José Ugaz: “Es evidente que buscan afectar el sistema de colaboración eficaz para inutilizarlo”
El exprocurador ad hoc para el caso Fujimori-Montesinos señala que el dictamen, tal como está, se traerá abajo la colaboración eficaz.
El dictamen que aprobó la Comisión de Justicia sobre colaboración eficaz generó una serie de críticas, incluso de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué peligros conlleva para las investigaciones contra las mafias?
En el proceso en el que se han discutido estos proyectos de ley en la Comisión de Justicia, se han citado hasta en dos oportunidades a todos los actores que participan en el proceso de colaboración eficaz, como el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y a la Procuraduría; y en todos los casos han señalado que esos proyectos no son viables por distintas razones. En algunos casos porque varias de las cosas que contenían ya estaban en los reglamentos de la ley vigente; en otros casos porque eran discusiones insulsas; por ejemplo, se discutía si se debería llamar “postulante” o “aspirante” a la colaboración eficaz...
Y por temas de fondo.
Sí. Son dos los que crean más preocupación. El primero tiene que ver con los plazos. Según el proyecto, desde que se presenta la solicitud de colaboración eficaz, hasta que esté aprobada judicialmente, debe haber una duración de ocho meses prorrogables hasta cuatro meses más cuando las causas lo justifiquen, estamos hablando de máximo un año, y solo en casos en que hubiera una organización criminal se amplía ocho meses. Pero sabemos que son procesos de gran complejidad, donde hay decenas de investigados, y para evitar abusos en la toma de decisiones, se tiene que hacer una prolija corroboración de la información que entregan los colaboradores, si no uno puede dar como cierta información no verificada y terminar exculpando a responsables o inculpando a inocentes. Por eso el proceso de corroboración es el más largo. Por ejemplo, solamente en el caso de los sobornos para la compra de aviones Sukoi, en la época de Alberto Fujimori, nos tomó aproximadamente dos años corroborar qué contenían los contratos, que eran hechos en Rusia, en Ucrania, y la cooperación internacional a veces es muy lenta. Entonces, no se puede pretender que una colaboración eficaz dure solamente un año o año y medio, eso traería como consecuencia el archivo de la colaboración eficaz.
Resulta por lo menos extraño que la presidenta de la Comisión de Justicia, Gladys Echaíz, que ha sido ex fiscal de la Nación y conoce las limitaciones de investigación, esté de acuerdo con ese plazo, ¿no cree?
Totalmente extraño desde el punto de vista formal, pero no llama la atención porque la presidenta de la comisión pertenece a Alianza para el Progreso (APP), partido que se ha visto de alguna manera impactado con una serie de investigaciones a miembros de su organización...
Y de otras bancadas...
Eso explica por qué ha habido un consenso en el que se han aliado bancadas de personajes tan opuestos, como Vladimir Cerrón con los de Avanza País y Renovación Popular, que están en el otro extremo del espectro político. Los fujimoristas, por supuesto, tienen muchas razones para no querer una ley de colaboración eficaz como la vigente, que fue la que permitió desbaratar la organización criminal de Fujimori y Montesinos.
La Procuraduría para el caso Fujimori, que usted lideró, propuso la ley de colaboración eficaz. ¿Cuán importante es corroborar lo que dicen los colaboradores?
Cuando se propuso el proyecto de ley nos cuidamos mucho de que se exigiera que la colaboración eficaz fuera un proceso cuidadoso, porque ya veníamos de la experiencia de la ley de arrepentidos en el caso de terrorismo, y como allí no había corroboración, sino solo se tomaba el dicho al supuesto arrepentido, terminaron en prisión más de 800 personas inocentes, y hubo que crear la Comisión Lanssiers para evaluar esos casos y liberar a los injustamente detenidos.
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El proyecto aprobado penaliza la filtración y divulgación de información sobre la colaboración. ¿Cómo afecta el trabajo de los jueces y fiscales, y a la libertad de expresión?
Precisamente el otro problema es que crea un delito con una pena de 4 a 6 años, y con una agravante que puede ir de 5 a 7 años si se filtra o difunde información de la colaboración eficaz. En todos los países es común que en este tipo de procesos se produzcan filtraciones porque muchas personas intervienen. En el caso peruano, participan personal de la Fiscalía, del Poder Judicial, de la Procuraduría, los abogados. Cualquiera de ellos puede filtrar la información, y más en nuestro país donde estas entidades no cuentan con sistemas electrónicos o tecnológicos para manejar información encriptada, para evitar ser hackeados. Por un lado, se limita el derecho a la libertad de expresión, porque los medios de comunicación no podrán difundir información relevante en materia de colaboración eficaz. A veces por la difusión en los medios se han impedido abusos o que se tuerza el proceso. Y por otro lado, ponen una espada de Damocles sobre la cabeza de fiscales, jueces, procuradores y otros funcionarios. Es evidente que buscan afectar el sistema para inutilizarlo, sea por el plazo o por este tipo de amenazas.
Afectar la libertad de expresión es inconstitucional.
Por supuesto. La Constitución garantiza el derecho a buscar y proporcionar información. Eso es parte de la libertad de expresión. Ha habido otros intentos, como la llamada Ley Mordaza, en que se quería prohibir a los medios de comunicación y periodistas, a difundir información. Eso es inconstitucional.
¿Hay restricciones similares en otros países?
Los procesos de colaboración eficaz deben tener un nivel de reserva por la protección al colaborador y la importancia de la información que se maneja. Si se hace algún tipo de manejo inadecuado de la información, que se abra una investigación disciplinaria, pero lo que no existe en ningún país democrático del mundo es una amenaza a la prensa por difundir información. Solo se penaliza los casos de difamación que están regulados por la ley y que son a posteriori, no a priori.
De aprobarse esta norma en el pleno del Congreso, ¿favorecerían la impunidad?
Estas dos características del dictamen se traerían abajo el sistema de colaboración eficaz. Si realmente quieren alinearse en una política anticorrupción, pueden promover mecanismos para que el Ministerio de Economía dé una partida especial al Ministerio Público y al Poder Judicial para fortalecer el sistema de colaboración eficaz, para que se asignen más fiscales, contraten peritos, que les den mejores computadoras y programas tecnológicos.
