‘Chacal’ responderá ante la justicia por los crímenes de la base de Totos
Procesado. Es acusado de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de más de 30 personas en abril y mayo de 1983. Desde el 2010 se emitió la acusación fiscal y está pendiente para iniciar el juicio oral.
Aldo Todelano recuerda bien al capitán ‘Chacal’, quien en abril de 1983 se instaló con una patrulla del Ejército en el colegio del distrito ayacuchano de Totos, convirtiéndola en una base militar de horror y muerte.
“Santiago Picón Pesantes era el capitán ‘Chacal’. Siempre salía a la puerta de la base o a la plaza. Lo conocíamos bien”, cuenta Aldo, quien es presidente de la Asociación de Familiares de Afectados de la Violencia Política de Totos (ASAVIP).
Relata que a inicios de abril de 1983 llegaron los helicópteros y comenzaron a llamar a los comuneros que se corrieron asustados porque habían escuchado que los militares hacían detenciones.
“El capitán llamaba a la población para una reunión, diciendo que no iba a pasarles nada, pero cuando volvieron, comenzaron a llamar nombres con una lista y los hicieron quedar en la escuela”, rememora.
Días después hicieron un operativo en el que detuvieron a cuatro pobladores, entre los que estaban Julio Godoy Bellido y Marceliano Zamora Vivanco, argumentando que no habían ido a empadronarse. Ellos fueron asesinados y enterrados en una fosa en el paraje conocido como Ccarpaccasa. En el 2002, sus restos fueron exhumados, y luego de ser identificados, devueltos a sus familiares.
Aldo sigue viviendo en Totos y ha conversado con los familiares de los muertos y desaparecidos a manos de Picón Pesantes, quienes al enterarse de que ha sido detenido esperan al fin alcanzar justicia.
“Pedimos que de una vez se haga el juicio. La población de Totos ha esperado muchos años”, refiere.
Víctimas. Marceliano Zamora y Julio Godoy fueron detenidos y asesinados por la patrulla de 'Chacal'. Foto: difusión
Lo mismo demanda Mario Núñez, que tenía 18 años cuando su padre fue detenido por la patrulla de Picón Pesantes, a fines de mayo de 1983, junto a otras 14 personas durante un recorrido por diversas comunidades de Chuschi.
“Yo había perdido las esperanzas. Pensaba que nunca se iba a saber alguna novedad de este caso”, sostiene.
Su padre, Francisco Núñez Vilca, fue llevado por los militares a la comunidad de Catalinayoq para una reunión, pero nunca más volvió.
“En las exhumaciones que se hicieron en Sillaccasa, encontraron restos. Algunos fueron identificados y devueltos a sus familiares. Pero mi padre no”, señala Núñez, quien fundó la Asociación de Familias, Desaparecidos y Afectados por la Violencia Política de Quispillaqta (AFADAVP-Q).
Sin embargo, aún quedan otras fosas por trabajar, donde podría haber restos de personas de otras comunidades, pues pobladores de Totos han señalado que muchas veces llegaron helicópteros con detenidos que eran torturados en la base.
Exhumación. Una de las fosas donde estaban las víctimas. Foto: difusión
Proceso legal
Los crímenes de ‘Chacal’ fueron denunciados por primera vez por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el 2003, tras lo cual la Fiscalía inició investigaciones.
Son cinco casos de violaciones a derechos humanos cometidas en diferentes comunidades: Ccarpaccasa, Sillaccasa, Sancaypata, Totos y desaparecidos de Tuco. En total superan las 30 víctimas.
Por tener características similares y tener al mismo perpetrador, los dos primeros casos se acumularon en uno solo. Tras más de cinco años de diligencias, se emitió una acusación fiscal en setiembre del 2008, pero no se pudo iniciar el juicio oral porque Picón Pisantes estaba prófugo, hasta que el 4 de abril último fue detenido por el Depincri de Trujillo.
Germán Vargas, abogado de Paz y Esperanza, que ha acompañado a las víctimas, explica que las violaciones a derechos humanos cometidas por Picón Pesantes muestran un claro patrón contra la población civil.
Víctimas. Marceliano Zamora y Julio Godoy fueron detenidos y asesinados por la patrulla de 'Chacal'. Foto: difusión
“La actuación de ‘Chacal’ configura y constituye un claro ejemplo de lo que el informe final de la CVR llama prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de derechos humanos, perpetradas en ciertos lugares y momentos. En el primer semestre de 1983, en la zona de Ayacucho que él controlaba, realizó varios operativos que siguieron el mismo patrón: detención arbitraria de personas, tortura, ejecución extrajudicial y entierro en fosas clandestinas”, argumenta.
Los familiares esperan poder alcanzar la justicia por los abusos que sufrieron por parte de los militares, que en lugar de protegerlos del terrorismo de Sendero Luminoso, los persiguieron, los maltrataron y les quitaron a sus seres queridos.
