'Amenazaron matar a mi familia': extorsionistas le exigían 100 mil a comerciante
Agentes de la División de Investigación de Extorsiones narraron cómo capturaron a una banda criminal en San Juan de Lurigancho. Hicieron seguimiento a un mensaje por WhatsApp y al retiro de dinero de una cuenta bancaria.
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La extorsión comenzó con el envío de un mensaje por WhatsApp por parte de un grupo criminal a la víctima. En el escrito y a través de un audio le dijeron debía depositar S/100 mil lo más pronto posible y que si no lo hacían tomarían represalias contra él, sus familiares o sus locales.
Preocupado por las amenazas, realizó diferentes depósitos a nombre de Abel Jorge Aquino Janampa. La última transferencia ocurrió a las 11.19 horas del 12 de noviembre.
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De inmediato, agentes de la División de Investigación de Extorsiones que ya habían sido advertidos sobre a extorsión, pusieron en ejecución una orden de operaciones en forma discreta.
Realizaron acciones de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los autores y se dirigieron a la avenida Santa Rosa 590, urbanización Santa Rosa, San Juan de Lurigancho. Observaron a un sospechoso en un taller mecánico y procedieron a intervenirlo en flagrancia. Se trataba de Abel Aquino Janampa, de 49 años.
Durante la intervención dijo que el dinero que portaba iba a ser entregado a Piero Martín Injante Castro (41), quien también fue intervenido en el jirón Collasuyo 238, en el mismo distrito. Este indicó que las persona que enviaba los mensajes extorsivos es Fernando José Basaldua Orihuela (22), alias Makelele, quien reside en la urbanización Jorge Basadre. Este fue intervenido en la Mza W, lote 17.
El coronel Víctor Revoredo explicó que los tres integraban la banda crimina Los Injertos del Rímac y que se dedicaban a extorsionar a empresarios y comerciantes de la zona oeste de Lima. Se les incautó S/ 3.600, trece teléfonos celulares, na tarjeta de crédito incriminada y un automóvil.
Fue así como los policías, interceptaron las llamadas que la víctima sostenía con los delincuentes y establecieron que las llamadas de estos provenían de uno de los 13 celulares.
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Para evitar ser detectados, los delincuentes se comunicaron con la víctima desde números diferentes, pero aún si pudieron ubicar el lugar de origen de las llamadas.
Después de varios días, los agentes dieron con una de las personas que tenía parte de dinero cobrado tras las llamadas y mensajes extorsivos y consiguen ubicarlo en un taller, pero previamente ya tenían ubicados a las otras dos personas a las que se les pudo identificar totalmente.
Todos terminaron detenidos durante el tiempo de flagrancia delictiva según los alcances del estado de emergencia decretado por el gobierno de acuerdo al decreto supremo N° 124-2025-PCM de fecha 21 de octubre.
























