Bloqueo a la Marcha del Orgullo 2026: comunidad LGBTQ exige a la MML respuesta urgente por permisos y rutas
El vocero del colectivo denuncia el silencio de la comuna, señalando que esto refleja una discriminación sistemática y obstaculiza la planificación del evento, vulnerando el derecho a la reunión pacífica.
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La comunidad LGBTQ ha solicitado a la Municipalidad Metropolitana de Lima un pronunciamiento inmediato sobre la realización de la Marcha del Orgullo 2026, ante la falta de respuesta al pedido presentado por el colectivo organizador desde noviembre de 2025.
Según el grupo, ya se iniciaron los preparativos del evento y se presentaron incluso dos propuestas de recorrido, además de solicitar reuniones de coordinación con la comuna. Sin embargo, el único comentario recibido hasta ahora indica que el documento se encuentra “en evaluación”.
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Congresistas piden a la MML transparencia
Las parlamentarias Susel Paredes y Ruth Luque emitieron pronunciamientos respaldando al colectivo LGBTQ. Paredes requirió precisar el estado actual del expediente administrativo a la MML, incluyendo las áreas involucradas, acciones realizadas y decisiones adoptadas desde su presentación. Asimismo, pidió sustentar las razones jurídicas y administrativas detrás de la demora. En paralelo, Luque formuló un pedido similar, insistiendo en la necesidad de una respuesta oportuna por parte de la comuna.
A través de oficios dirigidos al alcalde Renzo Reggiardo, ambas legisladoras demandaron información detallada sobre las razones que explican la ausencia de una respuesta formal respecto a la solicitud de rutas y permisos para la movilización, considerada la más grande del país y que se realiza desde hace más de dos décadas.
Denuncian presunta discriminación
El vocero del colectivo, Jorge Apolaya, cuestionó la falta de respuesta y señaló que esta situación obstaculiza la planificación del evento. “Esto evidencia una homofobia municipal que viene desde la gestión de Rafael López Aliaga. No es posible que durante cinco meses una carta no sea respondida”, sostuvo.
Asimismo, indicó que el trámite permanece estancado en la Subgerencia de Movilidad Urbana y denunció trabas burocráticas recurrentes cada año. En esa línea, advirtió que esta omisión vulnera el derecho a la reunión pacífica, al considerar que ningún procedimiento administrativo puede estar por encima del derecho a la manifestación.
De acuerdo con el marco constitucional, los derechos de reunión, expresión e igualdad están protegidos, mientras que los estándares internacionales obligan a las autoridades a garantizar la realización segura y efectiva de movilizaciones, especialmente de grupos históricamente discriminados.
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