¿Qué es la castración química y por qué la proponen como respuesta a la violencia sexual?

El secuestro y la violación de una niña de 3 años en Chiclayo, Lambayeque, levantaron la indignación de la población peruana, por lo que el Ejecutivo propone la castración química como una sanción contra los agresores sexuales.

Fue el mismo presidente Pedro Castillo quien anunció que el Gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo.

“Este hecho atroz e inhumano nos lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos que son nuestros niños y niñas, y la castración química es una opción, no podemos esperar más”, manifestó.

¿En qué consiste esta medida y por qué grupos que defienden derechos de las mujeres se oponen a ella?

La castración química es un tratamiento médico reversible, pues consiste en la administración de medicamentos que reducen la líbido —pueden ser Dietilestilbestrol (DES), acetato de medroxiprogesterona o la hormona liberadora de hormonaluteinizante (LHRH)— y se aplica con el objetivo de impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales sean reincidentes y afecten a nuevas víctimas.

El doctor Bernard Cordier, psiquiatra del hospital francés Foch de Suresnes, le dijo a BBC Mundo que la eficacia del procedimiento sobre el control del comportamiento sexual es cercana al 80%, aunque advirtió que “hay varios factores” que pueden alterarla.

“Este tratamiento hace caer la tasa de testosterona a un nivel muy bajo, correspondiente a la tasa femenina”, explicó.

¿Desde cuándo se discute la medida en Perú?

La iniciativa no es reciente, ya que el Congreso ya había propuesto y aprobado en el pleno en el 2018 la castración química contra los delincuentes cuando el juez así lo decida.

La aplicación de la cadena perpetua fue aprobada por unanimidad, mientras que la castración química tuvo más de 20 abstenciones y 7 votos en contra. Posteriormente, a pedido de los entonces congresistas Lourdes Alcorta, Marisa Glave, Marco Arana, entre otros, la medida complementaria de la castración química fue sacada del texto aprobado por la Comisión Permanente, por lo que quedó descartada.

A cambio aumentó la pena hasta cadena perpetua por ese delito y la hizo imprescriptible.

Esta vez, el mandatario indicó que la viabilidad de la castración química deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso de la República para su legalidad.

Posturas en contra

Desde “Demus - Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer” expresaron que rechazan la medida y exigen al Ejecutivo abordar los casos de violación sexual en el marco de una política pública basada en resultados y con presupuesto suficiente para implementarla.

“La prevención debe ser materializada en políticas de igualdad de género e intervenciones articuladas, fundamentalmente desde el sector salud y educación. Así como garantizar el acceso a Educación Sexual Integral (ESI) y la articulación, desde un enfoque territorial, con gobiernos regionales, locales y sociedad civil para cambios de sentidos comunes que normalizan la violencia”, señaló la organización.

La misma postura tuvo la excongresista y activista por los Derechos Humanos Rocío Silva Santistevan, quien dio sus argumentos en contra de la propuesta del Ejecutivo a través de su cuenta de Twitter.

“Ese ‘remedio’ dejó de usarse en varios países hace años porque no hace la diferencia. La diferencia comienza por investigar las miles de desapariciones de mujeres y niñas, y tomar en serio la violencia contra las mujeres”, indicó.

Finalmente, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán señaló que lo que se necesita, en lugar de la castración, son medidas como la prevención y la lucha contra la impunidad.

“El problema de las medidas populistas es que distraen a la ciudadanía de exigir cambios concretos a corto, mediano y largo plazo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, que es un problema anclado en la discriminación, no una conducta aislada de pocos”, manifestó la institución.

Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en el 2021 hubo 5.728 denuncias de abuso sexual contra niñas y adolescentes. En promedio, unas 16 cada día, sin contar los casos que no son reportados o identificados.

Hay otro dato más desolador: en el 81,5% de los casos el abusador sexual era familiar de la víctima.