
La captura de un presunto homicida que permaneció oculto durante casi tres décadas bajo una identidad falsa en Perú ha evidenciado serias fallas en los sistemas de control y registro civil. Se trata de Christian Orozco Palomino, quien fue detenido en junio de 2025 en el distrito limeño de Pueblo Libre y, ocho meses después, fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por un crimen cometido en 1996, cuando tenía 16 años.
Según las investigaciones, Orozco Palomino es acusado del asesinato de un ciudadano estadounidense ocurrido en territorio norteamericano, presuntamente cuando integraba la banda criminal conocida como ‘‘Orgullo Centroamericano’’. Tras el crimen, habría abandonado el país y logrado evadir a la justicia durante años, estableciéndose en el Perú bajo una identidad completamente distinta.
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Para pasar desapercibido, utilizó el nombre de Eduardo Enrique Albarracín Trillo, con el cual desarrolló una vida aparentemente normal. Durante ese tiempo, trabajó como administrador de hoteles e incluso se desempeñó como controlador aéreo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, un puesto que requiere estrictos controles de seguridad y verificación de antecedentes.
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la forma en que obtuvo documentos oficiales con una identidad falsa. De acuerdo con las indagaciones, Orozco Palomino habría gestionado una nueva partida de nacimiento en la ciudad de Pisco. Para ello, contó presuntamente con la colaboración de un notario, un registrador civil y una mujer que figuró como su madre en los registros, lo que le permitió construir una identidad sólida reconocida por el Estado.
Tras su captura en Lima, las autoridades peruanas coordinaron con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) el traslado. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, desde donde fue extraditado para responder ante la justicia de Estados Unidos. Debido a la gravedad del presunto delito que se le imputa a Christian Orozco Palomino, podría enfrentar cadena perpetua.
Las autoridades peruanas continúan las indagaciones para determinar las responsabilidades de las personas implicadas en la presunta red que facilitó la falsificación de documentos oficiales. En tanto, el caso ha evidenciado serias fallas en los sistemas de control e identificación que permitieron a un prófugo permanecer oculto durante tanto tiempo sin ser detectado.





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