Expulsar extranjeros no soluciona el tema de la inseguridad

El anuncio del Gobierno de expulsar a extranjeros que cometan delitos en el Perú, tengan situación migratoria irregular o no cuenten con las tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, ha sido señalado como una medida que no solucionará la inseguridad ciudadana, así como populista y desproporcionada.

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés explica que basta con ver la proporción de delitos cometidos por extranjeros para entender que la expulsión no es una solución. Para empezar, precisa, los ciudadanos con otras nacionalidades que están en los penales representan alrededor del 3% de la población penal. En cuanto a los venezolanos, dice que hay alrededor de 1.500 que están internados con prisión preventiva y con sentencia, fuera de las 90 mil personas, nacionales y de otros países, que están en distintas prisiones a nivel nacional.

“No llega ni al 2%. Esto significa, para hablar de cifras redondas, que el 97% de la población penal es absolutamente peruana. Es decir, son los peruanos los que cometen la mayor cantidad de delitos”, sostiene.

Incluso, el 2020 en Lima metropolitana y el Callao el número de ciudadanos venezolanos denunciados por diversos delitos fue de 748, lo que representó el 0.72% del total, según un informe de la OIM y el Ministerio Público publicado este año.

En ese sentido, Valdés añade que por ello es desproporcionado señalar a la población venezolana como la causa principal del problema. Más bien, refiere, para resolver la inseguridad ciudadana se debe trabajar con la Policía, los alcaldes, el Ministerio Público y el resto de operadores de justicia.

Medida populista

Mientras tanto, para Nancy Arellano, encargada Pro Tempore del Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el anuncio del Ejecutivo “recuerda medidas políticas que tienen un corte populista”. Esto debido a que no se están planteando soluciones con “sustancia o políticas serias en seguridad ciudadana, respeto a los convenios internacionales y compromisos nacionales”.

Sumado a ello, hace énfasis en que los delincuentes también tienen que pasar por el debido proceso. “Si alguien delinque en el Perú, entonces la justicia peruana tiene que tomar parte y dictar sentencia. Tiene que pagar su deuda con la sociedad peruana”.

El exviceministro Valdés tiene una posición similar. Él considera que el mandatario gana algo con su mensaje: sintonizar con un sector de la población, independientemente de izquierda o derecha, que piensa que los ciudadanos venezolanos son los responsables de la inseguridad; sin embargo, es algo vacío. “No hay análisis. Es un tema totalmente emocional (…). Así no se puede manejar el problema de la inseguridad. Esta se persigue en el país independientemente de la nacionalidad que tenga el delincuente”.

Contra derechos

Asimismo, Arellano manifiesta que “la norma es claramente inconstitucional”.

Sostiene que, por ejemplo, el Decreto Legislativo de Migraciones señala que no se criminalizará la migración irregular, pero, por otro lado, ello es lo que se hace. Vale recordar que el último miércoles fue el premier Aníbal Torres quien anunció que habían aprobado una ampliación a las causales de expulsión, en las que se incluía la situación migratoria irregular.

También indica que se están vulnerando derechos, como el proyecto del Congreso que limita el acceso al alquiler de vivienda a los migrantes y refugiados en situación irregular, que un día antes el propio Ejecutivo había observado.

La vocera de la CNDDHH también dice que se está vulnerando derechos fundamentales, como el acceso al debido proceso, la no discriminación, a la igualdad ante la ley, entre otros. En esa línea, Valdés asevera que no se puede aplicar una sanción, como es la expulsión, a un solo grupo de personas. “La aplicación de la ley debe darse sin distingo de nacionalidad, raza, etc., y ahí están afectando la Constitución. Yo no puedo discriminar a nadie por su origen. Eso está prohibido”.

Criminalizar la migración es peligroso

Nancy Arellano sostiene que el criminalizar la migración, “lejos de plantear soluciones efectivas en materia de seguridad, muchas veces representa el primer empujón para que proliferen estas organizaciones criminales que encuentran cada vez más víctimas para sus redes de tráfico y trata de personas”.

La Defensoría del Pueblo también ha rechazado la medida anunciada por el Gobierno por considerarla arbitraria.

La palabra

Ricardo Valdés, exviceministro del Interior

“Si una persona ha cometido un delito en el país, tiene que ser procesada en el país. Y tiene que purgar condena en el país (...). La aplicación de la ley debe darse sin distingo de nacionalidad”.