La pena de muerte para violadores no es una salida eficaz para proteger a la niñez

¿Sabías que las niñas, niños y adolescentes son los principales víctimas de violación sexual en el Perú? Hay una cifra dolorosa de la que es necesario hablar y reflexionar. Aquí casi el 70% de víctimas de este crimen son menores de 17 años: 1.078 menores padecieron este tipo de violencia de un total de 1.606 casos denunciados e identificados solo en los dos primeros meses del año. Una estadística que se repite año tras año.

Esta vez, el machismo se ensañó con una pequeña de apenas 3 añitos que vivía en Chiclayo, Lambayeque. Ella fue secuestrada, torturada y ultrajada, según las investigaciones. Su agresor, Juan Antonio Enríquez García, tiene 48.

A raíz de este caso, sectores antiderechos levantaron la bandera de la pena de muerte para violadores para aprovechar la rabia e indignación colectivas; sin embargo, especialistas en la defensa de los derechos de las mujeres advierten que están instrumentalizando el dolor de esta niña y su familia, además de que esta sanción no resuelve el quid del asunto y expertas más bien apelan por medidas a largo plazo que erradiquen la violencia machista en la que son educados los varones que consideran a las mujeres y niñas como objetos de propiedad.

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Pues, ojo, no se trata de defender a los agresores sexuales sino prevenir que más niñas y mujeres sean víctimas de ultrajes que dejan hondas secuelas físicas y psíquicas en sus vidas.

“Hay que trabajar en la prevención, hay que trabajar en no permitir la impunidad. Recién cuando salen estos casos que nos horroriza, la indignación, la rabia nos hace decir ‘pena de muerte’, pero en realidad, más allá de estar de acuerdo o no con eso, no soluciona el problema, y es que hay un problema álgido de violencia contra las niñas, que es el que se tiene que solucionar, porque no queremos que hayan más de estos casos” , explica Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

“Hay que dirigir el debate a cuestionarnos en qué estamos fallando como sociedad para que estemos produciendo esta clase de agresores, abandonar el discurso desde la indignación, el lenguaje inmediato, coloquial. Podremos decir ‘sí, es un monstruo, es un enfermo’, pero en realidad, estoy completamente segura de que aquellos que lo conocen hasta se van a sorprender de que haya hecho eso y van a decir ‘pero él era una persona completamente normal’, y es que los agresores no tienen la frase ‘soy agresor’ en la cabeza. Son personas completamente socializadas en un mundo muy machista y donde el ejercicio de poder sobre los más vulnerables, en este caso las niñas, fortalece su machismo, su poder”, añade.

En el caso de los abusos sexuales como tocamientos indebidos y otros actos de connotación sexual, las niñas vuelven a ser la principales víctimas, según grafican las cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Desde antes de la pandemia por la COVID-19, la situación fue igual de angustiante, pues durante el año 2019, el Programa Aurora registró la atención de 12.364 casos de violencia sexual, de los cuales 5.140 fueron de violación sexual. De esa cifra, se identificó que 92% fueron contra niñas y adolescentes mujeres, es decir, 4.739 casos.

“Si revisamos las cifras, el Centro de Emergencia Mujer registra entre el 2019 y este año, más de 21.000 casos de violencia sexual. Entonces creo que hay que ver por qué no se les hace un monitoreo de conducta a cada agresor, es un potencial riesgo para otras mujeres y para otras niñas”, adiciona Meléndez.

Un debate estéril

A su turno, la socióloga Jessenia Casani, de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, sostiene que la conversación de la pena de muerte es instrumentalizar las luchas de las mujeres por intereses políticos particulares.

“Estos debates que surgen de forma cíclica sobre la pena de muerte, cuando hay particularmente estos casos, son debates muy populistas de parte de líderes políticos o autoridades que muchas veces buscan aglutinar el acuerdo de la población que está indignada y con rabia”, detalla Meléndez, de opinión similar a Casani.

¿Entonces en qué necesita trabajar el Perú?

“Para enfrentar la violencia de género urge presupuesto público para trabajar la prevención primaria; esa prevención centrada en erradicar los pensamientos machistas que justifican y toleran tanta violencia; que permite a muchos hombres, sean jóvenes o adultos, ver a niñas y mujeres no como sus iguales y con respeto, sino como cuerpos y vidas que pueden usar, someter y controlar. Necesitamos urgentemente presupuesto público para la prevención primaria”, alerta Casani.

Prevención, el camino más largo, pero con soluciones estructurales

Una salida a los altos índices de violencia sexual contra niñas y adolescentes pasa por la implementación de la educación sexual integral (ESI), según señala Matidel Cobeñas, adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo.

“Hablar de prevención pasa por la implementación de la ESI como una forma de prevenir la violencia, de prevenir embarazos y todos los beneficios que ya sabemos tiene la educación sexual integral”, indica la representante defensorial.

“Para que no vuelva a pasar esto y nos volvamos a indignar en unos años y a tener momentos dolorosos en las familias y la sociedad en general, hay que prevenir. La pena de muerte no va a hacer que esto se reduzca. En ninguna parte del mundo la pena de muerte es una medida efectiva para que puedan reducir las violaciones sexuales. Ni siquiera el aumento de la pena, en nuestro país estos casos han hecho que este tipo de delitos se castiguen con cadena perpetua para los casos de violación sexual de menores, pero las cifras no han bajado. En la pandemia muchas niñas han sido violentadas en su entorno familiar y, sin embargo, esto no ha bajado. Tenemos que mirar un enfoque preventivo para evitar que se repitan estos hechos”, agrega Cobeñas.

Por otra parte, Casani también resaltó en la necesidad de lograr que el sistema especializado de justicia llegue a todos los distritos judiciales para que no haya impunidad que siga enviando un mensaje social de tolerancia frente a la violencia de género.

Por lo pronto, debido a la gravedad del caso y lo mediático que se volvió, el Poder Judicial resolvió rápidamente enviar a nueve meses de prisión preventiva al violador de la niña de tres años, una rapidez que no se evidencia ante casos menos visibilizados por la prensa.

En Lima y La Libertad miles de personas salieron a protestar movidos por la violencia del ultraje sexual. Con pancartas de “A las niñas no se tocan, no se violan”, salieron a alzar su voz de protesta y a exigir cadena perpetua contra el violador confeso Juan Antonio Enríquez García.

“Si solo nos dedicamos a sancionar en unos días, semanas o meses vamos a tener nuevas víctimas”, sentenció Cobeñas.