Régimen de Maduro sentencia a 30 años de cárcel a una médica por criticar al chavismo en un audio de Whatsapp

El régimen de Nicolás Maduro impuso una condena de 30 años de prisión a Marggie Orozco, una doctora de 65 años del estado Táchira, luego de que se difundiera un audio en un grupo de WhatsApp en el que cuestionaba al régimen chavista por la crisis del país e instaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de año pasado.

La decisión judicial fue emitida el 14 de noviembre por un tribunal penal, tras una denuncia presentada por una integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una organización vinculada al oficialismo. La sentencia se basó en acusaciones de traición a la patria, incitación al odio y conspiración.

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Advierten irregularidades en el proceso

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) y otras organizaciones señalaron que el proceso contra Orozco estuvo marcada por una serie de irregulaidades, entre ellas, la vulneración del derecho a la defensa y la falta de garantías judiciales básicas.

César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira, también confirmó la condena impuesta a Orozco y la describió como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”.

Por su parte, Amnistía Internacional, junto con otras instituciones independientes, ha documentado un patrón sistemático de represalias legales que busca desalentar cualquier manifestación de disidencia, incluso cuando se trata de opiniones compartidas en entornos privados.

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Los problemas de salud de la médica sentenciada

Marggie Orozco fue arrestada la noche del 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, una localidad andina cercana a la frontera con Colombia. Luego de su detención, fue llevada a una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Un mes más tarde, el 15 de septiembre, sufrió un infarto mientras permanecía en ese centro de reclusión y fue trasladada de urgencia al hospital central de San Cristóbal.

A pesar de su delicado estado de salud, las autoridades afines al régimen de Maduro la trasladaron después al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, sin atender adecuadamente sus necesidades médicas, según denunció su esposo, Luis Molina.  “Tiene problemas de corazón y depresión desde 2013. La reclusión la ha deteriorado aún más”, declaró a medios locales. Además, la doctora enfrenta un cuadro de depresión crónica debido a la pérdida de dos de sus hijos.

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La nula libertad de expresión en Venezuela

El caso de Marggie Orozco forma parte de una serie de hechos similares que se han registrado en Venezuela. Luego de las elecciones del 28 de julio, dos jóvenes emprendedoras, Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, fueron sentenciadas a 10 años de cárcel tras haber sido contactadas por un falso cliente que solicitó camisetas con mensajes críticos hacia el gobierno.

La petición fue realizada por un agente encubierto, lo que derivó en que ambas fueran acusadas de incitación al odio por un tribunal en el estado Mérida. Periodistas y defensores de derechos humanos han advertido que este tipo de montajes, conocidos como “falsos positivos”, buscan mostrar resultados en la persecución de delitos políticos y favorecer ascensos dentro de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House han señalado que persisten mecanismos sistemáticos de vigilancia, interceptación de comunicaciones y control de actividades en redes sociales, lo que genera un ambiente de vulnerabilidad para la privacidad y la libertad digital en el país.