones mundiales de trigo. En el caso de Ucrania, no solo no ha podido exportar granos ni aceite vegetal, sino que, además, el conflicto viene destruyendo campos de cultivo e impidiendo una temporada de siembra normal, lo cual agrava aún más el escenario a futuro.

En medio de este contexto, India –el segundo mayor productor de trigo después de China- ha prohibido la exportación de este cereal, aunque “podría autorizar” exportaciones a países con necesidades “de seguridad alimentaria”. Pero no es el único tomando este tipo de medidas. La International Food Policy Research Institute ha registrado las naciones que están priorizando su seguridad alimentaria (ver tabla), y lo más seguro es que la lista de países que adopten medidas similares vaya en aumento, algo que también podría agudizar la crisis global.

Nuestra propia crisis

Recordemos primero que ya para la campaña de siembra del año pasado, los agricultores enfrentaron dos problemas: (i) caída de ingresos y limitado acceso a crédito debido a los impactos económicos de la pandemia, y (ii) el aumento de precios de insumos que ya se registraba en ese momento. El gobierno intentó paliar la situación con créditos y un bono de reembolso por compra de fertilizantes, pero tuvo alcance y efectividad limitados. Las consecuencias de una campaña agrícola con bajos rendimientos las seguiremos viendo en los próximos meses, especialmente para el cultivo de arroz, que es uno de los más afectados actualmente, nos dice Eduardo Zegarra. ¿Por qué el impacto no ha sido mayor? Fernando Eguren, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) señala que si bien no hay estudios específicos sobre ello, algunas de las hipótesis que se plantean es que la reducción de la demanda de alimentos por parte de los restaurantes -derivada de la pandemia- jugó a favor de evitar un escenario de escasez, pero también que los pequeños y medianos agricultores optaron por descapitalizarse para financiar la campaña agrícola del año anterior.

A esta realidad global y a esta situación de precariedad de la agricultura familiar, se suma ahora la incapacidad del gobierno para asegurar que los agricultores accedan a los fertilizantes necesarios para la campaña de siembra que debería comenzar en julio-agosto próximos. Es cierto que la escasez de este insumo fundamental se debe también a un problema global derivado de la guerra en Ucrania, pero fue advertido apenas los países de la OTAN decidieron apostar por la aplicación de sanciones económicas a Rusia tras su invasión.

De hecho, a fines de marzo, Estados Unidos creó una excepción en sus sanciones a Rusia para permitir explícitamente las compras de fertilizantes rusos. Ello permitió a países como Brasil reponer sus reservas precisamente con compras a Rusia.

Pero el gobierno peruano, tras meses de mecidas, recién esta semana aprobó el decreto de urgencia (DU) para la compra de urea por S/ 348 millones. Se trata de uno de los fertilizantes más importantes, pero no el único, pues representa solo el 30% del valor total importado de fertilizantes, señala Zegarra. Agrega que, además, dicho monto no alcanza para cubrir ni el 25% del área sembrada por productores que usan fertilizantes químicos durante una campaña agrícola normal. Según ha afirmado el ministro de Agricultura, el ministerio de Economía les ha dicho que no hay dinero para más.

Eguren, de Cepes, agrega que la norma emitida no garantiza si quiera que el Ministerio de Agricultura vaya a estar en capacidad de concretar la compra de urea en los tiempos necesarios, pues todo indica que aún ni se tiene definido quiénes serán los países proveedores.

Otro problema de la norma aprobada, indica, es que el DU señala que para que los productores agrarios individuales sean beneficiarios, deben estar incluidos en el Padrón de Productores Agrarios, y que actualmente solo el 10% de productores están registrados en él. Todo ello sin considerar que Agro Rural, institución que se encargaría de la distribución, no está capacitada para ello.

El escenario más probable

¿Cuál es entonces el escenario más probable para el Perú en este momento? Que enfrentemos escasez y aumento de precios de productos como el trigo y el maíz amarillo, de los cuales, señala Eguren, el Perú importa el 90% y el 70% del total de lo que consume. Lo mismo sucederá con otros como el aceite de girasol, que arrastraría al alza los precios de las oleoginosas en general.

A ello se sumará una pobre campaña agrícola por la falta de fertilizantes, con al menos dos consecuencias: (i) aumento de la pobreza rural por la falta de producción y generación de ingresos y (ii) aumento de la pobreza urbana por escasez e incremento de precios de los alimentos. Recordemos que, según Cepes, el 57% de los alimentos que consumimos en el Perú provienen de la agricultura familiar. Por esa razón, la FAO ha advertido que la crisis alimentaria podría afectar a 15,5 millones de peruanos.

Al respecto, Eguren y la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, nos recuerdan que esta crisis se instalará sobre una previa, por la situación de pobreza y vulnerabilidad en la que quedaron millones de peruanos como consecuencia del COVID-19. Si consideramos que, en el quintil más pobre, el 50% del gasto total de las familias se destina a alimentación, y un 25% a energía, transporte, vivienda, no existe espacio para “ajustar” gastos; la única “salida” es dejar de comer.

La última encuesta de IPSOS muestra que el costo de vida ya ha pasado a ser el principal problema que afecta a los peruanos, con un 27% del total. Y lo peor de la crisis aún no ha llegado.

Trivelli apunta que el Perú podría tener la capacidad de afrontar esta crisis global echando mano de la diversidad de su producción agrícola, pero nos está pasando -y todo parece indicar que nos pasará- precisamente lo contrario. Si no se brinda apoyo social a las familias para que puedan comprar alimentos que serán aún más caros, y si no se asegura que los agricultores puedan producir en la campaña que se avecina, la profundidad y duración de esta crisis global será mayor para el Perú de lo que tendría que ser.

A la catástrofe alimentaria que se avecina para el mundo y para el Perú, habría que agregar que un escenario así también tendrá consecuencias sociales y políticas impredecibles.

La crisis será de tal magnitud que debería originar una movilización nacional como la que logró articular Estado, empresa y sociedad civil para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pero, ¿es posible conseguirla cuando el gobierno parece no tener idea de la dimensión de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir?

* Silvana Romero, politóloga, colaboró en el levantamiento de la información internacional.