IPYS sobre PL que eleva penas por difamación: “Se trata claramente de un amedrentamiento a la prensa”
La autógrafa fue aprobada por el Congreso, pese a la opinión en contra del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo. La segunda votación se realizará en siete días.
- Papa León XIV sobre eventual visita al Perú y América Latina: "Hasta ahora no confirmados, vamos a ver, en espera"
- Fuerza Popular lideraría el nuevo Senado con 22 escaños y Juntos por el Perú se consolida como segunda fuerza
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó la aprobación del proyecto de ley 2862, que intenta modificar los artículos 131 y 132 del Código Penal y el artículo 1969 del Código Civil con el objetivo de incrementar las penas por difamación y calumnia realizadas a través de medios de comunicación, redes sociales o sitios web. La autógrafa, que fue presentada por la bancada de Perú Libre, a iniciativa del congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, obtuvo 69 votos a favor en primera votación y espera una segunda votación, programada para dentro de siete días.
El IPYS, a través de un comunicado, precisó que el Congreso aprobó este dictamen “sin expresar ninguna justificación y con la opinión en contra del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo”. La autógrafa también eleva a 365 días de multa como sanción a quien cometa el delito de calumnia y, además, establece reparaciones económicas obligatorias para quienes argumenten que han sido afectados en su honor.
TE RECOMENDAMOS
BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Consejo de la Prensa Peruana cuestiona proyecto del Congreso que eleva penas por difamación
Exigencia. Instituciones internacionales y nacionales piden respetar la libertad de prensa. Foto: difusión
Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS, precisó que “esta decisión va en contra de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la incompatibilidad con la libertad de expresión (y consiste en) sancionar como delito los discursos que recaen sobre funcionarios públicos”.
“Se trata claramente de un amedrentamiento a la prensa que ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por políticos representados en el Congreso y por los propios congresistas. La más reciente (es) el recorte obligatorio del sueldo de trabajadores del Congreso por parte de congresistas”, agregó Pereira.
