Congreso: cuestionan proyecto que incrementa la pena por difamación
Amenaza. Diversas voces advierten atentado a la libertad de expresión y a la labor de la prensa frente a acciones negativas de los políticos. Especialistas destacan que iniciativa del Congreso va contra tendencia internacional y Convención Americana de DD. HH.
Diversas voces cuestionan el proyecto de ley que busca aumentar la pena por difamación, aprobado por el Congreso en primera votación el último jueves 4. La principal amenaza identificada en esta iniciativa es que afecta la libertad de expresión y la labor de la prensa.
La acometida llega además cuando varios parlamentarios, de diversas bancadas, han sido descubiertos por diferentes periodistas en actos cuestionables que investiga la justicia.
“No hay razón para aumentar la pena por difamación y el proyecto no da sustento. Lo que sí resulta evidente es que la prensa ha estado descubriendo actos graves de los congresistas, y por ello esto resulta más una arremetida con ánimos de venganza”, dice el abogado Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
“Aumentar la sanción por difamación va contra la Convención Americana de Derechos Humanos y si logran aprobarla hasta hacerla ley, sería oportunidad para demandar la norma”, añade el especialista.
Denuncias por difamación a periodistas incómodos para el poder son un mecanismo muy extendido de quienes son descubiertos por la labor de la prensa libre.
Aprobado. Proyecto requiere segunda votación del Pleno. Foto: difusión
“En irrefutable arremetida contra la libertad de expresión y el derecho a información, el Pleno del Congreso eleva penas por delito de difamación en un país en el que se ha llevado a tribunales a casi 150 periodistas en los últimos 5 años. Regresión a contracorriente de despenalización”, expresó Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).
En el mundo, la tendencia es incluso despenalizar los delitos como la difamación para que sea un caso del derecho civil.
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El proyecto fue del congresista de Perú Libre Segundo Montalvo, que pedía incluso aumentar mayor pena. Luego, la Comisión de Justicia, presidida por el legislador Américo Gonza, también perulibrista, la aprobó y agravó la sanción.
Retroceso y riesgo
“Cuando la corriente es despenalizar la difamación para que sea un asunto civil, en el Perú se aumentan penas cuando es un delito que afecta principalmente a víctimas que denuncian a sus agresores y a periodistas”, manifestó la abogada Beatriz Ramírez, especialista en derecho constitucional.
Más allá de esto, afectan a la democracia y a la población.
“Será una espada de Damocles sobre la cabeza de los periodistas y los medios de comunicación. En un país como el Perú, en donde el Poder Judicial es aliado de quienes buscan someter a la prensa, una ley que eleva penas es un serio peligro para la libertad de información. Hay uso abusivo de las querellas contra periodistas en el que el sistema de justicia se vuelve garrote porque pone en riesgo la libertad individual y la libertad de trabajo independiente, y perjudica que la sociedad tenga conocimiento de hechos ilegales o ilícitos de relevancia”, comentó el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Voz. Américo Gonza, presidente de Justicia, presentó texto. Foto: difusión
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“El Congreso, lleno de gente con cuentas pendientes con la justicia, entiende que la prensa independiente es un objetivo a golpear, y por ello grupos de izquierda y derecha se han unido para ello. Esto puede ser una muestra más de degradación de la democracia, porque terminará afectando la libertad de información, uno de los pilares fundamentales de esta”, añade.
Titular del PJ: “Debe haber más debate”
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, consideró que este proyecto “debería ser materia de mayor debate porque de repente puede tener algún vacío”. “Creo que ninguna ley debe afectar la libertad de prensa ni el periodismo de investigación”, adujo.
En tanto, por el lado del Gobierno, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, se mostró en contra de la iniciativa legal. “Soy demócrata y creo en la libertad de expresión”, dijo al ser consultada al respecto.
Reacciones
Roberto Pereira, Abogado, IPYS
“No hay razón para aumentar la pena. Además, va contra la Convención Americana de Derechos Humanos y, si hacen la ley, sería oportunidad para demandar la norma”.
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Zuliana Lainez, Presidenta de la ANP
“En irrefutable arremetida contra libertad de expresión y el derecho a información, el Pleno del Congreso eleva penas por casos de difamación en un país en que se ha llevado a tribunales a casi 150 periodistas en últimos 5 años”.
Beatriz Ramírez, abogado constitucionalista
“Cuando la corriente es despenalizar la difamación para que sea un asunto civil, en el Perú se aumentan penas cuando es un delito que afecta principalmente a víctimas que denuncian a sus agresores y a periodistas”.
Pedro Grandez, docente en derecho Constitucionalista
Desde el punto de vista constitucional, el uso del derecho penal para restringir ciertos ámbitos protegidos de las libertades de expresión, opinión o difusión, han resultado ineficaces.
La razón es que el legislador penal está seriamente limitado en su actuación por los contenidos impuestos desde la Constitución. En concreto, el artículo 2.4 garantiza estas libertades en sentido amplio al establecer que se trata de derechos protegidos “por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos…”
José Saldaña Cuba, magíster en Ciencia Política y master en Derechos Humanos
El dictamen que incrementa las penas en delitos contra el honor, aprobado el ultimo jueves por el Congreso, adolece de graves defectos formales y contraviene normas de derechos humanos. Por un lado, el dictamen no responde a las observaciones relativas a la falta de justificación sobre los cambios en las cuantías de la pena, planteadas por el Ministerio de Justicia; tampoco ha respetado el principio de deliberación parlamentaria pues ha sido aprobado en un debate apresurado cuya duración no supero unos pocos minutos, a pesar de tratarse de un asunto con repercusiones en el ejercicio de la libertad de expresión.
