Más de 2 600 menores víctimas de violencia sexual no accedieron al aborto terapéutico en el Perú
Las barreras administrativas y la falta de información agravan la situación. Las niñas en zonas rurales enfrentan mayores dificultades, perpetuando la desigualdad en el acceso a servicios de salud esenciales.
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El caso de la adolescente de Cajamarca que fue obligada a continuar tres embarazos producto de reiteradas violaciones sexuales ha vuelto a poner en evidencia una realidad crítica: en el Perú, miles de niñas víctimas de violencia sexual no acceden al aborto terapéutico, pese a tratarse de un procedimiento legal al que tienen derecho a acceder cuando el embarazo representa un grave riesgo para la salud física o mental.
Los datos oficiales disponibles confirman que no se trata de hechos aislados, sino de una falla estructural del sistema de salud que se repite en distintas regiones del país.
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Más de 2 600 niñas sin acceso a un derecho legal
De acuerdo con el informe Abortos terapéuticos realizados en el Perú entre el 2014 y 2023, elaborado por Promsex, se reportaron 2 780 gestantes menores de 15 años víctimas de violación sexual. Sin embargo, en esos mismos años, solo 177 menores de edad accedieron a un aborto terapéutico en los establecimientos de salud del Estado.
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Esto significa que al menos 2 603 niñas menores de 15 años, víctimas de violencia sexual y con embarazos en curso, no accedieron a un aborto terapéutico, pese a los riesgos evidentes para su salud física, mental y social.
Esta brecha, advierte Promsex, no solo responde a problemas administrativos, sino también a la falta de información por la que tienen que pasar las víctimas. “Actualmente podrían haber 12 728 casos de mujeres que han sido violentadas y que probablemente no han accedido al derecho del aborto terapéutico. No se les brinda información sobre este derecho. La situación es grave y constituye una negligencia”, señaló Flor Huayana, vocera de la organización.
Trámites que se convierten en obstáculos
El estudio identifica que una de las principales trabas es la lentitud n la aplicación del procedimiento establecido por la Guía Técnica Nacional. Aunque la norma fija plazos breves para la evaluación del caso y la conformación de la junta médica, en la práctica estos tiempos no siempre se cumplen.
Huayana advierte que estas demoras terminan anulando el derecho. “Hay casos de solicitudes que demoran varios meses y la gestación avanza. Incluso los médicos tienen miedo a ser judicializados. Existe negligencia por temas de tiempo y por requisitos. Lo que se busca es que la mujer cuide su vida”, precisó.
En el caso de niñas y adolescentes, el paso del tiempo es un factor determinante que puede cerrar por completo cualquier posibilidad de acceder al procedimiento, aun cuando el embarazo represente un riesgo grave.
Salud mental invisibilizada y miedo institucional
Otra de las barreras identificadas es la interpretación restrictiva de la causal salud, especialmente en lo referido a la salud mental. Huayana recordó el caso Camila, uno de los pocos que llegó a ser denunciado formalmente. “Se identificó que tenía un cuadro de estrés tras lo ocurrido. Se tiene que hacer una evaluación mental y ahondar en más aspectos”, explicó.
Además, advirtió sobre los riesgos médicos que implica un embarazo infantil. “Recordemos que a partir de los 14 años existe riesgo de que la menor pueda perder la vida. Y este no es un caso aislado, es algo que se repite reiteradamente en varias regiones del país”, añadió.
Falta de información y capacitación en los centros de salud
El informe también revela que el Ministerio de Salud no cuenta con registros sobre cuántas solicitudes de aborto terapéutico se presentan ni cuántas son rechazadas, lo que invisibiliza las vulneraciones. A ello se suma la falta de capacitación del personal sanitario.
“Lo importante es informar sobre el acceso a este derecho. Los centros de salud deberían capacitar a su personal, pero muchos no cuentan con una guía de procedimiento”, señaló la vocera de Promsex.
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