
La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin) sufrió un hackeo que dejó al descubierto información sensible de carácter nacional. La filtración, realizada por el grupo Deface Perú, reveló datos personales de miles de agentes, planes de seguridad de la presidenta Dina Boluarte y expresidentes, así como seguimientos ilegales a periodistas.
Según informó el portal La Encerrona, el material fue liberado en un canal de Telegram y contiene más de 2 GB de documentos internos. Entre ellos figuran reportes sobre potenciales amenazas a jefes de Estado, registros de actividades de congresistas, información sobre agentes encubiertos y reportes vinculados a la lucha contra el terrorismo en el VRAEM.
Lo sucedido no solo puso en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la PNP, sino también la existencia de prácticas que afectan derechos fundamentales. Entre la información expuesta, se mostró cómo la Dirin llegó a catalogar a medios de comunicación y periodistas como "amenazas a la gobernabilidad", criminalizando la labor de la prensa.
Por su parte, la PNP emitió un comunicado confirmando el ataque y asegurando que se han tomado medidas de contingencia, aunque sin precisar el alcance de los daños ni las implicancias en la seguridad de los agentes expuestos.
Los Dirinleaks, como han sido catalogados los documentos, exponen planes de protección elaborados para Dina Boluarte y los expresidentes Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. En ellos se detallan las medidas de seguridad desplegadas en decenas de actividades oficiales, así como las amenazas detectadas.
La filtración también compromete a la propia institución: los hackers publicaron fotografías, números telefónicos, divisiones de origen y reasignaciones de miles de agentes, incluidos miembros de contrainteligencia que aún podrían estar operando como encubiertos. Esta revelación pone en riesgo operaciones vigentes y la seguridad de quienes trabajan en labores de alta sensibilidad.
Asimismo, se difundieron informes de inteligencia sobre congresistas y autoridades políticas, además de registros sobre la presencia de remanentes senderistas en el VRAEM, información de carácter reservado que ahora se encuentra expuesta en la red.
Uno de los aspectos más graves de la filtración es la confirmación de actividades de reglaje a periodistas. Documentos de la Dirin revelan que, desde 2017, hubo policías y compañías de seguridad privada que realizaron seguimientos a comunicadores, jueces y políticos vinculados a investigaciones sobre el caso Odebrecht y Lava Jato.
Los reportes también mencionan a medios críticos como Hildebrandt en sus trece y La Encerrona. En febrero de este año, la Policía registró como “actividad de inteligencia” la publicación de un reportaje del semanario. Asimismo, en junio de 2024, clasificó como amenaza la difusión del audio del entonces ministro Juan José Santiváñez, revelado por La Encerrona.
El director de este medio, Marco Sifuentes, fue señalado en documentos oficiales como un actor que “afecta la gobernabilidad” e incluso catalogado dentro de categorías vinculadas al crimen organizado. Esta criminalización de la prensa independiente confirma el carácter político de la inteligencia policial bajo el actual Gobierno.
En un comunicado, la Policía Nacional confirmó el hackeo y reconoció que la vulneración se detectó el 4 de septiembre en servidores de la Dirección de Inteligencia. Según la PNP, se activó un plan de contingencia que incluyó la suspensión de los servicios y la notificación a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
La institución señaló además que la Dirección de Ciberdelincuencia ha iniciado investigaciones para identificar y capturar a los responsables del ataque. En paralelo, la Dirin estaría trabajando en el restablecimiento de los servicios y en garantizar la seguridad de los agentes afectados.
Sin embargo, el comunicado no se pronuncia sobre los señalamientos de reglaje ni sobre los documentos que muestran cómo la Policía llegó a incluir a periodistas y medios de comunicación entre las supuestas amenazas a la seguridad nacional.

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