Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado
La empresa Importaciones y Servicios Perú (Gold Bars) maneja una planta de procesamiento de metales en Samanco (Chimbote, Áncash), instalada en un terreno estatal sin contar con los permisos. La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente investiga a la compañía por los presuntos delitos de contaminación y minería ilegal.
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En una inspección de verificación en las instalaciones de la empresa minera Importaciones y Servicios Perú, emplazada en la localidad de Samanco (Chimbote), el fiscal Christian Díaz Mujica constató que en el lugar funciona una planta de procesamiento de minerales.
En la diligencia del 16 de enero de este año, estuvo presente el gerente general de la firma, Luis Bazán Suárez, sin embargo este impidió el ingreso de la autoridad alegando que no había sido notificado. Pero el fiscal pudo registrar en videos y fotografías a personal en plena faena.
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El fiscal Díaz llegó al lugar para constatar una denuncia contra Importaciones y Servicios Perú, según la cual había construido una planta de beneficio de minerales en un predio de propiedad estatal, bajo la tutela de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
El 12 de julio de 2024, la SBN otorgó de manera provisional a Importaciones y Servicios Perú, un predio de 252.005 metros cuadrados en la localidad de Samanco. Pero el 12 de septiembre de 2025, la entidad declaró nulo el procedimiento, por lo que la empresa no ejercía ningún derecho sobre el mencionado terreno.
Sin embargo, como se ha indicado, el fiscal Christian Díaz, a cargo del caso de presunta usurpación de un predio estatal, no solamente verificó que la planta continuaba dentro del terreno sino también que en la actualidad procesa minerales. La SBN ha sido informada sobre esta anomalía para que su procurador inicie las acciones legales, pero no se ha pronunciado.

Inquietante práctica
Consultado sobre esta situación irregular, el gerente general de Importaciones y Servicios Perú, Luis Bazán Suárez, declaró a La República que su representada está en regla: “Nuestra empresa cuenta con todos nuestros permisos al día y hacemos nuestras declaraciones con las entidades correspondientes del Estado”, afirmó.
La SBN está enterada de que la minera enfrenta una investigación fiscal por los presuntos delitos de minería ilegal y contaminación ambiental, derivados de sus actividades en su planta de Samanco. Mientras la SBN no se pronuncie sobre el caso de Importaciones y Servicios Perú, esta compañía seguirá procesando minerales.
“Se informa que a la fecha esta Superintendencia (SBN) no ha otorgado ningún derecho de servidumbre a favor de la empresa Importaciones y Servicios Perú sobre el referido predio (en Samanco)”, informó la SBN a las autoridades el 24 de octubre del 2025. De esta manera se comprueba que la planta de la minera está funcionando irregularmente en un área de propiedad estatal.
El 14 de marzo de 2025, el fiscal especializado en Materia Ambiental de la Provincia del Santa, Esneider Bustamante Delgado, inició el caso contra la planta de Samanco por presunta contaminación ambiental. El cinco de agosto del mismo año, la fiscal titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Evelyn Lamadrid Vences, incluyó a la firma Importaciones y Servicios Perú, y a su representante Luis Bazán Suárez, en el mismo expediente por el presunto delito de minería ilegal.
La minera Importaciones y Servicios Perú es de propiedad de Jorge Palacios Württele y Daniel Torres Joyllo, según Registros Públicos.

Contaminación bajo verificación
Como parte de la indagación, el 15 de septiembre de 2025, la fiscal del FEMA, Nataly Gonzáles Pastor, pudo ingresar en la planta, pero no se encontraba operativa en ese momento. Llegó acompañada de dos peritos del Equipo Forense en Materia Ambiental del Ministerio Público (EFOMA), de dos funcionarios del Área Técnica Ambiental de la Dirección Regional de Minería de Áncash, y de un representante de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), Jaime Quilche Cruz.
Pese a que la planta se encontraba inactiva, los peritos del EFOMA reportaron diferentes indicios de contaminación, según el informe que presentaron: “La presencia de afloramientos de agua subterránea (pozas) pueden ser susceptibles a contaminación por el desarrollo de esta actividad, indicando una necesidad de monitoreo y manejo para asegurar la calidad del recurso hídrico subterráneo”.
“El componente suelo puede verse afectado, debido a la alteración de la estructura natural del suelo, compactación, accesos, áreas operativas, lixiviados o derrames de relaves, lodos y soluciones residuales del proceso para la obtención del metal”, señalaron.
Evidentemente, de haberse efectuado el peritaje en pleno funcionamiento de la planta de beneficio de metales, se podrían haber registrado en su verdadera dimensión las actividades contaminantes.
Consultado sobre las diligencias de la FEMA, el gerente de la empresa, Luis Bazán, manifestó que las autoridades no encontraron nada y que siguen desarrollando sus prácticas de beneficio de minerales en la planta de Samanco.
“No tenemos absolutamente ninguna falta, y ya se ha demostrado ante la Fiscalía. Ese caso incluso ha quedado cerrado. Contamos con los permisos y las autorizaciones vigentes. La planta de Samanco es formal. La imputación de la Fiscalía no es de ahora, pero al día de hoy ese caso para mí está cerrado, porque no hay ningún incumplimiento con ninguna entidad del Estado”, explicó el gerente Luis Bazán.
Pero de acuerdo con fuentes de la FEMA, la última disposición fiscal sobre el caso, consiste en ordenar a la Policía Nacional investigar las condiciones en las que funciona la planta de Samanco de la minera Importaciones y Servicios Perú.
Lo que llamó la atención de la FEMA es que los funcionarios de la Dirección Regional de Minería de Áncash, no obstante haber constatado que la planta se encuentra activa, y que está instalada en un terreno de propiedad estatal sin autorización, no han tomado medidas respecto a la compañía minera.
Como puede apreciarse en las imágenes, el 16 de enero de este año el fiscal Christian Díaz no solo verificó que se desarrollaban actividades propias del procesamiento de mineral, sino también el uso de maquinaria pesada y la acumulación abundantes insumos químicos, incluso expuestos al aire libre, lo que representa una potencial contaminación.


























