José Ugaz: “Congreso y Ejecutivo caminan de la mano en esta suerte de desmontaje institucional”
El abogado y exprocurador José Ugaz cuestionó el acuerdo tácito que se da entre el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte, sectores que buscan consolidar su posición de poder. “Nunca ha habido una sintonía como la que vemos en estos días, en la que tanto el Congreso y el Ejecutivo cantan a una sola voz tomados de la mano”, señaló.
La reciente ley aprobada en el Congreso y promulgada sin reparos por el Ejecutivo, que faculta al primero -junto a otros organismos autónomos- a nombrar a su propio procurador es analizada en la siguiente entrevista por el exprocurador y abogado José Ugaz. Advierte que ambos poderes vienen jugando “en pared” -
—Cuestionó a la presidenta, Dina Boluarte, por promulgar la ley que faculta al Congreso, al Poder Judicial y a otros organismos autónomos a nombrar a su propio procurador porque rompe el sistema de defensa del Estado. ¿Todo hace suponer que, con esta medida, el Congreso nombrará a un procurador que no le genere problemas y pueda controlar?
—Un procurador sectorial, se supone, debe estar atento a cualquier irregularidad que se presente en un organismo como el Congreso y que pueda constituir un hecho delictivo. Si así ocurriese, corresponde al procurador, que no defiende los intereses ni del Congreso ni del Gobierno…
—Del Estado.
—Correcto, en esa función, corresponde al procurador promover la acción penal ante el Ministerio Público y luego constituirse en parte civil para darle impulso a la investigación. Para ya no hablar de las particularidades de este Congreso, que no merece mayor comentario, si un organismo va a nombrar a un procurador que luego podría denunciarlo o imputarlo, va a querer poner a alguien que no le haga muchos problemas. Aquí viene la importancia de tener una Procuraduría autónoma. Se había logrado un avance con el decreto legislativo que crea la Procuraduría General y le confiere autonomía funcional. Esto ahora es un retroceso: vamos a tener a un procurador que será nombrado por el potencial investigado; y hay un ejemplo que ya se ha mencionado que involucra al actual procurador general, Daniel Soria, habiendo sido él elegido cuando ejerce su acción en una denuncia contra el entonces presidente, Pedro Castillo…
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—Lo sacan.
—A los pocos días, el propio presidente, el denunciado, de la mano de sus ministros, lo decide retirar del cargo por pérdida de confianza. Esos niveles de arbitrariedad son los que veremos, estoy seguro, si prospera esta ley que ha firmado la presidenta Boluarte.
—Hay una mirada de distintos observadores según la cual el Congreso ha empezado una captura o avasallamiento institucional. Primero fue el TC, luego la Defensoría. Hay que sumar la intención de ir sobre los organismos electorales y, ahora, lo de los procuradores. ¿Suscribe esta evaluación?
—Absolutamente. Además, la relaciono con una actitud del Poder Ejecutivo que cada día me parece más desembozada. El Ejecutivo ha arremetido contra la Sunedu, por ejemplo, y claramente, en una actitud de pacto, viene jugando en pared para no ponerle ninguna traba a los intereses del Congreso. Mire lo que acaba de ocurrir con el IRTP: se ha nombrado a una persona…
—Muy cercana a la presidenta.
—Y cuando se cuestiona el nombramiento, el señor primer ministro no tiene mejor argumento que decir que esa es una actitud machista. Acá no se trata de si es hombre o mujer. Se trata de que es alguien sin perfil profesional para dirigir un canal, menos el del Estado. Es evidente la conversación, el pacto para no entorpecerse el uno al otro. Congreso y Ejecutivo caminan de la mano en esta suerte de desmontaje institucional perverso al que estamos asistiendo.
—Ha dicho, a raíz de lo de los procuradores, que se “confirma” el nefasto pacto entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Tenía dudas de su existencia?
—Creo que nunca ha estado tan explícito como con este paso. La presidenta Boluarte tenía la facultad exclusiva de no darle paso a este proyecto y, sin embargo, lo ha hecho muy rápidamente en un momento en el que el Congreso, por coincidencia, le archiva una investigación por los hechos derivados en las protestas. Nunca ha habido una sintonía, como la que vemos en estos días, en la que tanto el Congreso como el Ejecutivo cantan a una sola voz, tomados de la mano.
—¿No es verdad que el TC y el defensor siempre han sido nombrados por el Congreso? ¿Por qué ahora recién preocupan estas prerrogativas?
