Boluarte ignoró informe del Minjus y promulgó ley que habilita al Congreso para elegir a su procurador
Gobierno de Dina Boluarte promulgó polémica ley que modifica la forma de designación de procuradores del Congreso y el Poder Judicial. Ante esta decisión, la PGE denunció que se pone en peligro la autonomía de la institución y anunció medidas legales.
A pesar de la posición en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó —este miércoles 7 de junio— la polémica ley que permitirá al Congreso y Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos sin participación de la Procuraduría General del Estado. Así consta en el informe nº 99-2023-JUS/GA, el cual fue elaborado a solicitud de la Secretaría del Consejo de Ministros para pedir la opinión de esta cartera sobre lo aprobado por el Legislativo.
Con fecha del 30 de mayo de 2023, el informe del Ministerio de Justicia señala que dicha iniciativa no presenta “un sustento razonable” para un tratamiento diferenciado, en el Congreso y en el Poder Judicial, respecto de las reglas de acceso al cargo de procurador.
“Cabe añadir que no existe un fundamento razonable para establecer una excepción a las reglas generales de acceso al cargo de procurador público establecidas en las normas que regulan el Sadje, en el caso del Congreso de la República, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos. Ello debido a que la función de procurador público, es decir, de abogado del Estado, no varía en atención a la entidad estatal que se patrocina”, precisó en el documento.
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En tanto, la promulgación de la ley pondría en peligro la consolidación del Estado: “La autógrafa de ley excluye a las procuradurías públicas del Congreso de la República, Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos del sistema de defensa jurídica del Estado, afectando con ello la consolidación de un Estado eficiente y, en concreto, del sistema administrativo de defensa jurídica del Estado”.
El documento lleva la firma de Abraham García Chávarri, jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humano. Para esta fecha, quien estaba a cargo de esta cartera era el ministro José Tello Alfaro (de diciembre de 2022 a abril de 2023), antes de ser reemplazado en el cargo por Daniel Maurate. Su salida del Gabinete Otárola se dio por aparentes discrepancias con el actual primer ministro.
¿Qué dice la ley que atenta contra la autonomía de los procuradores?
Esta norma es producto del proyecto de Ley n° 3270/2022, presentada por el congresista Esdras Medina de la bancada de Somos Perú, en octubre del 2022, la que fue rechazada en una primera votación en el Pleno en enero del 2023 y enviada nuevamente a la Comisión de Constitución del Congreso. Tras ello, fue aprobado el 10 de mayo, por 62 votos a favor y 39 en contra.
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La ley modifica los artículos 16, 24,27,21 y 32 del DL 1326, que incluye apartados, por ejemplo, que indican que son funciones del Consejo Directivo (de la Procuraduría General de la República) “dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”.
Antes, todos los procuradores eran designados por dicho ente, que está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Frente a eso, el primer proyecto de ley que buscó esta modificatoria sostuvo que resultaba “contradictorio que la Procuraduría General del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, sea quien se encargue de convocar a un proceso de selección a los procuradores públicos de los demás poderes del Estado". "En tanto, la Procuraduría General del Estado no goce aún de una autonomía administrativa y funcional a plenitud, por ello consideramos que los titulares del Poder Legislativo y Poder Judicial”, concluyó.
