El otro abandono: niñas y adolescentes gestantes bajo tutela estatal no tienen acceso a la salud sexual

El Estado peruano mantiene bajo su tutela a más de un centenar de menores madres o gestantes. Son niñas y adolescentes que llegaron a Centros de Acogida Residencial (CAR) tras haber atravesado situaciones de violencia, abandono o desprotección familiar. Pero una vez dentro del sistema estatal, las promesas de protección integral parecen diluirse entre protocolos incumplidos, falta de articulación institucional y nuevas formas de revictimización.

Información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), obtenida vía transparencia por La República, reveló que, hasta 2025, al menos 112 adolescentes madres o gestantes permanecían en CAR especializados en el país. Los centros —11 en total— se concentran principalmente en Lima, Junín y Loreto.

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Vacíos en la atención

Detrás de esos números, existen menores que continúan enfrentando vacíos graves en atención integral, salud sexual y reproductiva y acompañamiento psicológico, según denuncian especialistas. “El Estado se constituye en la función de padres y tiene que dar las garantías para asegurar el bienestar. Cuando lo ofrecido ya no tiene los estándares adecuados, se abre una línea de abusos”, advirtió a este medio Susana Chávez, directora de PROMSEX.

La experta sostuvo que el escenario es especialmente crítico tratándose de niñas y adolescentes embarazadas, muchas de ellas víctimas de violencia sexual previa. Explicó que la protección no puede reducirse únicamente al control gestacional o al alojamiento temporal.

“No es tan solo que la niña continúe o no el embarazo. Se necesita asegurar su salud, su retorno a la escuela, atención psicológica y reconstrucción de su proyecto de vida”, señaló.

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Graves brechas pese a protocolos

El sistema sí tiene normas. O, al menos, documentos que sobre el papel prometen protección integral. La Resolución Directoral N.° 153-2023-MIMP/DGNNA aprobó el 'Protocolo de acceso a la salud de niñas y adolescentes gestantes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos'. A ello se suman otras guías y directivas vigentes.

Sin embargo, el problema no sería la ausencia de normas, sino su implementación deficiente. El propio MIMP reconoce que las UPE (Unidad de Protección Especial) no otorgan a las menores consejería integral en salud sexual y reproductiva que incluya todas las alternativas contempladas por ley, como el aborto terapéutico.

Esto demostraría que, a pesar de los lineamientos existentes, en la práctica persisten graves vacíos en información, acompañamiento y acceso efectivo a derechos reproductivos. El protocolo deja en manos del Ministerio de Salud la aplicación de la guía técnica de interrupción terapéutica del embarazo, pese a que las menores están bajo tutela de Inabif, programa del MIMP.

La cartera señaló a este diario que su competencia se limita a implementar el procedimiento por desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes, mas no a brindar orientaciones o atenciones vinculadas directamente a salud.

“Cuando ocurre alguna situación vinculada a la afectación de la salud de los menores de edad, se articula con establecimientos de salud, cuya responsabilidad se encuentra a cargo del MINSA”, indicó el sector en un pronunciamiento remitido para este informe. Añadió que la atención integral se realiza “dentro del marco de sus directivas y protocolos”.

Sin embargo, especialistas advierten una falta de acceso efectivo a la información. Para Susana Chávez, esta omisión constituye una vulneración grave de derechos. “Las niñas son expuestas a riesgos cuando se les obliga a continuar un embarazo de manera forzosa”, afirmó. La especialista agregó que el sistema continúa funcionando de manera fragmentada, lo que perjudica a las menores.

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Un mecanismo deficiente

Para Paola Miranda, especialista en derechos humanos, el problema también radica en que la institucionalización continúa utilizándose como una respuesta frecuente frente a casos de violencia o desprotección, pese a que debería ser una medida excepcional y temporal, según estándares internacionales. “En la práctica termina siendo uno de los primeros recursos a los que recurre el sistema, cuando debería ser el último”, cuestionó.

El panorama se vuelve aún más delicado en el caso de adolescentes embarazadas o madres. Según explicó, la permanencia prolongada en instituciones puede agravar las afectaciones emocionales y psicológicas de quienes ya atravesaron situaciones de violencia previa.

Miranda recordó además que, una vez que el Estado asume la tutela de un menor, también adquiere la responsabilidad total sobre su salud, educación, integridad y desarrollo. “Hay una omisión de obligaciones y una revictimización. Muchas de estas niñas llegan tras sufrir violencia sexual y necesitan atención diferenciada con enfoque de género y trauma, acompañamiento psicológico y personal capacitado”, puntualizó.

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Invisibles ante el Estado

Pese al riesgo al cual están expuestas, el tema permanece prácticamente ausente del debate político. Tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú no ofrecen propuestas específicas orientadas a garantizar el bienestar de las menores bajo tutela estatal en sus planes de gobierno.

El vacío resulta aún más evidente tras casos mediáticos, como el controversial “albergue” de Milagros Jáuregui, que evidenció casos de abuso. Expertas advierten que el foco suele centrarse en episodios aislados y no en las condiciones estructurales que perpetúan la violencia.

Mientras tanto, adolescentes gestantes o madres continúan viviendo bajo un sistema que, aunque promete un cuidado integral, sigue acumulando cuestionamientos sobre cómo trata a quienes tiene la obligación de proteger.

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