SIP pide al Congreso retirar iniciativa que eleva penas por difamación en redes sociales y medios
El presidente de la SIP calificó la aprobación del dictamen como un "retroceso peligroso para la libertad de prensa y libertad de expresión en el espacio digital".
La República en GoogleLa Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso retirar el Proyecto de Ley 2862-2022-CR —que fue aprobado por la Comisión de Justicia— el cual propone aumentar las penas en los delitos de difamación y calumnia en los medios de comunicación, así como en las redes sociales. Asimismo, el presidente de la institución, Michael Greenspon, calificó dicha iniciativa de "retroceso peligroso para la libertad de prensa y libertad de expresión en el espacio digital".
"Lamentamos que Perú siga buscando caminos contrarios a la tendencia internacional y la jurisprudencia interamericana de descriminalizar los delitos de difamación", dijo el presidente de la SIP.
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Por su parte, el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jonet, "expresó su sorpresa que Perú esté avanzando peligrosamente contra la libertad de expresión en el espacio digital". En esa línea, ambas autoridades de la SIP recordaron que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puntualiza que “la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles”.
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En tanto, los directivos de la institución periodística hicieron hincapié que ante casos como este proyecto se debe establecer proporcionalidad en las indemnizaciones "para evitar cifras exageradas que puedan inhibir al periodismo y afectar la libertad de prensa".
Como se informó, esta iniciativa la presentó el congresista de Perú Libre Segundo Montalvo. El dictamen fue aprobado en la Comisión de Justicia, la cual es liderada por el congresista de la bancada del lápiz Américo Gonza.
Dicha propuesta busca aumentar las penas de cárcel por los delitos de difamación y calumnia de 3 a 4 años y las multas de 30 a 90 días, cuando se trate de medios e infracciones cometidas mediante las redes sociales.
