
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria rechazaron la disposición de contrabando que implementó el Congreso para que el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) transmitan —de manera obligatoria— las sesión del Pleno del Parlamento en su totalidad o dos horas como mínimo desde enero del 2026, en plena campaña electoral.
En diálogo con La República, la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, cuestionó que la ley de endeudamiento para el 2026 se haya usado para "alterar las políticas públicas" del Estado sin el mayor debate con entes especializados. Asimismo, indicó que no se puede instrumentalizar una norma para "contrabandear una injerencia" en la programación de los canales de IRTP.
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"Lo que nos preocupa es que no hay proporcionalidad. No es que un poder del Estado esté sobre otro. No es que IRTP tenga que convertirse en un brazo del Congreso", reclamó.
En esa misma línea, Lainez resaltó que dicha disposición se oficializó en medio de una campaña electoral, en la que diversos congresistas buscan reelegirse. Debido a ello, la jefa de la ANP afirmó que los parlamentarios tendrán un mayor nivel de sobreexposición a través del canal de TV Perú y Radio Nacional, con la que llegarán a una mayor cantidad de personas a diferencia de los candidatos que no ejercen un cargo público.
"No hay proporcionalidad. Hoy es el Congreso, mañana podría pedirlo el Poder Judicial. (…) Una de las peores cosas que han hecho es utilizar este vehículo para alterar la política de comunicación pública. Te van a querer argumentar de que implican recursos, pero estás haciendo un cambio directo a una política de comunicación pública y no lo puedes instrumentalizar a través de la ley de presupuesto", explicó.
De igual manera, Lainez recordó que esta disposición del Parlamento se estableció como una obligatoriedad y no dio lugar a contar con una posibilidad para la cobertura de los Pleno. Asimismo, la titular de la ANP alertó que esta medida podría derivar en una posible negativa de pedidos de información pública y prohibición del ingreso de los periodistas al Hemiciclo debido a que "ya se cuenta con la transmisión del Congreso en el canal del IRTP"
"Nosotros les explicamos que el periodismo no es solo una transmisión, no es una toma abierta para ver quién está en el Pleno. En eso ponemos las alarmas. De ninguna forma, una transmisión se puede equiparar al trabajo del periodista en un lugar público. ¿Cuál es el propósito de una norma así?", cuestionó.
"Tenemos un Congreso que intenta meterse por la ventana a la programación de TV Perú para vulnerar su autonomía e independencia y eso termina afectando el derecho a la información de la ciudadanía porque le están diciendo 'tú vas a ver esto obligatoriamente porque esto vamos a poner en la señal (…) Esto podría hasta vulnerar la neutralidad que debería tener un canal del Estado. Han dado una norma que los favorece a ellos mismos", dijo.
En comunicación con la presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, Marisol Castañeda, indicó que dicha disposición beneficia únicamente a los congresistas que buscan la reelección en 2026.
"Es una injerencia a la autonomía del IRTP. Transgrede los principios de independencia, de parcialidad en el proceso electoral. Esto es una publicidad encubierta de los 130 congresistas", resaltó.
Por otro lado, Castañeda criticó que el Congreso no haya dictado la ley de medios públicos, la ley de radio y televisión, a pesar de que hayan pasado más de 20 años sin emitir las disposiciones necesarias "que garantiza que no ocurran cosas como estas", en alusión a la disposición que aprobó el Parlamento en la ley de endeudamiento.
En tanto, indicó que las dos horas de transmisión del Pleno podría ser utilizado en trabajar campañas de salud mental, prevención de la violencia contra la mujer, en temas sociales "que realmente merecen el canal del Estado".
Sin embargo, Castañeda resaltó que con esta medida se está vulnerando la autonomía del IRTP. "Hoy día es este medio, mañana es otro", expresó. Luego alertó que esta norma se debería analizar porque podría considerarse como una publicidad estatal previo a las Elecciones 2026 y que puede beneficiar a ciertos congresistas en funciones.

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