Presidenta Dina Boluarte da golpe a la Procuraduría General

Por: Alejandro Céspedes

Golpe a la Procuraduría. La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles 7 de junio la ley que permitirá al Congreso, al Poder Judicial y todos los organismos constitucionalmente autónomos designar a sus propios procuradores públicos sin participación del procurador general de la República.

La Ley n° 31778, que modifica el Decreto Legislativo 1326, que creó la Procuraduría General del Estado (PGE) sostiene que el objetivo de esta norma sería “restablecer la autonomía constitucional del Poder Legislativo y Poder Judicial”. Sin embargo, en la práctica, afectaría los intereses del Estado.

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En ese sentido, el exprocurador José Ugaz sostuvo en un tuit que, con esta decisión, se confirmaría “el pacto nefasto de sobrevivencia con el Congreso”, ya que “rompe el sistema de defensa del Estado y agrava la impunidad”.

El Gobierno ha demostrado comprender claramente esa situación, pues como remarca el exministro de Justicia Eduardo Vega, el Ministerio de Justicia recomendó  a la Presidencia que observe la ley aprobada por el Congreso “al ser lesiva a los objetivos judiciales de la propia procuraduría”.

Al respecto, es importante considerar que esta norma es producto del proyecto de ley n° 3270/2022, que fue presentado por el congresista Esdras Medina, de la bancada de Somos Perú, en octubre del 2022. Dicha propuesta fue rechazada en una primera votación en el pleno, en enero del 2023, y fue enviada nuevamente a comisión.

Una de las motivaciones del proyecto de ley que propuso esta modificatoria que atenta contra la labor de la Procuraduría es que resultaba “contradictorio que la PGE, dependiente del Ejecutivo, sea la que se encargue de convocar a un proceso de selección a los procuradores públicos de los demás poderes del Estado, en tanto la PGE no goce aún de una autonomía administrativa y funcional a plenitud, por ello consideramos que los titulares del Poder Legislativo y Poder Judicial deben asumir la competencia de nombrar a los procuradores públicos de dichas entidades”.

La ley fue aprobada por el Pleno, el 10 de mayo del presente año, por 62 votos a favor y 39 en contra, con los votos favorables de Fuerza Popular (23), Renovación Popular (9), Alianza para el Progreso (7), Acción Popular (5), Avanza País (5) y Somos Perú (5).

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La ley modifica los artículos 16, 24,27,21 y 32 del DL 1326, que incluye excepciones al señalar que “los procuradores públicos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, (...) son elegidos por los titulares de dichas entidades por un plazo de cinco años”.

Antes, todos los procuradores eran designados por dicho ente adscrito al Ministerio de Justicia. Desde hoy serán los mismos organismos constitucionales autónomos los que definan esa designación. Inmediatamente, el Consejo Directivo de la PGE, a través de un pronunciamiento, informó que adoptarán “las acciones legales pertinentes” al defender que este ente “debe cautelar los intereses del Estado y sus instituciones, no los de las personas que las dirigen o conforman”.

Sistema de PGE debe mejorarse

Este modelo de designación no parece nuevo. De hecho, al depender ahora solo del Congreso, se parece al sistema que tenían los entes estatales controlados en el régimen fujimorista. No obstante, sí es cierto que los intentos de mejora del sistema de procuradurías no son nuevos.

De acuerdo con el director de Proética, Samuel Rotta, “el sistema de procuradurías puede y debe mejorarse”. Sin embargo, “que el Congreso quiebre así la autonomía de procuradores y que la presidenta lo avale es un fuerte retroceso”, añade.

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Enfoque

Eduardo Vega, Exministro de Justicia

“Otra puñalada a la frágil democracia peruana(...) desde el Congreso. Pese a que el Minjus pidió que se observe, el Ejecutivo la promulgó. Un procurador sin autonomía no va a denunciar la corrupción ni cautelar los intereses del Estado”.

José Ugaz, Exprocurador

“Pdta. Boluarte confirma pacto nefasto de sobrevivencia con el Congreso (...) Rompe el SISTEMA de defensa del Estado y agrava impunidad de la que gozan”.