Sociedad

Evalúan pena de castración química para violadores ante muerte de niño

Conmoción. Menor de un año y 8 meses fue asesinado en San Martín por su tío Pío Huamán Valqui, un curandero que ya fue detenido y afrontaría cadena perpetua.

En Tarapoto. La población participó anoche de una vigilia. Pidieron castigo para el homicida. Foto: difusión
En Tarapoto. La población participó anoche de una vigilia. Pidieron castigo para el homicida. Foto: difusión

Tras la condena y el repudio que provocó hace unos días el secuestro y agresión sexual de una niña de tres años, en Chiclayo, el país volvió a ser conmocionado ayer por otro hecho violento que terminó con el asesinato de un niño, en la región San Martín. El homicida, un tío del menor, fue capturado por la policía y ahora afrontaría una pena de cadena perpetua.

“Estamos consternados”. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich, describió de esa manera la impotencia por este crimen que también ha despertado indignación y rechazo a nivel nacional.

Incluso el presidente Pedro Castillo anunció que el Gobierno evalúa medidas drásticas como la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres, tal como ya se realiza en otros países del mundo. Sin duda, una propuesta polémica.

“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este gobierno, ni quedarán impunes. Me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó el mandatario.

Algunos urólogos señalan que las ampollas para la castración química cuestan entre S/ 300 y mil soles, dependiendo de su clase, y deben suministrarse uno o cada tres meses.

Dolor en Selva Alegre

Frente a la comisaría rural, una mujer le pregunta a su vecina: “¿Y? ¿Ya se sabe algo, se sabe por qué lo mató?”.

Así está el caserío Selva Alegre, jurisdicción del distrito del Porvenir-Pelejo, en la zona del Bajo Huallaga, tras el asesinato de un niño de un año. El autor, Pío Huamán Valqui, un curandero de 50 años, terminó confesando todo luego de ser detenido por la policía del sector.

Violador Pío Huamán

Violador Pío Huamán

En esa comunidad todos se conocen y se encuentran inmersos en el dolor. Algo similar, aunque no tan marcado, se había vivido esta semana en Chiclayo donde una niña fue secuestrada y abusada por Juan Antonio Enríquez García (48), quien ahora cumple 9 meses de prisión preventiva en el penal de Picsi, en Lambayeque.

En el caso de Selva Alegre, el menor tenía apenas un año y 8 meses de edad cuando desapareció el jueves mientras jugaba. La tarde de Viernes Santo encontraron su cuerpo, sumergido en una acequia, a un kilómetro de la casa donde fue visto por última vez.

Denuncia y protestas

“Prefiero estar muerta yo antes que mi sobrino”, dijo Marleni (33), esposa de Pío, quien también fue intervenida por las autoridades junto a su sobrina, madre del niño asesinado.

Ella aseguró a los investigadores que su tío había abusado sexualmente de ella y de su hijo en reiteradas ocasiones, hecho que generó aún más la indignación colectiva y enardeció a los pobladores que intentaron hacer justicia por sus propios medios. La joven no dijo ante qué entidad formuló la acusación.

A sus 18 años había llegado al caserío de Selva Alegre hace 5 meses, proveniente de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, donde reside el padre del menor, de quién está separada.

Anoche, diversos colectivos sociales e indignadas madres realizaron una marcha y vigilia en la plaza Mayor de Tarapoto en rechazo al abuso y asesinato del pequeño. Unos pedían cadena perpetua para el agresor, otros exigían la pena de muerte, que está abolida en Perú.

Ya antes se aprobó y eliminó

En junio del 2018, el Congreso eliminó esta medida para los presos condenados por violaciones a menores de 14 años, y a cambio aumentó la pena hasta cadena perpetua por ese delito y lo hizo imprescriptible.

El jefe del Estado indicó que la viabilidad de la castración química deberá ser incluida en el Código Penal y que se necesitará de la aprobación del Congreso de la República para su legalidad.