
Los Injertos de San Juan de Lurigancho (SJL), una de las organizaciones criminales más activas de la capital que llegó a ampliar su influencia extorsiva en Lima Este, usaban teléfonos antiguos, con teclas y sin pantallas táctiles, para evitar cualquier tipo de seguimiento, mientras exigían pagos que superaban los S/100.000 a comerciantes textiles y pequeños negocios bajo amenazas de muerte.
La División de Investigación de Extorsiones de la PNP identificó que estos delincuentes actuaban con apoyo de bandas asociadas tanto en SJL como en el Rímac, manteniendo cuentas receptoras especialmente diseñadas para ocultar el flujo del dinero.
Según el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsión, la arquitectura financiera empleada por la organización funcionaba a través de tres eslabones de una cadena criminal que trasladaba los depósitos hacia los lugartenientes y cabecillas del grupo, algunos de ellos vinculados a bandas como Los Malditos de Bayóvar y remanentes del Loco Aroni.
Gracias a la trazabilidad de estas cuentas —ubicadas en distintas partes de Lima—, la Policía ejecutó operativos que permitieron intervenir a varios implicados y confirmar que el dinero llegaba directamente a la cúpula de Los Injertos de San Juan de Lurigancho.
“El día de ayer se ha realizado un exitoso operativo por esta trazabilidad de las cuentas receptoras. Se interviene a la persona y llegamos a más de lo mismo, que este circuito del dinero llega a la fase ejecutiva, a los cabecillas del grupo, en este caso a Los Injertos de San Juan de Lurigancho, asociados a Los Injertos del Rímac”, señaló para Panamericana.
A pesar de las detenciones, algunos remanentes de la organización dirigida por el Loco Aroni seguían activos en las calles, incluso reclamando pagos a víctimas que ya habían denunciado los hechos; el último depósito hacia esta banda se realizó el 12 de noviembre. Por otra parte, Alias Abel, alias Pierol y alias Makelele, permanecen detenidos en la Dirincri y enfrentan una carpeta fiscal abierta desde septiembre por la presunta comisión del delito de extorsión.
Las autoridades trasladaron el caso a la División de Investigación de Extorsión para profundizar en el circuito financiero y determinar si más integrantes —incluyendo posibles cabecillas vinculados al Rímac— siguen moviendo fondos ilícitos. Para la PNP, desarticular completamente la red requiere de trabajo de inteligencia en penales en coordinación con el INPE.
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