Extorsiones se disparan 20% en Perú: miles de bodegas y pequeños negocios destinan hasta 10% de sus ingresos en seguridad, según estudio

Las extorsiones continúan expandiéndose en el Perú y ya no son un problema exclusivo de Lima. Durante todo el 2025 se registraron 26.748 denuncias por este delito, lo que representa un incremento del 20% respecto al mismo periodo de 2024, según el balance realizado por el Ministerio del Interior (Mininter). El avance de las organizaciones criminales afecta cada vez más a comerciantes, transportistas y microempresarios, quienes enfrentan amenazas constantes para seguir operando.

Las regiones que registraron los mayores aumentos de denuncias fueron Tumbes (91%), Madre de Dios (105%), Puno (57%), Ayacucho (43%), Piura (30%) y Lima Metropolitana (38%). Aunque algunas regiones muestran incrementos más pronunciados, la capital sigue concentrando la mayor cantidad de casos, pues el año pasado alcanzó 11.248 reportes por extorsión debido a su intensa actividad económica y alta densidad poblacional.

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Pagar para trabajar

Uno de los mecanismos más utilizados por las bandas criminales es el cobro de cupos, una práctica que consiste en exigir pagos bajo amenazas de violencia. Según un análisis realizado por la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), las exigencias pueden ir desde montos diarios de entre S/2 y S/15 hasta pagos únicos que alcanzan los S/20.000. Estos recursos sirven para financiar otras actividades ilícitas, adquirir armamento y ampliar el control territorial de las organizaciones criminales.

Las micro y pequeñas empresas son las más vulnerables frente a esta modalidad delictiva. De acuerdo con Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, los negocios con atención directa al público, como panaderías, farmacias, bodegas, restaurantes y talleres, se encuentran entre los principales objetivos de las organizaciones criminales. Como consecuencia, muchos emprendedores destinan hasta el 10% de sus ingresos mensuales a implementar medidas de seguridad, como cámaras de vigilancia, rejas y servicios de protección privada.

Al respecto, Gustavo Meza, economista de REDES, explicó que los negocios en el Perú están más expuestos que las grandes corporaciones. "Las pequeñas empresas son autoadministradas por los propietarios. Ellos mismos son los dueños y venden de cara al público. Entonces, es más fácil que puedan ser víctimas de la inseguridad ciudadana porque no cuentan con respaldo económico para tener un equipo de seguridad que les brinde protección", sostuvo el especialista en conversación con La República.

Además del impacto económico inmediato, los especialistas advierten que la extorsión desalienta la inversión, limita la generación de empleo y afecta el crecimiento de los negocios. Cuando los recursos deben destinarse a protegerse de la delincuencia, se reducen las posibilidades de expandirse, contratar personal o mejorar la producción, ya que hasta las horas de trabajo se ven reducidas. "El 10% de los ingresos destinados a seguridad implica que los negocios empiecen a gastar en cámaras de seguridad, rejas, vigilancia privada y en sistemas de monitoreo. Inevitablemente, dejas de invertir y este monto pasa para otras actividades", lamentó Meza.

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Miedo que se impone

Bajo este panorama, Gustavo Meza advierte que en muchas ocasiones los negocios cierran no únicamente por la reducción de sus ingresos, sino por el miedo a las represalias contra los empresarios o sus propios familiares. "Muchos intentan seguir operando, pagan lo que les estén cobrando; otros reducen sus operaciones, es decir, cierran sus locales más temprano, eliminan sus zonas de reparto, dejan de aceptar clientes o paralizan proyectos de expansión. En el caso más grave, optan por mudarse a otra ciudad, cambian de actividad o cierran definitivamente", sostuvo.

Asimismo, las extorsiones en los pequeños negocios pueden llegar a afectar a la clientela o a los productos finales. Meza explicó que el pago que los propietarios hacen a las organizaciones criminales provoca un efecto en cadena que propicia el incremento del precio de los servicios. "Hubo paro de transportistas hace unos meses, donde varios colocaban carteles que mencionaban el aumento de pasajes por la inseguridad ciudadana. Esto también afecta a los usuarios", precisó como ejemplo de lo que también afrontan las micro y pequeñas empresas.

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Deficiencias y tendencia regional

El problema también evidencia deficiencias estructurales. Un diagnóstico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos identificó factores que favorecen el crecimiento de este delito, entre ellos la débil regulación de la comercialización de armas de fuego, la falta de peritos especializados fuera de Lima, la vulnerabilidad de los datos personales y la corrupción dentro de algunas instituciones públicas.

La situación peruana forma parte de una tendencia regional. En Ecuador, las denuncias por extorsión pasaron de 1.616 casos en 2019 a más de 23.000 en 2024. En Colombia, este delito aumentó un 70% entre 2014 y 2023, mientras que en México se registran actualmente 32 víctimas de extorsión al día.

Medidas para mitigar las extorsiones

Especialistas coinciden en que combatir este fenómeno no solo es una tarea vinculada a la seguridad ciudadana, sino también una condición indispensable para proteger la actividad económica. La reducción de la delincuencia permitiría mejorar las condiciones para emprender, generar empleo y recuperar la confianza de quienes invierten y trabajan en el país.

Meza advierte que, si el Estado destina mayores recursos para enfrentar la inseguridad ciudadana, el presupuesto en otros sectores quedaría limitado. "Se debe analizar qué es lo que se cortará para priorizar la lucha contra el crimen organizado (...) si las empresas venden menos, hay menor recaudación para el Estado. No solo afecta a los negocios, sino también a todos los programas", sostuvo.

En ese contexto, el especialista resaltó que para disminuir las extorsiones primero se tiene que atacar el brazo financiero de la propia organización criminal. Sin embargo, mientras no haya una respuesta concreta del Estado, este delito seguirá marcando la economía en la región.

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