
La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Séptimo Despacho) dispuso la inmovilización de un lingote de oro de 5,55 kilos en un almacén aeroportuario del Callao, como parte de una pesquisa por presunto lavado de activos. La medida se ejecutó el 13 de marzo de 2026, tras advertencias sobre la procedencia del mineral.
El Ministerio Público informó que la barra está valorizada en US$736.243 (equivalente a S/2.557.340) y formaba parte de un envío con destino a la India. Mientras avanzan las diligencias, el oro quedará bajo custodia en una bóveda de la sede aduanera, a la espera de las decisiones fiscales relacionadas con su incautación.
De acuerdo con la información fiscal, las primeras señales de irregularidad fueron comunicadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo que permitió abrir la investigación penal. Con esos indicios, se ordenó asegurar el mineral antes de que salga del país, en el punto donde se encontraba listo para ser tramitado.
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La diligencia estuvo dirigida por las fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Mendez. En el procedimiento participaron agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos Provenientes de Delitos Comunes (Divilapdc), peritos de la Dirección de Criminalística de la PNP y representantes de la Sunat, quienes respaldaron la verificación y el aseguramiento del lingote.
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En este caso se investiga a tres personas y a una empresa por el presunto delito de lavado de activos vinculado a minería ilegal: María Isabel Mamani, Marleny Reyno, Lino Andrés Cáceres y 'Mari’s MH E. I. R. L.' Según la Fiscalía, los implicados estarían relacionados como trabajadores y proveedores de oro de la citada compañía.
La hipótesis fiscal sostiene que no se habría podido demostrar un origen lícito del mineral. Además, se recogieron elementos sobre un traslado irregular desde Lima hacia el Callao y observaciones en el arrendamiento de la planta de beneficio, descritas como inconsistencias relevantes para la investigación. Con estos antecedentes, el Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar responsabilidades.
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