Petroperú: Trabajadores anuncian paro nacional de 72 horas por privatización de la petrolera
Sindicatos denuncian que el Gobierno está empujando deliberadamente a Petroperú hacia el colapso financiero. Tras el decreto que desmembrana a la petrolera, la agencia internacional Fitch le retiró toda calificación.
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- Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos: Minem transfiere S/86,4 millones a ProInversión
La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú convocó a un paro nacional de 72 horas a partir del próximo lunes 19 de enero, en rechazo al noctámbulo decreto de urgencia N.° 010-2025, publicado por el transitorio régimen de José Jerí, el cual conduce la privatización de la empresa petrolera.
Las movilizaciones arrancarán con una jornada de protesta desde este miércoles 14 de enero, la cual incluye plantones y concentraciones en la Plaza San Martín, el edificio corporativo de Petroperú (San Isidro) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También se han programado vigilias descentralizadas en el norte, centro y sur del país. El paro nacional comenzará a las 00:00 horas del 19 de enero y comprenderá a todos los trabajadores de la empresa.
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Un día después, el 20 de enero, los sindicatos llevarán a cabo una marcha con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las protestas culminarán el 21 de enero con nuevos plantones frente al MEF.
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"Gobierno está llevando a Petroperú al colapso"
El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el Gobierno de José Jerí y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comandado por Denisse Miralles están conduciendo deliberadamente a la empresa estatal hacia una situación de colapso financiero.
Según los trabajadores, el Poder Ejecutivo ha optado por negar respaldo explícito, retrasar decisiones importantes y mantener a Petroperú en un prolongado estado de incertidumbre que destruye su credibilidad ante los mercados. "Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera", señalaron.
El gremio responsabilizó directamente al MEF, bajo la conducción de la ministra Denisse Miralles, por no haber diseñado un plan serio de estabilización y por transmitir al mercado la señal de que Petroperú es una empresa prescindible.
Fitch retira todas las calificaciones crediticias a Petroperú
En las últimas horas, en atención al decreto de urgencia que encamina la privatización de la petrolera, la calificadora de riesgo Fitch Ratings retiró todas las calificaciones crediticias de Petroperú y dio por terminada su cobertura analítica, al señalar que no cuenta con información suficiente y confiable para adoptar una decisión de calificación.
La agencia precisó que la medida se tomó sin emitir una acción de calificación, en un momento en el que la posición de liquidez de la empresa es débil y las conversaciones con el Gobierno aún se encuentran en curso.
Esta situación podría ser replicada en cadena en los próximos días por demás calificadoras como Standard & Poor's (S&P) y Moody’s, lo que profundizaría el aislamiento financiero de la petrolera estatal.
Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la decisión de Fitch no es un hecho aislado, sino una alerta sobre la falta de conducción y gobernanza. "Lo más grave es que este escenario era evitable con una conducción seria: cronogramas claros, transparencia oportuna, vocería técnica, y un plan de estabilización coherente, comunicable y verificable", indicaron.
Además, criticaron las irresponsables declaraciones, casi a diario, de la ministra de Economía Dennise Miralles y el premier Ernesto Álvarez, que trajeron abajo la cotización de los bonos de 82% a 72% y que han agravado no solo la incertidumbre, sino que, en solo dos meses de gobierno, han originado una crisis sin precedentes en la historia de Petroperú.
"Cinco presidentes de directorio, cuatro gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal", señalaron.
Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos
Este domingo, el Gobierno autorizó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfiera S/86,4 millones a ProInversión para financiar estudios y asesorías vinculados al proceso de privatización de Petroperú.
La medida fue oficializada en el diario oficial El Peruano y corresponde al primer desembolso de los S/144 millones autorizados para que ProInversión asuma la debida diligencia, valorización de activos y estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la empresa estatal. Aún resta transferir S/57,6 millones.
Según el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el decreto no busca rescatar a la empresa, sino "desmembrarla y venderla en condiciones desfavorables para el Estado peruano".
El decreto contempla dividir en uno o más bloques patrimoniales los bienes de Petroperú, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, una de las infraestructuras más modernas de América Latina y una vida útil económica estimada de 70 años, la cual es mirada con apetito por los privados.
Días antes de la resolución ministerial, ProInversión había solicitado "con carácter de urgencia" que Petroperú realice directamente la transferencia del monto, pese a la crítica situación financiera de la empresa, cuyo flujo de caja se destina principalmente al pago de acreencias, bonos y proveedores.
Tras los cuestionamientos, la agencia retrocedió y el requerimiento fue trasladado al Minem. Según la resolución, los recursos provendrán del presupuesto del Pliego 016 (Minem) y serán registrados como gastos corrientes en el rubro de donaciones y transferencias.
A estos montos se suman otros S/240 millones necesarios para financiar la ola de despidos, que podría afectar a cerca de 1.800 trabajadores, equivalente a casi el 70% de la planilla, pese a que el gasto laboral representa menos del 5% de los ingresos de la petrolera, según datos auditados y revisados por este diario en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En total, el proceso implicaría el uso de hasta S/297 millones en recursos públicos.
