Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos: Minem transfiere S/86,4 millones a ProInversión
El Gobierno activó el financiamiento público para iniciar la privatización de Petroperú, a lo que deberán sumarse todavía recursos por hasta S/297 millones. Tras decreto que desmembrana a la petrolera, Fitch Ratings decidió retirarle todas las calificaciones crediticias.
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El Gobierno autorizó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfiera S/86,4 millones a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para financiar los estudios y asesorías, que constituyen la primera piedra para llevar a cabo el proceso de privatización de Petroperú, amparado en el noctámbulo decreto de urgencia N.° 010-2025 publicado por el transitorio régimen de José Jerí.
La medida fue oficializada esta mañana en el diario oficial El Peruano. El monto corresponde al primer desembolso del total de S/144 millones autorizados (falta transferir S/57 millones) para que ProInversión asuma la debida diligencia, valorización de activos y estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la petrolera. Según apunta el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el decreto no apunta a rescatar Petroperú, "sino a desmembrarlo y venderlo en condiciones desfavorables para el Estado peruano".
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No olvidar que también se requieren S/240 millones para la ola de despidos, que incluye una reducción de personal que podría alcanzar a unos 1.800 trabajadores, equivalente a cerca del 70% de la planilla de la empresa, pese a que la carga laboral representa menos del 5% de los ingresos de la petrolera, según datos auditados y revisados por este diario en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
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En suma, tras el primer monto transferido, deberán sumarse todavía recursos públicos por hasta S/297 millones.
Días atrás, Proinversión, entidad que ha sido cuestionada por su nula experiencia en el sector hidrocarburos, solicitó "con carácter de urgencia" a la empresa estatal que le transfiera el millonario monto, pese a su situación financiera, dado que el flujo de caja disponible se destina principalmente al pago de acreencias financieras, bonos y proveedores. Tras los cuestionamientos, la agencia retrocedió y trasladó el requerimiento al Minem.
El decreto autoriza dividir los bienes de Petroperú en uno o más bloques patrimoniales, incluyendo activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara.
Según la resolución, los recursos provendrán del presupuesto del Pliego 016 (MINEM) y serán registrados como gastos corrientes en el rubro de donaciones y transferencias.
Sindicatos anuncian paro nacional de 72 horas
En paralelo al anuncio del financiamiento público, la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú S.A. convocó a un paro nacional de 72 horas a partir del 19 de enero, como parte de una serie de jornadas de protesta contra el decreto de urgencia al que califican como una "privatización encubierta" de la empresa estatal.
Las movilizaciones se iniciarán con plantones y concentraciones previas en Lima, incluyendo actos en la Plaza San Martín, el edificio corporativo de Petroperú y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El paro comenzará a las 00:00 horas del 19 de enero y comprenderá a todos los trabajadores.
Además, los sindicatos anunciaron una marcha pacífica el 20 de enero, con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la CUT, y convocaron a organizaciones sociales y a la ciudadanía a sumarse a las protestas. Las acciones culminarán con nuevos plantones frente al MEF el 21 de enero. También se han anunciado vigilias descentralizadas en el norte, centro y sur del país.
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Fitch le retira todas las calificaciones a Petroperú
Tras el decreto de urgencia del Gobierno, Fitch Ratings optó por retirarle todas las calificaciones de Petroperú al señalar que carece de información suficiente para tomar una decisión de calificación sobre el emisor o sus instrumentos de deuda. La agencia precisó que la medida se adoptó sin emitir una acción de calificación, en un momento en el que la posición de liquidez de la empresa es débil y las conversaciones con el Gobierno aún están en curso.
Con esta decisión, Fitch informó que ya no proporcionará calificaciones ni cobertura analítica sobre Petroperú. Además, indicó que los factores de calificación y la sensibilidad de la calificación dejan de ser aplicables, dado que las notas han sido retiradas. Dicha acción sería replicada en los siguientes días por las otras dos calificadoras que siguen a Petro-Perú: S&P y Moody’s.
Denuncian que el Gobierno busca llevar a Petroperú al colapso
El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el Gobierno de José Jerí y la ministra de Economía Denisse Miralles estarían llevando deliberadamente a la empresa estatal a una situación de colapso financiero, mediante la negativa a otorgar respaldo explícito, el retraso de decisiones y el mantenimiento de la empresa en un prolongado estado de incertidumbre.
Los trabajadores señalaron que la retirada de la calificación crediticia de Petroperú por parte de Fitch Ratings marca un punto de quiebre en la crisis de la petrolera.
"Esta incertidumbre ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera", sostuvieron. En ese sentido, responsabilizaron al MEF, bajo la conducción de la Miralles "por no haber diseñado un plan serio" y por haber transmitido al mercado la señal de que Petroperú es prescindible.
De acuerdo con el FSTPP, las consecuencias ya son visibles. Es decir, Petroperú queda prácticamente excluida del financiamiento internacional, enfrenta mayores costos operativos, ve comprometida su sostenibilidad financiera y se pone en riesgo la seguridad energética del país.
"La falta de transparencia, la ausencia de respaldo explícito y el discurso ambiguo del Ejecutivo han sido leídos correctamente por las agencias calificadoras: el Estado no está defendiendo a su propia empresa", exhortaron los sindicatos.
Los sindicatos alertaron que, de persistir esta línea de acción, una eventual caída de Petroperú no podría atribuirse a factores de mercado, sino al resultado directo de una política que, según denuncian, ha optado por debilitar una empresa estratégica antes que asumir el costo político de defenderla.
