Secuestran barcaza petrolera con 10.500 barriles en río de Loreto y exigen S/2 millones por rescate
El suceso ocurrió el 12 de abril en el río Corrientes, cuando un grupo armado interceptó un convoy fluvial. RICSA aseguró que siete trabajadores sufrieron agresiones y ahora están bajo amenaza por sus captores.
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La empresa RICSA denunció el secuestro de siete de sus trabajadores y la retención de una barcaza petrolera que transportaba 10.500 barriles de crudo en el río Corrientes, en el distrito de Trompeteros en la región Loreto. Según la compañía, los responsables exigen el pago de S/2 millones para liberar tanto al personal como a la embarcación.
El hecho ocurrió el pasado 12 de abril, alrededor de las 5.20 a. m., cuando un convoy fluvial fue interceptado violentamente por unas 25 personas a bordo de botes en las inmediaciones del centro poblado de Providencia. De acuerdo con la denuncia, los tripulantes fueron obligados bajo amenazas a desviar su ruta hacia el puerto de la comunidad.
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La operación fue interrumpida cuando los manifestantes forzaron el abandono de la barcaza Pacífico XIX, que transportaba el petróleo crudo, y trasladaron el remolcador Coseda I hacia una zona controlada por la comunidad. Según Paúl Vigo, gerente de operaciones de RICSA, los trabajadores tuvieron que ceder el control de la maquinaria tras recibir agresiones físicas y verbales.
Exigen millonario rescate
La empresa formalizó denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la Fiscalía Provincial Penal de Nauta. Además, señaló que los siete trabajadores permanecen privados de su libertad y estarían sufriendo afectaciones psicológicas y vulneración de sus derechos laborales.
RICSA identificó entre los principales responsables a Manuel Peraza Sandi, apu de la comunidad de Providencia; al teniente gobernador Gary Peraza Valera; y al presidente de la federación, Isaías Saboya Mayanchi. Según la empresa, existen audios en los que se condiciona la liberación del convoy y del personal al pago en efectivo de S/2 millones.
La compañía aseguró que no accederá a negociar bajo mecanismos de presión ilegal y sostuvo que sus activos están siendo retenidos con fines de enriquecimiento personal.
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Advierten riesgo ambiental
RICSA también alertó que la retención del crudo sin supervisión técnica representa un peligro para el ecosistema del río, ya que la manipulación de la barcaza por personas no capacitadas podría provocar un desastre ambiental.
Asimismo, indicó que la paralización de las operaciones afecta el abastecimiento energético de la zona y detiene el flujo del canon petrolero que corresponde a la región Loreto.
La empresa informó que la Capitanía de Puerto de Iquitos y la IV Macro Región Policial de la PNP fueron notificadas desde el 17 de abril para ejecutar una intervención inmediata, por lo que exigió la liberación del remolcador Coseda I y la detención en flagrancia de los responsables. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones preliminares por un presunto caso de criminalidad organizada.
