Medida xenófoba: Minjus presenta proyecto de ley para expulsar a extranjeros del país
Una vez más, las autoridades pretenden atacar la inseguridad ciudadana con la expulsión de extranjeros y no ir al problema de fondo. Defensoría rechaza este tipo de iniciativas.
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) ha presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para la expulsión de los extranjeros que estén en el país. Con esta medida, el sector liderado por Félix Chero busca reducir la delincuencia y criminalidad que abunda en el territorio peruano.
“La presente ley tiene como finalidad establecer medidas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la afectación al orden interno por parte de ciudadanos extranjeros”, se lee en el documento.
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En el texto, el Minjus especifica en qué casos los extranjeros serían retirados del Perú:
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- Realizar trámites migratorios mediante la presentación de documentación falsa o haber proporcionado datos falsos
- Por encontrarse en situación migratoria irregular
- Por atentar contra el Patrimonio Cultural de la Nación
- Realizar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad nacional
- Por no portar documento de identidad o poseer uno falso
- Por hallarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización
- Por hallarse en su poder drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
- Por hallarse a bordo de un transporte motorizado de delivery sin acreditar permiso y autorización de la autoridad competente
- Por hallarse conduciendo un vehículo sin acreditar la titularidad y/o cesión del mismo.
Una iniciativa similar impulsó el alcalde de la provincia de Piura, Juan José Díaz Dios. La autoridad también anunció esta medida como una solución ante la delincuencia.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo condenó estas propuestas al considerarlas que son estigmatizantes contra una determinada población. En esa línea, el órgano constitucional recordó que la inseguridad ciudadana debe ser atacada desde un ámbito preventivo y punitivo.
“Advertimos que esto atenta contra la no criminalización de la migración irregular y obligaciones internacionales del Estado. Recordamos que toda/o funcionaria/o pública/o debe ejercer su función sin prejuicios y desde un enfoque de derechos humanos”, escribieron en sus redes sociales.
