El método de la castración química a violadores de niños, adolescentes y mujeres, que evalúa aplicar el Gobierno, ha provocado discrepancias entre sectores de la ciudadanía, especialistas y políticos. Incluso, en el mismo Ejecutivo, mientras que el Ministerio de Justicia señala que el proyecto ya está listo; en la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) advierten que aún no han conversado el tema con el presidente Pedro Castillo.
Tras el secuestro y la agresión sexual a una niña de tres años en Chiclayo, el mandatario declaró que esta medida es una “opción”, como ya ocurre en otros países del mundo. Al respecto, el titular de Justicia, Félix Chero, precisó que el proyecto de ley ya está listo y estimó que sería discutido en el próximo Consejo de Ministros. “Debemos estar aprobándolo el miércoles y luego será enviado al Poder Legislativo para su discusión”, dijo a Exitosa.
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A su vez descartó que el Gobierno esté considerando salir del Pacto de San José, a propósito de los pedidos de pena de muerte contra violadores.
Sin embargo, esta propuesta aún no ha sido conversada con la titular del MIMP, Diana Miloslavich, pese a que el viernes coincidió con el presidente Castillo en Chiclayo, para seguir el caso de la niña de 3 años atacada por Juan Antonio Enríquez García.
El último sábado señaló que la cartera que dirige aún no ha emitido opinión respecto a la castración química, ni a la pena de muerte para violadores. “Seguramente en el próximo Consejo de Ministros será uno de los temas que vamos a conversar”.
No obstante, el método ha sido cuestionado y hasta descalificado por especialistas y políticos.
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“No estoy de acuerdo con la castración química porque puede exacerbar la violencia física del abusador hacia la víctima”, dijo Matilde Cobeña, adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo.
Agregó que “es una medida ineficiente” como método preventivo contra los delitos contra la libertad sexual. “Tenemos cadena perpetua como pena. ¿Esto ha disuadido a los agresores? ¿Esto ha ayudado a reducir la violencia hacia la niñez y la adolescencia?”, preguntó.
Al respecto, señaló que “no existe evidencia” de que la castración química pueda contribuir a reducir la incidencia de dichos delitos contra menores.
Por su parte, la organización feminista Demus calificó esta medida de “populista” y exigió al Ejecutivo que aborde estos casos con una política pública basada en resultados y con presupuesto suficiente. “La prevención debe ser materializada en la igualdad de género e intervenciones en salud y educación”, manifestó.
Y mientras sigue el debate, ayer nuevamente se convocó a una marcha en el Centro de Lima para exigir la mayor pena contra Juan Enríquez García.
Violador Juan Enríquez
En tanto, en San Martín, la Policía estableció que Pío Huamán Valqui, el curandero acusado de asesinar a un niño de un año y 8 meses, y la madre del menor, su sobrina política, eran amantes.
A este giro se sumó el resultado de la necropsia. El niño no fue abusado sexualmente, murió por ahogamiento. Esta historia comenzó en diciembre del 2021, cuando J.T.M. decidió dejar Rioja para ir a vivir con su tía Marleni, esposa de Pío. Tuvieron una relación y en febrero planificaron fugar, pero sin el niño.
Matilde Cobeña, Defensoría del Pueblo
“La castración química es una desviación de la pena, que hasta ahora ha resultado ineficiente. Necesitamos concentrarnos en otras soluciones. Eso no ha logrado disuadir a que se cometan estos hechos”.
Félix Chero, Ministro de Justicia
“Hay voces altisonantes que plantean dos cosas: pena de muerte o castración química. Creo que más allá del protagonismo, del populismo, debemos hacer un análisis profundo. La pena de muerte es populista”.