Tres atentados al transporte en una noche dejan dos choferes y un pasajero asesinados en Lima: ''La gente ya se cansó''
Los ataques contra transportistas fueron reportados en Cercado de Lima, Comas y San Juan de Miraflores. Dirigentes evalúan un nuevo paro tras la violencia vinculada al cobro de cupos en el sector.
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La violencia contra el transporte público en Lima cobró nuevas víctimas la noche del miércoles 15 de abril. Un ataque armado contra una cúster de la empresa conocida como “Los Moraditos”, en Barrios Altos, dejó dos personas fallecidas: el conductor de la unidad y un pasajero.
El hecho ocurrió en la intersección del jirón Huari con Centro Escolar, en el Cercado de Lima. De acuerdo con testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y, sin mediar palabra, dispararon directamente contra la cabina del conductor.
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Como consecuencia del ataque, el chofer, identificado como Óscar Francisco Mucha Valle, murió en el lugar. En tanto, un pasajero que resultó gravemente herido fue trasladado a un hospital cercano; sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento.
El crimen generó escenas de pánico entre los pasajeros y vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades. La Policía Nacional acordonó el área e inició las diligencias para dar con los responsables, sin descartar que el atentado esté vinculado a redes de extorsión que operan en el sector transporte.
Ataques en cadena contra transportistas
Este doble homicidio no es un hecho aislado. Ese mismo día, en Comas, Christian David Llagas Maque, un joven conductor de 19 años fue baleado dentro de su combi mientras dejaba pasajeros en un paradero ubicado en la avenida Belaúnde, cruce con Túpac Amaru.
Según las investigaciones preliminares, el atacante se hizo pasar por pasajero y, una vez dentro del vehículo, disparó repetidas veces contra el chofer antes de huir en una motocicleta junto a un cómplice. La víctima fue trasladada al hospital Sergio E. Bernales con traumatismo encéfalo craneano severo, donde finalmente falleció.
A este caso se suma otro atentado registrado en San Juan de Miraflores, donde el conductor de la empresa “Los Rojitos”, identificado como Jhon Eddy Huamán Mamani, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos mientras conducía su unidad.
El chofer fue evacuado de emergencia al Hospital María Auxiliadora con impactos de bala en la pierna y el pulmón. De acuerdo con la Policía, los atacantes también se movilizaban en una motocicleta y dispararon directamente contra la cabina antes de huir.
PUEDES VER: Asesinan a chofer de cúster de Los Moraditos en Barrios Altos: pasajero también falleció tras ataque
Inseguridad sigue en aumento: ¿habrá nuevo paro?
Las autoridades no descartan que estos atentados respondan a un patrón vinculado al cobro de cupos, una modalidad delictiva que viene golpeando con fuerza al transporte público en Lima. Mientras tanto, transportistas exigen medidas urgentes ante el incremento de la violencia que pone en riesgo tanto a conductores como a pasajeros.
La República consultó con los principales dirigentes del sector sobre la posibilidad de un nuevo paro en respuesta a la situación que viven. Walter Carrera, de Asotrani, indicó: ‘‘La verdad los paros que realizamos no han servido de nada, el Gobierno nos llama y luego se olvidan. Lo que están pensando es en armarnos y responder de la misma manera, contratar nuestra propia seguridad en los terminales o vehículos’’. Agregó que ‘‘la gente ya se cansó’’. Por su parte, Julio Campos afirmó que los gremios están evaluando la medida de fuerza ante los últimos hechos violentos.
Más de 2.000 denuncias por extorsión no figuran en registros de la PNP durante el primer trimestre de 2026
Un marcado desfase entre las cifras de la Policía Nacional y el Ministerio Público vuelve a poner en cuestión la real dimensión del delito de extorsión en el país. Entre enero y marzo de 2026, la PNP reportó 3.891 denuncias en el sistema SIDPOL, mientras que el Ministerio Público registró 5.966 casos en el mismo periodo.
La diferencia asciende a 2.075 denuncias que no aparecen en los registros policiales, lo que representa un desfase superior al 50% entre ambas instituciones, según advirtió el analista de datos Juan Carbajal en su cuenta de X.
Esta brecha estadística se suma a la denominada “cifra negra” —los delitos que no son denunciados— y evidencia un subregistro que podría afectar seriamente las estrategias de lucha contra la extorsión. Carbajal advirtió que esta distorsión en los datos no solo limita la capacidad de respuesta del Estado, sino que también genera una percepción errónea sobre la evolución real de este delito.
En ese contexto, las cifras contrastan con reportes oficiales que señalan una presunta disminución de las extorsiones, lo que, a la luz de estos datos, no reflejaría con precisión la situación que se vive en el país.
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