Por: Óscar Chumpitaz C.
Un feminicida no solo destruye el cuerpo de una mujer, el daño y el dolor trascienden el tiempo y el espacio; llegan a las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad, azotan a los que perdieron a una hija, mata también la justicia y la posibilidad de una vida sin violencia.
Sin embargo, poco se sabe de estas otras víctimas, los deudos. Quiénes son, dónde están, cómo sobrellevan el duelo y el dolor; quién los atiende, cómo viven la ausencia, quién les repara el daño, quién y qué las mantiene vivas.
La respuesta, insensible y hasta abusiva, no extraña, como explica el psicólogo Rolando Francia Miranda, pues cuando una niña o niño queda en orfandad tras un feminicidio, “se vuelve invisible para el Estado y si hay una tía o una abuela es ella quien se queda a cargo, sin que la autoridad intervenga como debiera ser". Y al final, señala, “dependiendo del contexto, la familia hace lo que puede hacer por el niño”.
Esto sucedió con los cuatro nietos de Rafael y Giorgina, padres de Ingrid Arizaga Bandín, asesinada el 9 de enero por su esposo Sandro Villegas Arévalo en un mercado del Callao. Él ahora está en prisión preventiva, a la espera de su juicio.
Giorgina sufrió un derrame cerebral. Sus nietos viven con una tía paterna. Desde que murió su mamá, ellos nunca tuvieron un soporte psicológico, ninguna asistencia.
“No tendríamos que ser las víctimas quienes estemos buscando ayuda, tendría que ser el Estado el que nos dé todo el apoyo que necesitamos”, dice.
Por eso pide a la sociedad peruana que salga a las calles para gritar “basta” y evitar que se repitan nuevos feminicidios.
Exige también un profundo cambio educativo y el cumplimiento de las leyes ya existentes para frenar este delito, que en lo que va del año ya cobró la vida de 100 mujeres.
“Si mi hija lo hubiese denunciado quizás aún estaría viva”, se lamenta Rafael Arizaga. Por ironía del destino, Villegas Arévalo trabajaba como vigilante en el Ministerio de la Mujer.
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Don Rafael cuenta que su hija nunca presentó una denuncia contra su esposo, "por no hacer problemas, por sus hijos”.Por eso no entiende como sus cuatros nietos se encuentran ahora con la familia del asesino de su hija. "Vamos a solicitar la tenencia y una reparación civil".
El día del crimen, el Servicio de Atención Urgente y Centro Emergencia Mujer del MIMP acompañó a los familiares de la víctima. “No volvieron a aparecer más”, afirma Rafael Arizaga.
“Por cada mujer que matan, hay una familia que muere. Por piedad, no nos abandonen”, dice un familiar de Clorinda Laura Bonifacio, la primera mujer que murió víctima de feminicidio este año en el país.
En este caso, sus hijos son quienes tienen una posición difícil. "Ellos lloran por su madre pero a su vez sienten dolor al ver la situación de su padre. El mayor (31 años) estuvo con ellos bebiendo hasta las 3 de la madrugada y nunca imaginó que al despertar perdería a sus padres. El menor, de 22 años, es quien más sufre y llora por esta tragedia”, comenta.
Ellos afrontan el proceso judicial de su padre preso, Calixto Charaña Chamilla, para quien la fiscalía ha solicitado 35 años de prisión, señala el abogado Bladimiro Somocurcio.
La Defensoría del Pueblo en Tacna informó que Clorinda había denunciado a Calixto 6 meses antes por violencia familiar.
El dolor es el mismo para la familia de Roxana Maribel Mendoza Torres (23) asesinada por su pareja Yoel Jaime Parhuana Ayala. Sus padres y hermanas no pueden superar la tristeza que los agobia todos los días por esta pérdida, pero sienten alivio al saber que las hijas de Roxana se encuentran en un albergue, en Huamanga (Ayacucho).
Francisco Mendoza y Rosa Torres viven en la comunidad de Saqracancha, en el distrito de Chiara (Ayacucho). Por la misma situación de extrema pobreza en la que se hallan, se sienten impotentes de actuar y solo esperan justicia.
Las hijas de Roxana, de 12, 9 y un año y 4 meses se encuentran refugiadas en el Centro de Atención Residencial (CAR) Aldeas Infantiles SOS de Ayacucho, donde llevan una nueva vida al cuidado de madres sustitutas quienes se encargan de todo el proceso de desarrollo integral de estas niñas.
"Todas las chicas que matan es como volver a vivir la misma historia, la misma impotencia e injusticia", señala Catalina Landa, del Centro de Emergencia Mujer. Lo dice por Luvinda Chinchay Calle, de 31 años.
A ella la mataron a balazos en el caserío El Trigal, en Huarmaca (Piura), al parecer, por orden de su conviviente.
Sus hijos ahora se encuentran recibiendo terapia psicológica, pues ella murió en brazos de su hijo de 14 años, en enero de este año, baleada por dos sicarios.
Las autoridades del Centro Emergencia Mujer (CEM) dispusieron que los abuelos maternos de los menores se hagan cargo de ellos.
Asimismo, al no tener los recursos económicos suficientes para la manutención de los chicos, los abuelos fueron inscritos en el Programa Pensión 65 para solventar su canasta familiar. Aún esperan recibir este apoyo.
Magdalena Suaña Mamani (29), madre de tres niños de 5, 7 y 9 años de edad, no solo ha dejado un enorme vacío en su núcleo familiar. Sus padres, Paola e Isidro, aún lloran su ausencia y se refugian en su fe en Dios para atenuar su dolor.
Ellos reciben la visita periódica de psicólogos del Juzgado de Familia, y a veces de representantes del Centro de Emergencia Mujer (CEM).
A pesar de haber transcurrido ocho meses del espantoso hecho ocurrido en Puno, aún no logran asimilar lo que está sucediendo. Su inocencia y corta edad les deja una extraña sensación al no encontrar respuesta a varias de sus interrogantes.
La abuela de los niños también tuvo que alejarse de la venta de productos y dedicarse de lleno a la crianza de sus nietos, desde la preparación de sus alimentos, educación y demás cuidados.
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No obstante, entre tanta desgracia, la familia Suaña Mamani rescata que esta tragedia ha logrado unir a su vecindario, quienes los apoyan de la manera que pueden. Están decididos a llegar hasta las últimas instancias para lograr justicia.
Con la participación de Liz Ferrer (Tacna), Zenaida Zea (Juliaca), Elías Navarro (Ayacucho) y Grover Lozada (Piura).