¿La criminalidad en el Perú se solucionará expulsando a extranjeros? Para el Ejecutivo, encabezado por el presidente Pedro Castillo y el primer ministro, Aníbal Torres, la respuesta parece ser positiva. Con argumentos como revitalizar la paz social, mantener el orden interno y la seguridad ciudadana, hace unas semanas anunciaron la presentación de un proyecto de ley para deportar a inmigrantes.
El pasado lunes 15 de agosto oficializaron el documento que fue entregado a la presidenta del Congreso, Lady Camones. En el Parlamento deberán aceptar o rechazar esta propuesta. Pero ¿en qué consiste?, ¿cuáles son los argumentos que esgrime el Ejecutivo para endurecer las medidas sobre los extranjeros?, ¿y qué debilidades tiene este?
Al revisar el documento, La República pudo encontrar algunas contradicciones. Los estudios que referencia para sustentar su posición —”Inmigrantes venezolanos, crimen y percepciones falsas” y ”Migración y crimen en el Perú”, del Minjus— señalan entre sus conclusiones que la migración y los índices elevados de criminalidad no tienen relación causa-efecto. Sin embargo, desde el Gobierno insisten en que las medidas planteadas solucionarán el problema en el país.
Según los últimos datos de Migraciones, los ciudadanos venezolanos son los extranjeros con mayor presencia en Perú. Se han registrado poco más de un millón hasta el momento. Luego siguen los colombianos con 41.532 ; bolivianos y mexicanos, con 21.476 y 5.129, respectivamente.
Debido a la gran cantidad de personas provenientes de Venezuela, en los informes citados y el proyecto de ley presentado, el foco recae sobre ellos.
El PL ha aumentado el tiempo de expulsión de personas de otras nacionalidades: pasó de 15 a 25 años. Entre las causales más polémicas resaltan el incumplimiento de las medidas sanitarias (como la vacunación contra la COVID-19), hallarse a bordo de un transporte motorizado de delivery sin tener permiso para ello, no portar documento de identidad, entre otros.
En el Perú, la vacuna —pese a los beneficios que tiene— no es obligatoria. Por ende, sería una medida diferenciada y aplicada únicamente contra extranjeros.
En lo propuesto resaltan que se trata de una diferenciación y no discriminación, porque “el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables”. Sin embargo, las estadísticas y porcentajes que dan a conocer describen lo contrario.
El informe del MINJUSDH muestra cifras hasta diciembre de 2021 en las que se destaca que, en el Perú, “de cada 100.000 peruanos, 264 están en la cárcel por cometer un delito, mientras que, de cada 100.000 venezolanos, 121 se encuentran en un centro penitenciario”. Es decir, los peruanos aún siguen cometiendo más delitos que los venezolanos: por cada venezolano que delinque hay dos peruanos que hacen lo mismo en el país. Es más, revelan que, del total de ciudadanos en la cárcel, menos del 2% proviene de Venezuela.
¿Si se elimina ese 2%, dejará de haber delincuencia en el Perú? Cuando los criminales venezolanos (o de otras nacionalidades, aunque se mencione con menos frecuencia) hayan sido deportados, ¿Perú pasará a ser una tierra de amor y paz? Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, la medida es simplemente populista. “No hay análisis. Es un tema totalmente emocional (…). Así no se puede manejar el problema de la inseguridad. Esta se persigue en el país independientemente de la nacionalidad que tenga el delincuente”, dijo a este medio.
Población venezolana recluida en cárceles representa el 1,78% del total de población penal. Foto: captura informe MINJUSDH
Cabe resaltar, además, que los datos del INPE y del INEI sostienen que, del total de ciudadanos venezolanos en el Perú, solo el 0,1% han sido detenidos. No llega siquiera al 1%, pero la percepción que se tiene, y que este proyecto de ley reafirma, es que existe una gran tasa de criminalidad de población extranjera, específicamente de quienes provienen de Venezuela, pese a la realidad.
Además, en el caso de los ciudadanos venezolanos encarcelados, solo el 23,1% ha sido sentenciado. Esto “pone en mayor condición de vulnerabilidad a las personas inmigrantes que se encuentran recluidas pues se encuentran privadas de su libertad sin sentencia”, apunta el informe.
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Las cifras del informe del Ministerio de Justicia, citado en el PL, muestran que, si hablamos de la relación entre migración y delincuencia, también deberíamos ver el caso de nuestros compatriotas en otros países. Por ejemplo, en Chile, de cada 100.000 peruanos, 207 están en centros penitenciarios por haber delinquido. En el caso de los venezolanos en Perú, este número es casi la mitad.
En el Perú, más compatriotas cometen delitos que extranjeros venezolanos. Foto: captura informe MINJUSDH
¿Esto significa que también los peruanos deberían de ser expulsado de Chile? No. Para Nancy Arellano, del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), todas las personas deben tener acceso al debido proceso, la no discriminación y la igualdad ante la ley. No se están planteando soluciones con “sustancia o políticas serias en seguridad ciudadana, respeto a los convenios internacionales y compromisos nacionales”, sostiene.
Agrega que, por el contrario, criminalizar la migración, puede representar un empujón “para que proliferen estas organizaciones criminales que encuentran cada vez más víctimas para sus redes de tráfico y trata de personas”.
De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Justicia, los peruanos afirman que se sienten inseguros por la migración y que creen que son propensos a ser asaltados por extranjeros. Sin embargo, esto tiene un gran sesgo, ya que, cuando se les pregunta si alguna vez han sido víctimas de “robo, hurto, extorsión, amenaza, maltrato, ofensas sexuales, secuestro o estafa”, el porcentaje disminuye.
Porcentaje de población que ha sido víctima de delincuencia por parte de extranjeros ha ido disminuyendo desde hace unos años. Foto: informe del MINJUSDH
Lo que sí ha aumentado en gran medida es el uso de armas de fuego cuando se ejecuta un delito. Pero esto ya venía desde el 2011, cuando en el Perú no había gran cantidad de población venezolana. Se mantuvo constante de 2014 a 2018, año en el que creció otra vez.
Otros estudios citados coinciden en que no existe asociación entre la migración y la criminalidad. Aun así, el rechazo a los “otros”, a los extranjeros, en específico a los ciudadanos venezolanos, es muy común. Y es allí cuando ocurre la xenofobia, ya que existe una realidad objetiva y otra que es la subjetiva o percibida.
Mientras la realidad con datos y estadísticas nos muestra que no hay una relación entre migración y criminalidad, las personas nativas del territorio afirman lo contrario. Esta vez, incluso desde las altas esferas del poder, como el Ejecutivo, se reafirma el discurso erróneo.
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“Debe determinarse qué perdería la sociedad si se amplía el plazo de expulsión de extranjeros a 25 años, si se amplían los supuestos de expulsión y si se agrava el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad cuando el extranjero expulsado del país, reingresa, desobedeciendo a la orden de la autoridad de control migratorio”, dicta el proyecto de ley.
Cabe preguntarse también qué es lo que ganaría el Perú con la deportación de estas personas, si se soluciona el problema de seguridad ciudadana —que de acuerdo a expertos no pasaría— o si solo acrecienta la percepción de que el Gobierno escucha el clamor popular —que en ocasiones, como esta, puede no ser el correcto—.
Foto: AFP.