Cuando Sócrates fue condenado a la pena de muerte en Atenas en el año 399 a. C., tuvo la posibilidad de salvar su vida cumpliendo una pena diferente: el destierro, pero el famoso filósofo prefirió morir.
De haber optado por marcharse, el maestro de Platón se habría convertido en un apátrida, una condición a la que en las últimas semanas se le han sumado unos 300 opositores nicaragüenses.
La decisión adoptada por el presidente Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüense a 317 personas críticas con su Gobierno, tras declararles esta semana “traidores a la patria”, puede contravenir el ordenamiento jurídico internacional.
El exprisionero nicaragüense Víctor Manuel Sosa Herrera (derecha) habla en una conferencia de prensa junto a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava (izquierda). Foto: EFE
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), que entró en vigor en 1978 y fue firmada por 23 países, entre ellos Nicaragua, establece que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra” y “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”.
Fueron 222 presos políticos nicaragüenses que, tras haber sido liberados, fueron deportados a Estados Unidos este año. Además, un juez del régimen autoritario dispuso despojar de su nacionalidad a otras 94 personalidades.
La lista incluye a 22 periodistas, algunos integrantes de la intelectualidad nicaragüense, como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, religiosos, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios y activistas que estuvieron en las calles durante el levantamiento popular del 2018.
“El destierro es un duelo y, por ahora, estoy asimilando la situación para, desde otro frente, seguirle apostando a la libertad de Nicaragua”, contó al diario El Tiempo Yubrank Suazo, exreo que se encontraba detenido en la cárcel de máxima seguridad en Nuevo Chipote, sur de Managua, antes de ser expulsado de su país.
Entre quienes fueron despojados de la nacionalidad nicaragüense se encuentra también el obispo Rolando Álvarez, que el 9 de febrero se negó a ser desterrado a EE. UU., y, al día siguiente, fue condenado a más de 26 años y cuatro meses de prisión.
Según la información compartida por Distintas Latitudes, al menos 1.163 personas sufren actualmente esta pena en América Latina. En este panorama, la mayoría procede de Cuba.
Esta práctica ha sido común en la isla contra los opositores desde el triunfo de la revolución, en 1959. Solo entre 2015 y 2019, al menos 39 disidentes fueron expatriados forzosamente, de acuerdo con un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Hamlet Lavastida, un artista cubano que se vio forzado a exiliarse en Berlín luego de estar 87 días en prisión por sus ideas políticas, afirmó a AFP que el Gobierno de Cuba castiga de esta forma a sus opositores por "temor".
Artista cubano Hamlet Lavastida mira a través de una de sus obras. Foto: AFP
"Los artistas son los mejores embajadores de los derechos civiles, de los derechos culturales, de la libertad de expresión" y ese es "el gran temor" del Gobierno, indicó el artista de 38 años.
La administración del presidente Miguel Díaz-Canel acusa al artista y a otros activistas de formar parte de un plan diseñado y financiado desde Washington para provocar un cambio de régimen.
Incluso, el mandatario acusó a la embajada de Estados Unidos de "identificar y promover líderes, sobre todo jóvenes", y de "prepararlos en el extranjero" con esos propósitos.
Ruhama Fernández, youtuber, fue otra de las víctimas de expatriación forzosa en el país. "No dejé mi tierra, me obligaron a salir y fui escoltada hasta el mismo avión", escribió en Twitter, al llegar a Miami, a finales de octubre del año pasado.
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El destierro es una sanción que el régimen venezolano ha usado en varias oportunidades, siendo el caso más reciente el del exministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres, quien, luego de permanecer cinco años en prisión, fue expulsado a España.
El exilio forzado constituye una violación a los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano, explicó Milos Alcalay, exembajador de la Organización de las Naciones Unidas para Venezuela.
“Desterrar a un venezolano es un acto completamente arbitrario. Simplemente, no se le puede exigir a un ciudadano que abandone su país”, sostuvo Alcalay.
Unos de los casos más representativos es el del dirigente estudiantil Lorent Saleh, uno de los opositores jóvenes con mayor relevancia pública en Venezuela.
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Como líder de la Juventud Activa Unida Venezuela, en el 2011 encabezó una huelga de hambre frente a la sede caraqueña de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir la liberación de los presos políticos.
Posteriormente, en 2014, inició una campaña internacional en Colombia para denunciar las violaciones de derechos humanos en su país, hasta que fue detenido por las autoridades migratorias y entregado a Venezuela, desde donde fue desterrado a España.
Saleh no ha sido el único. Vilca Fernández, también dirigente estudiantil, fue a prisión por publicar un tuit sobre el diputado Diosdado Cabello. El Estado venezolano lo expulsó a la fuerza y el 14 de junio del 2018 lo enviaron a Perú.
Gabriel San Miguel y Francisco Márquez Lara, dirigentes de Voluntad Popular, tiene casos similares tras ser detenidos el 19 de junio de 2016 bajo la imputación por legitimación de capitales e instigación pública. A ambos los obligaron a irse a España.