Carlos Rivera: “El caso de Alberto Fujimori creo que es una jurisprudencia que vale para Dina Boluarte”

Carlos Rivera, uno de los abogados de los familiares de las víctimas de la represión en Ayacucho durante este gobierno, responde a su colega Joseph Campos, quien ejerce la defensa legal de la presidenta Dina Boluarte en la investigación por genocidio y homicidio calificado iniciada por el Ministerio Público tras los fallecimientos durante las manifestaciones entre diciembre y febrero contra el Ejecutivo y el Congreso.

—El abogado Joseph Campos dice que no es legal que las partes agraviadas participen en las diligencias y que, por eso, Dina Boluarte guardó silencio ante los abogados de los familiares y el procurador.

Ese tema ya lo resolvió la Corte Suprema. El juez Juan Checkley resolvió la controversia, que se fundamenta en el Código Penal, y determina que las partes agraviadas puedan intervenir. Si bien es cierto que eso fue apelado, en el momento que se llamó a declarar a Boluarte tiene vigencia y ese el criterio estaba respetando la Fiscalía.

—Es decir, mientras esté pendiente de resolverse la apelación, ¿se puede aplicar lo resuelto por la Corte Suprema y, por ende, pueden participar el procurador y los abogados de las víctimas en las diligencias?

Exactamente. La apelación no tiene efecto suspensivo en la ejecución del fallo, que era de carácter obligatorio.

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—El abogado Campos anuncia que pedirá la exclusión de Boluarte en la investigación por genocidio y homicidio calificado.

Creo que Campos no sabe en qué proceso está. Dice que va a presentar un pedido de exclusión, pero dudo que eso pueda proceder porque estamos en los primeros meses de una investigación preliminar. Por eso la Fiscalía ha colocado en condición de investigados a los denunciados por la existencia de delitos de asesinato. En el curso de esa investigación se determinarán delitos. En esta etapa no se puede tener una valoración sobre las responsabilidades. Lo que tenemos es una importante cantidad de información que va a ratificar el carácter penal de la denuncia; y que un abogado salga a decir que va a pedir la exclusión, creo que da cuenta de un desconocimiento de los términos del proceso.

—¿Por qué?

Porque nosotros hemos venido diciendo que hubo un retraso sostenido por no llevar adelante un conjunto de diligencias. La única diligencia que se había llevado es con Alberto Otárola. Y es sumamente comprometedora. Y luego de eso nosotros hemos estado presentado los testimonios de familiares de víctimas y las declaraciones de jefes militares. ¿Qué significa esto? Que estamos en una etapa de introducción de la evidencia.

—¿Cree que fue un error de la Fiscalía denunciar a Boluarte por genocidio?

Estamos en una etapa, en términos más formales, en la que no habrá una imputación. Desde mi punto de vista, no hay genocidio. Es algo que no corresponde a los hechos de materia de investigación, pero es un crimen que tiene un altísimo nivel probatorio. Ya la Fiscalía de Ayacucho aclaró esas circunstancias y lo que está investigando es asesinato. No hay que crear una falsa discusión. La imputación de un delito se hace al momento de la formalización de la investigación.

—Si aún no hay investigación preparatoria y, por ende, tampoco delitos formalmente imputados, no tiene sentido pedir la exclusión de Boluarte en algo que recién se está investigando, ¿no?

Campos está autoinculpando a su defendida. Me parece que no tiene conocimiento de las formas del delito penal. No puede pedir la exclusión de un delito.

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—¿Le preocupa que el abogado de la presidenta haya antes patrocinado al procurador del Estado, Daniel Soria?

No me preocupa nada, soy sincero. Finalmente, ni Soria ni Campos son investigados. Creo que lo que hemos visto y de lo que nos hemos informado era un hecho cantado: Boluarte está jugando a una estrategia suicida porque no tiene margen de maniobra. Por eso sale a decir que no dirige nada, por eso dice que Castillo es el responsable de los crímenes. Le está tirando la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Si ella no tiene nada que ver, ¿quién tomó la decisión de meterle bala a la gente? El próximo 15 de junio tiene que responder el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

—Boluarte dice que no tenía mando sobre las fuerzas del orden en regiones.

Ya la propia declaración de Boluarte es contradictoria con lo que dijo Alberto Otárola. Cuando le preguntan cómo se enteró del primer fallecido, él dice que le informó el general Gómez de la Torre (jefe del Comando Conjunto). ¿Otárola se comió esa información? ¿No le dijo nada a la presidenta? Hay responsabilidades legales. Hay un marco normativo que se ha estado cumpliendo, que se traslada al nivel político. Hay un canal de recepción de la orden superior de arriba hacia abajo y una obligación de informar de abajo hacia arriba.

—El abogado Campos dijo en una entrevista a Canal N que en el caso de Alberto Fujimori sí hubo conocimiento de las operaciones, pero en el caso de Dina Boluarte los hechos no se asemejan. ¿Usted sí encuentra similitudes?

No se está imputando a la fecha una autoría mediata. La presunción que tiene la Fiscalía de la Nación es que hubo una omisión, un dejar de hacer las obligaciones legales que como presidenta tenía. El abogado Campos está hablando cosas de las que no sabe y está generando una confusión en la opinión pública. Respecto al caso de Alberto Fujimori, creo que es una jurisprudencia que vale para Dina Boluarte. Estamos hablando del mismo marco constitucional que ha sido desarrollado, en el que se coloca al presidente en el vértice superior de una cadena de comando en las Fuerzas Armadas.