
El gobierno de Estados Unidos inició un cierre parcial este miércoles tras el fracaso del Congreso para aprobar un presupuesto federal, una parálisis que deja sin salario a cientos de miles de empleados públicos, suspende servicios esenciales y amenaza con un impacto económico más severo que en episodios anteriores. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que 750.000 funcionarios enfrentan un desempleo técnico, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares. Mientras republicanos y demócratas se culpan mutuamente por el estancamiento, la administración Trump amenaza con despidos masivos permanentes.
"Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos (…) como despedir a una gran cantidad de personas", afirmó Donald Trump a periodistas en la Oficina Oval. Por su parte, los principales líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, acusaron en un comunicado conjunto que "Donald Trump y los republicanos cerraron los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense". El cierre ya afecta a la NASA, varios parques nacionales y embajadas, y podría ralentizar el tráfico aéreo nacional.
Analistas de la firma Nationwide calculan que cada semana de paralización podría reducir el crecimiento del Producto Interno Bruto en 0,2 puntos porcentuales. El último cierre, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, duró 35 días y la CBO estimó que redujo el PIB en 11,000 millones de dólares. No obstante, este episodio presenta riesgos inéditos. "Esto simplemente atropella a transeúntes inocentes", declaró Jared Bernstein, asesor económico de la Casa Blanca de Biden, a CNN. "No solo es una mala situación económica, ya que contribuiría a una tasa de desempleo que ya está en aumento, sino que es profundamente injusto".
La amenaza de despidos permanentes, a diferencia de las suspensiones temporales típicas, podría convertir este evento en un problema económico de mayor duración. Además, la interrupción retrasa la publicación de datos cruciales, como el informe mensual de empleo, lo que deja a la Reserva Federal y a los inversionistas sin información clave para tomar decisiones en un momento de fragilidad económica. Nathan Sheets, economista jefe global de Citigroup, advirtió a CNN que "interpretar los datos del mercado laboral ya es bastante complicado. Si no disponemos de los datos durante un periodo, estos desafíos se agravarían significativamente".
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Aproximadamente 750.000 trabajadores públicos se ven forzados a una suspensión laboral sin pago, según la CBO. Aunque los empleados esenciales, como los controladores aéreos y el personal de la TSA, deben continuar en sus puestos, lo harán sin percibir su salario hasta que se restablezca la financiación. La ansiedad se incrementa con la amenaza de la administración de convertir estas suspensiones en despidos definitivos. Dos sindicatos presentaron una demanda contra el gobierno por estas "amenazas ilegales", alegando en un tribunal federal que el uso de los trabajadores como "peones en las deliberaciones del Congreso debería ser declarado ilegal".
Los efectos se extienden más allá de Washington. Parques nacionales icónicos como el Gran Cañón cerraron sus puertas al público, lo que provoca grandes pérdidas en los ingresos del turismo para las comunidades locales. Theresa Pierno, presidenta de la Asociación de Conservación de Parques Nacionales, afirmó que el cierre "provocaría el despido de miles de empleados, reduciría los ingresos de millones de las comunidades que dependen del turismo en los parques y trastocaría los planes para innumerables visitantes". Mientras, programas de asistencia nutricional como WIC y SNAP continúan operando, pero su futuro depende de la duración de la paralización.
La crisis del cierre del gobierno también afecta a la embajada de EE. UU. en Perú, la cual anunció que sus redes sociales no se actualizarán con normalidad, salvo en casos de seguridad, pero aclaró que los trámites de visas y pasaportes continuarán funcionando mientras la situación lo permita.
El núcleo del conflicto reside en una disputa presupuestaria insalvable. Los republicanos propusieron extender la financiación actual, mientras que los demócratas exigían la restitución de cientos de miles de millones de dólares para el programa de seguros de salud Obamacare. A pesar de su mayoría en el Senado, el partido de Donald Trump no controla los 60 votos necesarios para aprobar leyes de gasto. El vicepresidente JD Vance, en una entrevista en "CBS Mornings", declaró: "No queremos despedir a nadie, pero lo que sí queremos es asegurarnos de que la mayor cantidad posible de servicios gubernamentales esenciales sigan funcionando. En cierto modo, nos tocó esta mano esa facción de demócratas del Senado que paralizó el gobierno".
Al cierre de esta edición, no existe un camino claro para resolver la crisis. El director de la Oficina de Presupuesto en la Casa Blanca, Russell Vought, ya ordenó a las agencias federales ejecutar sus planes para un "cierre ordenado". Con las elecciones legislativas de medio término en el horizonte de 2026, la presión para encontrar una solución aumenta, pero la brecha política entre las partes parece más ancha que nunca.

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