—No se cuestiona la facultad del Congreso para nombrar. Lo cuestionable es cómo se nombra y a quiénes, pasando por encima de las exigencias de la ley. Un defensor del Pueblo tiene que ser alguien con trayectoria y solvencia profesional en materia de derechos humanos, pero, de repente, ponen a este personaje (Josué Gutiérrez), que a los pocos días de ser nombrado se le recuerdan expresiones suyas homofóbicas o que nombra como su segundo a alguien que también tiene oscuros antecedentes. Y el Congreso se siente muy satisfecho, como se siente satisfecho con los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han venido decidiendo abiertamente en contra del texto constitucional; por ejemplo, cuando conceden la posibilidad de que las autoridades electorales queden a merced de las veleidades políticas de los congresistas. Eso es sumamente grave. Hoy tenemos a un TC que nos hace recordar a aquel que nombró el fujimorismo en su momento, totalmente controlado; a un defensor del Pueblo con un perfil incompatible con el mandato que le corresponde; y ahora sumamos esta arremetida contra la Procuraduría.
—¿Esto es como un parlamentarismo de facto?
—Lo más preocupante es que el Congreso esté en una actitud de ofensiva contra lo que ellos han considerado antes una captura del poder por parte de sectores contrarios a sus intereses. Hay un congresista que nos quiere retirar del sistema interamericano por considerar que es un feudo de izquierdistas o caviares, o como quiera llamarlos…
—El señor Montoya.
—Que evidentemente tiene una ignorancia absoluta sobre la importancia de la justicia supranacional, de la cual no es solamente parte el Perú, sino también los países más desarrollados del mundo. Vivimos en un mundo global y tenemos que someternos a ciertos estándares internacionales de la justicia. Eso no afecta nuestra soberanía ni nos pone en una situación de incapacidad como Estado.
—¿Teme realmente que la idea de apartarnos de la CIDH tome fuerza?
—Con este Congreso, no puedo asegurar que no vaya a pasar un despropósito de ese tamaño. Lo que está claro es que no tendría efectos inmediatos. Ellos no lo van a vivir ni gozar, pero le harían un daño al país hacia el futuro. Y esto sería producto de la ignorancia y el prejuicio de un grupo de personas sentadas en el Congreso por una crisis de representatividad política. No hay que olvidar eso. Los congresistas que tenemos hoy día no son representantes legítimos del pueblo, aunque ellos lo reclamen. Eso no es así. Esas personas llegaron ahí por una crisis política y no representan a ningún partido estructurado, sino a grupos de intereses y, lamentablemente, se aprovechan para tomar decisiones a una velocidad que lo que busca es consagrar un desmontaje de la institucionalidad del país antes de que se vayan.
—¿Cree que las investigaciones a la presidenta Boluarte y al primer ministro, Otárola, por las muertes en las protestas tengan algún efecto?
—No conozco qué hay al interior de esa carpeta fiscal. Lo que sí le puedo decir es que, curiosamente, la Fiscalía ha abierto una investigación por genocidio cuando es evidente que ese delito no ha existido. El genocidio tiene particularidades técnicas muy especiales y ese extremo se tendrá que archivar de todas maneras porque no hay forma de sostenerlo.
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—¿Es una investigación que nació archivada?
—En ese extremo (sí), porque hay varios delitos en su interior. Lo otro es que el Ministerio Público va a tener que valorar las pruebas. Hay tres asociaciones particulares de derechos humanos que se han pronunciado diciendo que hay indicios de que, en esas manifestaciones, murieron personas que ni siquiera estaban protestando, sino que eran simples espectadores; que la distancia a la que se han producido los disparos anuncia que ha habido una intención de matar; y que el tipo de munición utilizada corresponde a la que usaron las Fuerzas Armadas y la Policía. Ahí entrarán a tallar las teorías del derecho penal sobre la autoridad mediata y el tema se centrará, respecto de Boluarte y Otárola, en si efectivamente hubo una orden expresa o no, algo que ha negado la presidenta, y si no hubo una orden expresa, si se tomaron todas las medidas para que no ocurriera lo que ocurrió. Ese será el centro de la investigación. Hay que recordar que a estos informes privados se suma el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya no es una ONG, sino una instancia de la justicia regional a la que estamos sometidos. Y para que no quede ninguna duda sobre su presunta inclinación izquierdista, hay que decir que el encargado de Perú dentro de la Comisión es el representante de Guatemala, que no solo es un Gobierno de derecha, sino bastante autoritario que incluso sería más bien empático con este tipo de situaciones. Sin embargo, la Comisión dijo, por unanimidad, que tiene que haber una investigación profunda para identificar las responsabilidades a todo nivel y eso es lo que esperamos que ocurra en la Fiscalía.
