Procuraduría anuncia acciones legales contra ley que permite al Congreso elegir a su procurador

Algunas horas después de que el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgara la ley que permitirá al Congreso y Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos sin participación de la Procuraduría General del Estado, la institución emitió un contundente comunicado en el que advirtió que se estaría atentando contra la autonomía del trabajo de los procuradores. Por lo tanto, anunció que se tomarán acciones legales.

“La ley publicada vulnera gravemente el principio de igualdad, contemplado en el artículo 2.° de la Constitución, en concordancia con el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, recogido en el literal c) del artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pero lo más graves es que transgrede el principio de autonomía de los procuradores públicos”, se lee en el comunicado.

En esta línea, se advierte que la promulgación de la Ley N°31778 quiebra la unidad del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, la cual tiene como principal labor defender los intereses de las instituciones y “no de las personas que las dirigen”.

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En tanto, desde la PGE se anunció que se adoptarán acciones legales pertinentes facultados por la Constitución: “Reafirmamos el compromiso de la Procuraduría General del Estado por preservar y mantener la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los procuradores que debe cautelar los intereses del Estado”.

¿Qué dice la ley que atenta contra la autonomía de los procuradores?

Esta norma es producto del proyecto de Ley N° 3270/2022 presentada por el congresista Esdras Medina de la bancada de Somos Perú, en octubre del 2022, la que fue rechazada en una primera votación en el Pleno en enero del 2023 y enviada nuevamente a la Comisión de Constitución del Congreso. Tras ello, fue aprobado el 10 de mayo, por 62 votos a favor y 39 en contra.

La ley modifica los artículos 16, 24,27,21 y 32 del DL 1326, que incluye apartados, por ejemplo, que indican que son funciones del Consejo Directivo (de la Procuraduría General de la República) “dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos, con excepción de los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, quienes son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”.

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Antes, todos los procuradores eran designados por dicho ente, que está adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ante eso, el primer proyecto de ley que buscó esta modificatoria sostuvo que resultaba “contradictorio que la Procuraduría General del Estado, dependiente del Poder Ejecutivo, sea quien se encargue de convocar a un proceso de selección a los procuradores públicos de los demás Poderes del Estado, en tanto la Procuraduría General del Estado no goce aún de una autonomía administrativa y funcional a plenitud, por ello consideramos que los titulares del Poder Legislativo y Poder Judicial”.